La hipocresía de muchos médicos, de sus instituciones y de otras organizaciones es alarmante

October 14, 2019, 9:00 pm

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Artículo de Luis Escribano

¿Cuánto cuesta comprar la “deontología” de un médico en Andalucía?

¿No es hipocresía cobrar productividades por cumplir objetivos que anteponen intereses diferentes a los de la salud del paciente?

¿Por qué la sociedad, con datos irrefutables, calla ante tanta hipocresía? ¿Y por qué las asociaciones más “representativas” de los usuarios lo silencian?

El pasado 31 de julio, el diario digital “Redacción Médica” publicaba la siguiente noticia: La CEOE plantea a los médicos dar menos bajas y estos aclaran: "Es ilegal".

En dicha noticia se indica que Francisco José Sáez Martínez, responsable del grupo de trabajo de Salud Laboral de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha manifestado que "Es una petición reiterada de la CEOE que se repite todos los años. Legalmente no es posible, ya que el contacto entre empresas y médicos del SNS debe establecerse a través de la Inspección Médica". Igualmente se indica como Sáez ha explicado que "cualquier duda sobre el trabajo de los médicos del SNS debería basarse en estudios claros, líneas compartidas de actuación, la eliminación de barreras diagnósticas, la prevención laboral activa y no en “matar al mensajero”(en este caso el médico de familia)".

Por otro lado, la Comisión Deontológica del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos manifiesta en la Revista que edita dicho Consejo que “Nuestro Código de Deontología Médica, de obligado cumplimiento para quienes ejercen la profesión, dentro de los principios generales, establece que "la principal lealtad del médico es la que debe a su paciente y la salud de éste debe anteponerse a cualquier otra conveniencia (art. 5.3)".

Lo sorprendente del asunto es que ni la SEMG ni ninguna otra sociedad médica, ni los Colegios Oficiales de Médicos, ni las asociaciones de Consumidores y Usuarios más representativas que están en los Consejos de Salud y Comisiones de Participación Ciudadana (tienen representación en todos estos órganos de la Junta de Andalucía, cobrando en muchos casos por asistir a sus reuniones: listado de órganos), ni ningún partido político, han criticado públicamente los “perversos” objetivos establecidos en el Contrato Programa de 2019del Servicio Andaluz de Salud, uno de ellos sobre el absentismo laboral, objetivos establecidos por el Gobierno andaluz a los centros sanitarios de Andalucía que, de cumplirse, se traducirían en dinero para los médicos que lo cumplan.

El Contrato Programa -dice el SAS- es el instrumento de que se dota la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud para establecer las actividades a realizar por sus centros, los recursos de que éstos dispondrán, así como el marco y dinámica de sus relaciones para el año 2019. Asimismo dice que “Las líneas estratégicas para la mejora de nuestro sistema de salud, en los próximos años, se sustentan en cuatro pilares, siendo el primer pilar el paciente: “Debe ser, de verdad, el centro de nuestra actuación y participar  de una forma más activa en la mejora del sistema”.

Dicho Contrato Programa establece unos objetivos concretos, de manera que los profesionales sanitarios cobrarán más o menos productividades en función del cumplimiento de dichos objetivos. Por ejemplo, un Director de una Unidad de Gestión Clínica de Atención Primaria puede cobrar al año como CRP (Complemento de Rendimiento Profesional) si cumple con todos los objetivos un máximo de 14.000 euros, y un Médico de Familia puede cobrar 6.000 euros (datos extraídos de la Resolución 0054/19, de 14 de agosto, del SAS). ¿Reciben presiones algunos médicos en los centros sanitarios, no sólo de sus jefes, sino de sus propios compañeros para cumplir con los objetivos establecidos a cada centro? En caso afirmativo, ¿denuncian esas presiones?

Y mientras tanto, los gestores políticos venden a los ciudadanos que el pilar básico es el paciente, y muchos de ellos les compran ese discurso, y siguen votando a ciegas a los partidos, o simplemente porque se benefician con alguna dádiva (por ejemplo, el conocido “colócame a mi niño”).

Son muchos los objetivos indicados en el Contrato Programa de 2019 que se distancian de lo indicado por la citada Comisión Deontológica, “...la salud de éste -el paciente- debe anteponerse a cualquier otra conveniencia”.

¿Han visto ustedes a los médicos, ya sea individualmente (salvo algunos), o a través de sus magníficas Sociedades Científicas y Colegios Oficiales, poner el grito en el cielo por dichos objetivos, donde en un 30 % pesa lo económico? ¿Cuántos médicos han firmado la renuncia a dichos incentivos económicos para poner a los pacientes por delante de “cualquier otra conveniencia”?¿O el código deontológico sólo es obligatorio según convenga, por ejemplo, para machacar a quien denuncia esa hipocresía -dixit Spiriman o Jesús Candel-?

Hoy traigo uno de esos objetivos como ejemplo: el absentismo laboral, aunque hay muchos más, como la prescripción de medicamentos por principio activo (que tiene que superar un porcentaje del total, para cobrar los incentivos), que obliga a los farmacéuticos a entregar los medicamentos de subastas, otro engaño del SAS y Consejería de Salud, que por un lado venden a los ciudadanos que ya se han abandonado las subastas, pero por otro lado incentiva económicamente a médicos para que prescriban por principio activo.

Que hay trabajadores que abusan de las bajas por enfermedad y cometen fraudes es conocido por muchos españoles, y por tanto es lógico que se luche contra dicho fraude. Pero que se establezca un porcentaje máximo a cumplir de bajas laborales (ILT) y se incentive económicamente no tiene nada que ver con luchar contra el fraude, ni tampoco la salud del paciente se está anteponiendo a otras conveniencias. ¿Por qué tienen que pagar con su salud los trabajadores enfermos, a veces provocado por los empresarios y la nula política de prevención de riesgos laborales aplicada por los gestores políticos?  

Aquí les dejo con dos imágenes del Contrato Programa de 2019, con dichos objetivos y la explicación de cómo se mide:

En la población general, se establece como meta que las ITL no superen el 3%, y para los profesionales sanitarios se establecen otras metas con otros cálculos, y todo se incentiva económicamente, sin importar la salud de los trabajadores. Como pueden comprobar ustedes en las redes sociales, no se han publicado críticas a esos puntos del Contrato Programa del SAS.

Llegados a este punto, me pregunto: ¿cuánto cuesta comprar la “deontología” de un médico en Andalucía?

¿No es hipocresía cobrar productividades por cumplir objetivos que anteponen intereses diferentes a los de la salud del paciente-trabajador? ¿Y no es mayor la hipocresía de los partidos políticos, cuya función debería ser siempre la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y no la de sus intereses electorales? ¿Y las Sociedades Médicas, una de las cuales -SEMG- critica a la CEOE por su planteamiento diciendo que es ilegal, y nada dicen sobre el Contrato Programa del SAS? Y las asociaciones de Consumidores y Usuarios, que tanto se les llena la boca de defender a los ciudadanos, ¿no denuncian públicamente todas estas aberraciones? ¿Acaso lo hacen por puro oportunismo como potenciales beneficiarios de subvenciones y demás prebendas?

Con estos datos irrefutables, uno se pregunta por qué la sociedad calla ante tanta hipocresía. Los partidos políticos tratan a los ciudadanos como borregos que envían al matadero, y a pesar de todo siguen defendiendo a los partidos y otorgándoles sus votos.

Cuando las personas tienen una fuerte necesidad interior que les empuja a asegurarse de que sus creencias, actitudes y su conducta son coherentes entre sí, llegando al autoengaño, el problema alcanza tintes psicológicos, y tiene un nombre científico: disonancia cognitiva. Busquen su significado, y entenderán a qué me estoy refiriendo.

El próximo domingo 20 de octubre, miles de ciudadanos saldrán una vez más a las calles de Granada para manifestar lo que piensan de la corrupción política, sanitaria y judicial, que como bien saben, es sistémica. ¿Irán todos los médicos, o los “idiotes”simplemente tirarán de la cadena con el código deontológico dentro?

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La Junta de Andalucía prefiere vender propiedades antes que eliminar los alquileres de sus sedes

October 16, 2019, 9:00 pm

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Artículo de Antonio Barreda

El afán privatizador de este nuevo gobierno andaluz no tiene límites en cuanto a su voracidad. Falto de sedes para la propia Junta de Andalucía, se ha visto estos días de mudanzas de sedes oficiales por el capricho del vicepresidente Juan Marín, se lanza a vender inmuebles propiedad de todos los andaluces, prefiriendo enajenar edificios antes que rescatar o que eliminar los caros alquileres que pagan a un fondo de inversión de Estados Unidos desde que el anterior gobierno del PSOE hipotecó muchos de los edificios de la Junta de Andalucía.

En diciembre de 2014 la Junta de Andalucía enajenó entonces 70 edificios públicos de su propiedad por 300 millones de euros a la gestora de fondos WP Carey Inc, a través de su filial en España Inversiones Holmes. En la misma operación de venta, se acordó el arrendamiento de los inmuebles por un plazo de 20 años. La Junta nos decía que abonaba por este alquiler 23,1 millones de euros anuales. Inversiones Holmes S.L. que se hizo con el lote de los 70 edificios de la Junta se constituyó tan sólo 17 días antes de que se le adjudicara el contrato con un capital social de 3.000 euros, y tenía a Citco Corporate Management – Madrid – S.L. como socio único. Diez días después de su constitución, el fondo de inversión inmobiliario norteamericano WP Carey, que hizo la primera propuesta de compra a la Junta, adquirió el 100% de su capital.

En enero de 2017, la Cámara de Cuentas de Andalucía, en un informe de fiscalización advertía de que la Junta de Andalucía había hecho un mal negocio con la venta de sus edificios. La Cámara de Cuentas indicaba que, al vender los 70 inmuebles por 300 millones de euros, el “valor neto actual de los flujos de caja”del periodo comprendido entre 2015 y 2034 serían 377,41 millones de euros, “generándose una pérdida de 77,41 millones de euros”. Además, la pérdida es aun mayor tal y como indica la Cámara: “Si se considera la pérdida del valor residual de los terrenos en términos de coste de oportunidad, estimada en 116,53 millones, la pérdida ascendería a 131,73 millones de euros”. Además, indicaba la Cámara, de encarecer el alquiler que pasó de 23,1 millones de euros en 2014 a 27,8 millones al finalizar el año, lo que representa un aumento del 20,6%.

La operación final se alejaba bastante de los 800 millones de euros de los que se llegó a hablar en 2011, cuando la Consejería de Hacienda intentó por primera vez vender un lote similar de inmuebles. Para la empresa de fondos de inversión norteamericana la operación es altamente rentable, ya que alquilaba los edificios que ya ocupa la Administración de la Junta de Andalucía por una renta acumulada en 20 años de 660 millones de euros. El alquiler que pagaba la Junta de Andalucía de 23,1 millones de euros tan solo fue el primer año, ya que en los posteriores se le añadía el IPC y el IVA correspondiente.

La Junta de Andalucía saca a subasta edificios, pisos y garajes.

En el Boja del pasado viernes 11 de octubre salía la Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anunciaba la enajenación de diversos inmuebles propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante subasta convocada por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

En la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía se señala en el Pliego de Condiciones Particulares que “serán objeto de este contrato la enajenación de los inmuebles relacionados en el Anexo nº 1 al presente Pliego, sitos en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía, anotados de alta en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía con carácter patrimonial, y declarados alienables por Resoluciones de 8 de octubre de 2019 de la Dirección General de Patrimonio, conforme a la documentación obrante en el expediente”.

Por otro lado, se indica que los inmuebles sitos en Plaza del Campo Verde, núm. 2 de Granada, y Paseo de Reding núm. 20 de Málaga (Palacio de la Tinta), incluidos en la subasta, se encuentran a la fecha ocupados por personal al servicio de la Administración y pendientes de su próximo desalojo; a desafectar y declarar alienables dichos inmuebles se adoptará una vez desalojados y con carácter previo a la Resolución por la que se acuerde la enajenación, aunque la legislación de la propia Junta le posibilita la posibilidad de sacarlos a subasta.

El listado de bienes para la subasta es el siguiente:

Algunos de estos inmuebles fueron el pago del gobierno de Zapatero por la deuda histórica. Conviene recordar que el acuerdo final de su pago ascendía en total a 1.204,41 millones, de los cuales el Estado ya abonó otro 420,20 en dos pagos realizados en 1996 y en 2008: en el primero la Junta percibió 120,2 millones y en el segundo 300 millones de euros. Los 784 millones de euros pendientes de pago de los 1.204 de esta partida se liquidaron el 1 de junio de 2010, a través de la transmisión de la empresa Agesa, sociedad que gestiona los activos de la Expo 92 y otros terrenos en Sevilla, y suelos en 8 parcelas urbanas en el Toyo I y terrenos en El Toyo II almerienses, solares en Cádiz, el municipio gaditano de San Fernando, Granada, Almería y Jaén; parcelas en Granada y Sevilla, así como el edificio de Correos de Málaga, tasándose este entonces este edificio en unos 30 millones de euros.

Recordemos que, en 2009, en el Parlamento de Andalucía, respecto de la deuda histórica, Arenasreprochó que la consejera de Economía fuera a Madrid a “mendigar solares” y anunció que recurrirá a los tribunales. “De haber sabido que el consenso se convertiría en una traición, nunca habríamos respaldado el Estatuto”, dijo entonces la popular Esperanza Oña durante la defensa de la iniciativa de reprobación. Diego Valderas aseguró que jamás se habló de cobrar la Deuda Histórica en especie durante la reforma del Estatuto de Autonomía.

En septiembre de 2018 la Junta de Susana Díaz activaba la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga (PGOU) para que la finca del edifico de Correos de Málaga deje de tener una calificación como equipamiento público de carácter local y un uso de servicio de interés público y social, y pasara a ser para el servicio terciario hotelero. Este cambio de uso también requiere de una compensación obligatoria a la ciudad por la pérdida de un espacio dedicado a un fin público o de interés general.

El precio que tenía el edificio de Correos de Málaga, cuando se transfiere a la Junta de Andalucía como pago de la deuda histórica, se tasó entonces en 30 millones de euros. El actual gobierno de la Junta hace unos meses decía que pensaba subastarlo por no menos de 20 millones de euros. Sin embargo, el precio que se estipula para la subasta de este es de tan solo 16,8 millones de euros. Casi la mitad de su valor al ser traspasado a la entonces Junta de Andalucía, con lo que lo andaluces se quedan, en precio de salida, sin 14 millonesdel valor del entonces edificio de parte del pago de la deuda histórica.

Por otro lado, el Palacio de la Tinta, en el centro de Málaga, es un edificio histórico de influencia francesa que data de 1908 y tiene un grado de protección arquitectónica de grado I por su valor. En sus inicios fue sede de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces y, más tarde, de la Confederación Hidrográfica del Sur hasta que sus competencias pasaron a la Junta de Andalucía. En 2008, con motivo de su centenario, se acometió una rehabilitación considerable, siendo entonces sede de la Cuenca Mediterránea Andaluza.

Según indica el BOJA y la propia Plataforma de Contratación, “está ocupado por personal de la Administración y pendientes de su próximo desalojo”. Algunos grupos de inversión interesados en este palacio pensaban pasarlo a hotel o a destino residencial, estaban dispuestos a ofrecer hasta 15 millones de euros por el inmueble antes de la subasta, mientras que el valor con el que sale a subasta es de 12,54 millones de euros, según se indica en el anexo I de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía. Otra pérdida de dinero.

También podía la actual Junta de Andalucía adecuar alguno de los edificios que vende de la antigua Expo´92 de Sevilla – de lo que fue AGESA - y dejar de pagar así el elevado alquiler del edificio que ocupa la actual consejería de Empleo, por ejemplo, que no entra en los edificios que se enajenaron al fondo de inversión norteamericano WP Carey. Algunas de las Agencias Públicas de la Junta y Consejerías están en edificios de la antigua Expo´92 y dado que sacan a subasta en la misma Isla de la Cartuja tres edificios como son el Pabellón de Turquía, el Pabellón de Israel y el Pabellón de Austria, podían adecuar alguno de ellos como sede administrativa de la Junta para aliviar la elevada carga de los pagos de alquileres.

La Residencia de Tiempo libre de Cádiz, otro crimen sin castigo.

El entonces Instituto Social de Tiempo Libre del Ministerio de Trabajo decidió levantar en el solar de lo que era la piscina municipal de Cádiz, lo que sería la Residencia de Tiempo Libre, ejecutado por la Obra Sindical de Educación y Descanso entre 1975 y 1977 un edificio de turismo social, cuyo arquitecto fue Miguel Martínez de Castilla, que lo ideó como un centro para que las familias con menos recursos pudieran veranear en la llamada milla de oro de Cádiz, en la playa de la Victoria, la mejor playa de ciudad de toda Europa. Diversos retrasos hacen que la inauguración sea en 1981. En la estructura exterior del edificio predomina lo metálico en seis alturas, y las 180 habitaciones – con 450 camas - dan todas al mar.

En los tres meses de verano pasaban por ella unas 7.000 personas, y cerraba sus puertas cada año tan solo dos meses, llegando a tener hasta 180 trabajadores en plantilla en las puntas de verano. En sus instalaciones se celebraban numerosos congresos y actos de diferentes colectivos sociales y entidades, y hasta, a veces, servía de realojo provisional para familias muy necesitadas. La gestión de las habitaciones de la residencia – como en el conjunto de las residencias de Tiempo Libre en Andalucía - tenía un peso principal entre UGT y CC.OO. que se repartían el 70 % de las plazas, cobrando el 20% en concepto de gestión, y el restante 30% lo tenía la propia Junta de Andalucía.  Un modelo de gestión que terminó cuando el sindicato CSIF llevó hasta el Supremo su denuncia sobre la misma y el T.S. confirmaba las tesis de este sindicato, y declaraba nulos los artículos 7 y 12.3 b) del decreto 15/1.999, de 2 de febrero por el que se regula el uso, participación y gestión de la red de residencias de tiempo libre pertenecientes a la Junta de Andalucía, por entender que el mismo vulnera el derecho a la libertad sindical en condiciones de igualdad.

Pronto llegaría la herida mortal para la residencia. Un foco de legionella detectado en noviembre de 2007 dio con su cierre definitivo, mientras la Junta anunciaba una obra integral de remodelación del edificio que no sería sino otro engaño más. La Junta, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, llegó a tener prevista una rehabilitación general que nunca llegó a efecto, con la instalación de placas solares, la rehabilitación de las cocinas, el salón de actos y una profunda reforma de las habitaciones. Proyecto que la crisis del 2008 terminó por enterrar para siempre.

El paso del tiempo, la falta de mantenimiento y el abandono del edificio terminaron de hacer el trabajo. La Junta dejó completamente vacío el edificio y reubicó al personal laboral de la Junta de Andalucía que prestaba servicios en sus instalaciones por otros centros de trabajo o por las propias delegaciones provinciales de la Junta en Cádiz. Una señal inequívoca por la que los cargos públicos del PSOE de la Junta habían decidido dejar morir de inanición a la Residencia de Cádiz.

Una sentencia a muerte en la que también fueron cómplices el propio Ayuntamiento de Cádiz. En diciembre de 2014, pocos meses antes de las elecciones, cuando el equipo de gobierno gobernado por el PP de Teófila Martínez firmó con la Junta el acuerdo sobre patrimonio que afectaba a 7 parcelas y edificios, entre ellos la Residencia de Tiempo Libre, para darle un uso 100% hotelero. Para ello había que cambiar el propio PGOU de Cádiz, ya que el Plan de 2012 conllevaba una zona de oficinas sobre la parcela,  destinaba, sobre una parcela de 7.349 metros cuadrados, 15.000 metros útiles para uso hotelero y 10.000 para administrativo.  La modificación del PGOU en este terreno fue planteada por la propia Junta de Andalucía.

El documento del PGOU fue modificado en 2018, con “Kichi” ya de alcalde. El cambio reduce la carga constructiva de uso hotelero exclusivo que se quedará en 20.000 metros cuadrados. Junto a ello se incluye una cesión de suelo para espacio libre con una superficie de 1.394 metros cuadrados que se destinaráa la apertura de una calle pública entre el complejo residencial Reina Victoria y el futuro hotel, abriendo de esta forma una nueva conexión para unir el Paseo Marítimo y la calle Muñoz Arenillas que está a su espalda.

Numerosos colectivos ciudadanos de la ciudad rechazaban este nuevo uso y han reclamado la continuidad en Cádiz de la Residencia de Tiempo Libre, por el tradicional papel de socializar la playa de Cádiz a un conjunto de trabajadores que no pueden permitirse, en muchos casos, una semana de vacaciones en un hotel privado. Por el contrario, la Junta de Susana Díaz argumentaba entonces para este cambio y futura venta del edificio y la parcela, el valor económico y laboral que va a tener el futuro hotel privado que se instale en esta zona. De hecho, varias empresas y cadenas hoteleras vienen de largo mostrando su interés en demoler el edificio y construir sobre el solar un hotel de 5 estrellas. Una idea que continua con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía.

La pregunta final que nos queda por hacer es ¿Qué ha cambiado en Andalucía con el cambio de gobierno? Ya que el “gatopardismo” es lo imperante en la escena política andaluza. Lo mismo que el gobierno de Susana está haciendo el gobierno del trifachito. Tomen nota y aprendan pues.

Una manifestación necesaria que todo español de bien debería apoyar

October 18, 2019, 2:03 pm

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Artículo de Luis Escribano

El próximo domingo, 20 de octubre, hay una manifestación pacífica en la ciudad de Granada y simultáneamente varias concentraciones en diversas ciudades españolas, convocadas por la Asociación “Justicia por la Sanidad”.

El lema es “contra la corrupción sanitaria, política y judicial”, un lema que revela el deseo que tienen los ciudadanos por poner fin a la corrupción sistémica. Si realmente nos consideramos solidarios con nuestros conciudadanos, especialmente con nuestras familias y amigos, es otro momento para demostrarlo.

Sin duda esta corrupción es fruto de un sistema político bendecido y protegido por todos los partidos políticos y determinados grupos fácticos. Los que llevamos años luchando contra esa lacra conocemos bien los entresijos y las tramas organizadas que sólo persiguen saquear las arcas públicas para beneficio de unos vividores y parásitos.

Tal como reconoció en 2013 el anterior Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a un servidor y un amigo, los criminales organizados campan a sus anchas en instituciones públicas y entidades privadas, y no puede solucionarse con las medidas-parches que los políticos venden a la ciudadanía.

Salir a la calle a manifestarse no soluciona el problema al instante, pero el hecho de expresar pública y mayoritariamente nuestra indignación contra un sistema político que sólo favorece conductas corruptas contribuye a la lucha que algunos “David” mantenemos contra el gigante “Goliath”.

En esta titánica lucha no hay “igualdad de armas”, porque los corruptos utilizan el sistema partidocrático (Parlamentos, Gobiernos, Tribunales, Ministerio Fiscal, empresas, medios de comunicación, organizaciones sindicales, etc.) para machacar a los ciudadanos y exprimirlos.

Pero hay una verdad absoluta que nadie puede rebatir: si la nación española despertara y se uniera, el sistema partidocrático caería fulminado. Si se informara a todos con datos irrebatibles y el pueblo empezara a distinguir los hechos de las palabras, las mentiras vertidas diariamente por políticos, funcionarios, periodistas, empresarios, sindicalistas, etc., se volatilizarían. Ese momento ya lo hemos vivido algunos, y es plenamente liberador.

Ese día, el traje que todos estos personajillos utilizaron para disfrazar la realidad desaparecerá. Todo quedará al desnudo y aparecerán las vergüenzas, y será el momento de derribar el castillo que cobija al hampa.

Nuestra voz y presencia física es necesaria, ya sea en la manifestación o en las concentraciones. Muchas personas necesitan nuestra solidaridad, y como miembro de la citada Asociación os invito a participar con todos los participantes en dichos actos.

   

Toda la información está disponible en esta página: Manifestación y Concentraciones

Patricia del Pozo destruye la cultura en Andalucía

October 29, 2019, 10:00 pm

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Artículo de Antonio Barreda

En la comunidad autónoma a la cola de salarios y pensiones, ala cola encobro de prestacionespor desempleo, a la cola en renta por persona, a lacabeza en ciudades pobres, a la cabeza en barrios pobres, a la cabeza en el umbral de la pobreza y líder absoluto del paro, muchos nos temíamos que la llegada del “trifachito” al gobierno regional significara un golpe mortal a la cultura en Andalucía. Y parece que no nos equivocábamos en ello. La actual consejera de cultura, puesta “a dedo” y cuyo único mérito es ser del núcleo duro de Javier Arenas, está esquilmando la cultura en Andalucía retrotrayéndola a los tiempos oscuros del más rancio post franquismo. Cada vez que aparece Patricia del Pozo para hablar de cultura en Andalucía veo a François Truffaut en Farenheit 451. Hacen falta iniciativas en Andalucía para fomentar la cultura y la lectura para no caer en la barbarie. Poner precio a los museos en Andalucía significa que el actual gobierno ni cree ni apoya la cultura, ni cree en la historia de su propio pueblo.

El lema de “menos estado y más sociedad” lo pronunciaba Arenas reiteradas veces cuando era candidato a la Junta de Andalucía. El neoliberalismo confeso del líder del “clan de Antares”, conformado por Antonio Sanz, Patricia del Pozo y Macarena O´neill, penetró capa a capa en sus discípulos políticos hasta formar parte de su ADN. Eso significa que el estado se reduce a su mínima expresión y la empresa privada se sitúa en el escenario para dar los servicios que el estado deja de prestar. Bendodo, del clan de los boquerones, otro discípulo amamantado por Arenas y hoy el Tigelino de San Telmo, también cree en ese discurso donde la ciudadanía debe pasar por caja y, sobre todo, repartir a escote entre la población el costo de los servicios públicos. No conviene olvidar que Javier Arenas es un funcionario en excedenciadelgrupo A2 de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Los graves problemas de los museos en Andalucía.

Los museos públicos andaluces arrastran graves problemas los últimos años y por los que ha pasado de puntillas la consejera de cultura, entre ellos la falta de personal. Los cierres del conjunto arqueológico de Itálica en Santiponce han sido una constante en los últimos años por falta de vigilantes, como también hubo cierres puntuales en Medina Azahara, entre otros muchos museos andaluces. A lo que se añade la falta de mantenimientode que sufren muchos de ellos, como el Arqueológico o el de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, que requieren intervenciones urgentes y que tienen hasta aprobada la rehabilitación, pero los recortes impuestos por los gobiernos nacionales del PP y PSOE han pospuesto su ejecución y puesta al día.

El pasado mes de febrero la consejera de cultura anunciaba un plan de choque para los museos andaluces, para, según la consejera, ponga fin al “lamentable” estado que presentan un gran número de museos andaluces, especialmente los 17 centros provinciales, de titularidad estatal, pero de gestión y mantenimiento autonómica, de carácter plurianual, que contará, según indicó la consejera,  con financiación de la Junta de Andalucía, servirá, por medio de inversiones y acciones reales y efectivas, para poner en valor todos los museos, tanto desde el punto de vista de la gestión como en el ámbito estructural. Pero visto que la consejería de Hacienda no está muy dispuesta a poner los fondos necesarios para ese Plan, como ha ocurrido con el Plan de Choque de las listas de espera en sanidad, otra quimera, la consejera recurre a lo que mejor sabe hacer su partido: poner el cazo para que los ciudadanos paguen por entrar en los museos, bajo la premisa de que ese dinero irá al mantenimiento de estos.

En cuanto a las visitas a museos andaluces, según la Estadística de Museos Públicos de Andalucía de 2018, publicada en este mes de octubre de 2019, recibieron 2.224.478 personas, siendo el Museo de Bellas Artes de Sevilla el que más visitantes recibió con 451.882 personas, seguido del Museo de la Alhambracon 272.016 personas, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con 214.927 personas y el Arqueológico de Córdoba con 204.086 personas. Los museos que menos visitas recibieron fueron el Museo de Huelva con 25.226 personas, el Centro Andaluz de fotografía con 26.195 personas y el Museo Arqueológico de Úbeda con 42.815 personas. Después de castigar con esta medida impositiva el bolsillo de los andaluces por ver su propia cultura en los museos, el número de visitas a los mismos va a descender exponencialmente. La consejera, en un ejercicio de catetismo impropio de un cargo público, bramaba para justificar la medida de cobrar las entradas a los museos que “en Andalucía se puede conocer la historia de la humanidad sin salir del territorio”.

El poco hábito de lectura en Andalucía.

La consejera Patricia del Pozo fomenta con estas medidas de pago muy poco la cultura en Andalucía, una comunidad con pocos hábitos para la lectura, por ejemplo. Así, el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2018, Andalucía estaba a la cola en lectores en tiempo libre, con un 56,8%, solo por debajo de Canarias y Andalucía (las regiones con más paro de España), mientras la media nacional era de 61,8 %. Madrid con un 71,4% sigue siendo la Comunidad con mayor índice de lectores, once puntos más que la media nacional (61,8%). Otras siete comunidades presentan cifras superiores a la media. Navarra (66,7%); País Vasco (63,7%); La Rioja (63,6%); Cantabria (63,3%); Cataluña (63,2%) Comunidad Valenciana (62,0%); Aragón (61,9%).

En cuanto a la compra de libros, Madrid, País Vasco y La Rioja fueron las comunidades autónomas con mayor porcentaje de compradores de libros no de texto. Cantabria y Comunidad Valenciana fueron las Comunidades con mayor media de libros comprados, 10,5 y 9,2 respectivamente. Canarias y Castilla y León siguen siendo las comunidades con menor porcentaje de compradores. Castilla-La Mancha es la comunidad donde se compraron menos libros de media 5,9 libros de media. Andalucía se quedaba en tan solo 7,1 libros comprados, lejos de la media de 8 en el conjunto nacional.

Por otro lado, la estadística del ISBN ((International Standard Book Number), del Anuario de Estadísticas culturales del Ministerio de Cultura a fecha 2018, indica que en Andalucía en 2017 había 365 editores con actividad, y se editaron 13.748 libros procedentes de Andalucía, siendo la tercera en el ranking tras Cataluña con 651 editores y 30.787 libros editados y Madrid con 898 editores y 26.350 libros publicados. A lo que hay que añadir que las empresas culturales Se concentran en las comunidades autónomas de Andalucía, con 15.667 empresas que significan el 13,2% a nivel nacional, Cataluña, con 23.852 empresas y el 20,2% nacional, y en la Comunidad de Madrid, 25.852 empresas con el 21,8% a nivel nacional. En cuanto al empleo media anual cultural con datos del INE Andalucía se sitúa tercera a nivel nacional con poco más de 90.000 trabajadores, seguida de Cataluña con algo más de 154.000 trabajadores, y de Madrid con casi 166.000 trabajadores

En relación con el gasto liquidado en cultura el total español señalado en el Anuario de Estadísticas culturales del Ministerio de Cultura 2018, a fecha de los últimos datos de 2016, fue de 1.054 millones de euros, siendo Andalucía con 155 millones de euros la segunda comunidad autónoma, detrás de Cataluña con 266 millones de euros. En cuanto al peso del PIB del gasto cultural, se sitúa a media tabla con el 0,10 por PIB, siendo Melilla con el 0,65 la más alta y Madrid con el 0,4 la más baja, siendo la media nacional 0,09. En cuanto al valor medio por habitante por PIB la media nacional es de 22,7 euros por habitante, situándose Andalucía por debajo de la media baja con 18,5 euros por habitante, siendo Melilla con 113,9 euros por habitante la comunidad a la cabeza, y Canarias con 7,3 euros la que menos mueve por habitante en cultura.

El chiringuito de la consejería de cultura.

Otro de los lastres que tiene la Consejería de Cultura es la administración paralela que cuelga de ella, el chiringuito de la Agencia Andaluza de instituciones Culturales. El pasado julio la Consejera  Patricia del Pozo aseguraba en el Parlamento de Andalucía que Del Pozo dice que “no consentirá” que en la Agencia de Instituciones Culturales haya personas que “cobren sin trabajar”“no tiene ninguna intención de despedir a nadie” en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, pero ha asegurado que “no tiene por qué consentir” que “haya personas que han accedido a un empleo público de forma indebida o cobran sin realizar un trabajo que justifique su sueldo”.

También señaló a la auditoría interna de la Junta, de la que se desprende que la agencia "es solo a medias un medio idóneo para llevar a cabo sus funciones; que hay otras que no debería hacer; que hay duplicidades en algunos de sus servicios; que la consejería podría asumir algunas de sus funciones; la falta de una dirección estratégica; la inexistencia de objetivos a largo plazo, así como la dificultad para evaluar resultados y deficiencias en su planificación". Además, esta Agencia cuenta con 483 trabajadores que reciben 18 millones de euros en nóminas; otros cinco millones de euros se destinan a gastos generales de funcionamiento, mientras que un millón de euros es el dinero que se destinaba a promoción cultural. Patricia del Pozo debería acometer en profundidad una reforma total de esta Agencia o su liquidación, tomandolas decisiones que mejor le convengan a la Junta de Andalucía, antes que subir los preciosde los museos en Andalucía. Pero mucho nos tememos que se termine integrando finalmente a este personal en la Junta de Andalucía y lo precios de entrada a los museos en Andalucía se terminen disparando con este gobierno. Tiempo al tiempo.

Corrupción en la Sanidad andaluza, patrocinado por el Parlamento, Gobiernos de la Junta y la Justicia (1ª parte)

November 3, 2019, 9:00 pm

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Un reportaje de Luis Escribano

La Justicia y el Gobierno andaluz obstaculizan investigaciones y ocultan la corrupción en instituciones andaluzas, como las denunciadas por la Asociación “Justicia por la Sanidad”

“La corrupción política en España es crimen organizado, y en Andalucía, casi ha llegado al culmen” (ex-Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón)

“Nos encontramos con la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que es normalmente la única parte acusadora en los delitos contra la Administración o también llamados de corrupción. Así es que la conclusión es que no todos somos iguales ante la justicia” (juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE)

“Es muy fácil mirar para otro lado en cuestiones que afectan a los políticos y al poder”; "la Justicia en España puede ser muy dócil al poder político" (juez Santiago Torres, que consiguió encarcelar a Jesús Gil)

Caso “Litomed”: el PSOE “recibía un 10% del volumen económico de los contratos de suministros y conciertos de servicios realizados irregularmente entre el SAS y empresas privadas...” (declaraciones del ex-Director General de la Oficina de Gestión y Demanda del SAS, Pedro Sanjosé) 

1.- Introducción.

En este extenso reportaje de investigación, que será publicado en varios días, se demostrará que:

- la Junta de Andalucía (entonces en manos del PSOE) perpetró una serie de acciones durante años para facilitar la corrupción en la Sanidad andaluza;

- el nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos está mirando para otro lado u obstaculizando las investigaciones, con la connivencia de los partidos de la oposición (Vox, Adelante Andalucía y PSOE);

- la Justicia (jueces, fiscales, policía judicial...) está amparando la corrupción, por acción u omisión.

En el reportaje se identificarán a personas implicadas, se ofrecerán datos y publicarán extractos de documentos administrativos, policiales y judiciales, que demostrarán que no existe ninguna voluntad de poner coto a las élites extractivas (políticos, funcionarios, empresarios, etc.), esas élites privilegiadas que saquean las arcas públicas con total impunidad.

Como bien dijo el anterior Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en una entrevista que mantuvimos Eduardo Maestre y un servidor, “la corrupción política en España es crimen organizado”. Pero le faltó comentar un dato fundamental: sin la connivencia de jueces y fiscales, cuyas carreras dependen en última instancia de los jefes de los partidos políticos, de los que también dependen los recursos económicos y materiales con los que pueden contar los Tribunales y Fiscalías, sería más complicado que existiera tal crimen organizado.

Como dijo la juez Mercedes Alaya en varias entrevistas publicadas por el diario ABC:

“...Y encima nos encontramos con la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que es normalmente la única parte acusadora en los delitos contra la Administración o también llamados de corrupción. Así es que la conclusión es que no todos somos iguales ante la justicia (...) La corrupción en muchos casos sale casi gratis en nuestro país, en cuanto a penas se refiere. Así tenemos el supuesto de la prevaricación, resolución administrativa manifiestamente injusta a sabiendas de que sustituye el cumplimiento de la ley por la voluntad personal de la autoridad o funcionario que la dicta. Este delito es la madre de todos los delitos de corrupción, y está castigado sólo con penas de inhabilitación. Además, con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no tener pena de prisión de al menos tres años en los delitos de prevaricación no se pueden autorizar intervenciones telefónicas o telemáticas para su investigación.”

Como ven, los políticos tienen todo bien atado para salir impunes si los pillan, evitando incluso con la Ley las posibles investigaciones. No hay peor ciego que el que se resiste a ver esto.

Lean con detenimiento lo que ha manifestado recientemente Santiago Torres, el juez que encarceló a Jesús Gil, en el diario digital eldiario.es, y entenderán lo que está ocurriendo en la Justicia cuando por medio hay cargos políticos:

“...recuerdo lo que me contaba un fiscal de Marbella: que él no se metía en determinados asuntos porque eran políticos y suponían problemas. Es muy fácil mirar para otro lado en cuestiones que afectan a los políticos y al poder y la tentación supongo que será muy grande (...) La maquinaria judicial está prevista para que no funcione, excepto en el caso de los robaperas, ahí funciona de una forma hasta cruel. (...)"la Justicia en España puede ser muy dócil al poder político", en el sentido de que sólo progresan profesionalmente dentro de la carrera judicial aquellos que no son versos sueltos ni problemáticos, desde el punto de vista político.”

Más claro, agua: sin separación de los poderes del Estado, los ciudadanos estamos indefensos, y los “corrupto-parásitos” campan a sus anchas.

Refiriéndose a Andalucía, manifestó J.García Calderón que existe un decálogo que utiliza la inteligencia policial internacional para determinar si existe o no crimen organizado, de forma que cumpliéndose 6 de los 10 ítems es suficiente. En Andalucía, según nos indicó, se cumplían 9 ítems. Menos el uso sistemático de la violencia o intimidación grave (que en algunos puntos de Andalucía podrían darse, especialmente por el narcotráfico), los demás se cumplían:

• Existencia de un grupo de personas más o menos numeroso en el desarrollo de la actividad delictiva.
• Reparto de tareas o de papeles entre los miembros del grupo con existencia de normas de disciplina interna y jerarquía. A veces aislamiento del cabecilla como forma de protección. Interposición de testaferros o autoinculpación de subordinados.
• Actuación prolongada en el tiempo.
• Comisión de actos delictivos graves. Utilización de técnicas y métodos de ejecución sofisticados. Alta tecnología en comunicaciones. Destreza financiera en el manejo de fondos y relación con la función pública.
• Actuaciones transnacionales o intensa movilidad territorial dentro del Estado.
• Utilización de instrumentos jurídicos para crear estructuras económicas o comerciales. Uso habitual de cualificados profesionales o expertos.
• Blanqueo de capitales.
• Influencia sobre políticos, medios de comunicación, funcionarios, o sobre la actividad económica.
• Obtención continuada de beneficios económicos.

En el crimen organizado actúan, por acción u omisión, cargos políticos, funcionarios y laborales de las Administraciones Públicas y entes instrumentales vinculados, partidos políticos, testaferros, empresarios, bufetes de abogados y empresas auditoras, entidades bancarias, jueces y fiscales, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, medios de comunicación, etc.

La corrupción es una terrible lacra que los políticos intentan siempre relativizar, para que la ciudadanía no consiga ver el alcance real del grave problema que padecemos: una corrupción sistémica facilitada por el régimen partidocrático instaurado en España.

En este reportaje de investigación se pondrá el foco en la corrupción existente en la Sanidad andaluza, en las acciones y omisionesde algunos de los actores que han participado y participan, tales como políticos (del Legislativo y Ejecutivo), funcionarios y laborales, partidos políticos (su inacción es alarmante, aunque a un servidor no le sorprende), empresarios, jueces, fiscales, medios de comunicación, etcétera.

En mi opinión, es demasiado revelador el silencio casi absoluto, mínima investigación y denuncias exclusivas de los medios de comunicación, salvo algunas excepciones, los que se suponen deben integrar el “cuarto poder” para controlar y denunciar los desvaríos de los poderes del Estado y su corrupción sistémica, cuyo origen es más que evidente.

En este extenso reportaje se recordará algún caso histórico de corrupción en la Sanidad, se describirá cómo el Parlamento de Andalucía, el Consejo de Gobierno y la Administración andaluzahan creado un sistema opaco en el que se han eliminado controles esenciales del gasto público (incluido el de las contrataciones de personal) que ha facilitado aún más la corrupción, y que recuerda mucho a lo ocurrido con los casos ERE, Invercaria y otros muchos, en relación a posibilitar la desviación de fondos eliminando los controles previos del gasto por funcionarios interventores.

Pero no sólo se publicarán datos de anteriores Gobiernos, sino también del actual Gobierno del PP y Cs, que está obstaculizando la labor de investigación de la Asociación “Justicia por la Sanidad” para que no salgan a la luz datos fundamentales sobre la falta de control, lo cual se acreditará documentalmente.

Asimismo, se ofrecerán datos y publicarán extractos de documentos relativos a las querellas presentadas por la Asociación “Justicia por la Sanidad” contra cargos públicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y empresarios, incluyendo las actuaciones de determinados jueces y fiscales (se desconoce si también se debe a actuaciones de Letrados de la Administración de Justicia) que parecen intentar tapar la corrupción de forma inexcusable, incluso con argucias que merecerían el mayor de los castigos para un funcionario público.

Lo que está ocurriendo es una falta absoluta de respeto a la ciudadanía, a esos miles de ciudadanos que aportan con gran esfuerzo su dinero a la citada Asociación para que se investiguen la corrupción en la Sanidad. Los políticos, jueces, fiscales, policías, etc., están demostrando una falta de ética y sensibilidad con todos los ciudadanosque, tarde o temprano, acabarán descubriendo el putrefacto escenario en el que la partidocracia es la que mueve los hilos de los títeres-actores.

Desde que la Asamblea de socios de la Asociación "Justicia por la Sanidad" acordó “declarar la guerra” a la corrupción, su Junta Directiva está realizando un arduo trabajo de investigación y denuncia, pero se está encontrando con una maquinaria judicial y gubernativa que rechaza entrar a fondo en las investigaciones, tal como se acreditará publicando datos y documentos necesarios para que los inteligentes lectores extraigan sus propias conclusiones.

No olviden un dato fundamental: en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el ámbito de la Salud gasta cada año más de la cuarta parte (alrededor del 29 %, la más elevada del Presupuesto público), un pastel muy apetitoso para todo corrupto-parásito. Por poner un ejemplo, sólo para este año 2019, lo presupuestado para Salud supera la cifra de 10.400 millones de euros, que suponen aproximadamente un 28,9 % del total del Presupuesto. Y tengan presente que suele gastarse más de lo presupuestado por la nociva organización, estructura y funcionamiento de la Administración sanitaria y sus satélites.

2.- Algunos antecedentes históricos.

A primeros de 1990, el partido IU presentó una denuncia en los Juzgados de Sevilla, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 6 (este Juzgado tiene un imán para los casos conflictivos), cuyo juez era Ángel Márquez, que se convertiría en el conocido caso “Juan Guerra”, con diversas ramificaciones. Como la Fiscalía de la Audiencia Provincial había abierto con anterioridad diligencias de investigación sobre el caso del hermano del ex-vicepresidente del Gobierno, el Juez le solicitó al entonces Fiscal jefe, Alfredo Flores, la "remisión de lo actuado en relación con los hechos", según informó el diario El País.

El citado fiscal calificó de "muy inconcreta la denuncia", por lo que antes de la actuación del juez se manifestó en contra de la admisión de la denuncia criminal, a lo que se opuso el entonces juez decano de Sevilla, Alfonso Martínez, al considerar que "los recortes de prensa aportados por Izquierda Unida son suficientes para abrir la investigación", informaba El País.

Una de las ramificaciones del caso implicaba también a cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y empresarios de la clínica Litomed, investigándose la presunta mediación que Juan Guerra realizó para que el SAS beneficiara a la clínica Litomedcon el desvío de enfermos renales para su tratamiento mediante litotricia. En este caso, el Juez anunció la apertura de diligencias separadas para investigar la denuncia que realizó el ex Director General de la Oficina de Gestión y Demanda del SAS, Pedro Sanjosé, “en la que revelaba el pago de comisiones ilegales” al PSOE, partido que supuestamente “recibía un 10% del volumen económico de los contratos de suministros y conciertos de servicios realizados irregularmente entre el SAS y empresas privadas. De estos contratos también recibían comisión otras personas, de las que Sanjosé prefirió omitir sus identidades”, según informaba El País.

Antes de cerrar este caso histórico, les recordaré dos aspectos muy importantes:

1º) Tal como informó El País en diciembre de 1993, el caso “Litomed” se enjuició por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, cuyo magistrado -Agustín del Río-, al retirarse en el juicio la única acusación que quedaba de IU (la Fiscalía retiró su acusación con anterioridad), tuvo que absolver a Juan Guerra y a los dos ex altos cargos del SAS procesados, Pedro Sanjosé y Francisco Salamanca, pues como decía la sentencia: "Rigiendo en el proceso penal español el principio acusatorio, de tal forma que si no hay acusación la sentencia ha de ser forzosamente absolutoria (...), procede dictar sentencia absolutoria a los querellados citados y declarar de oficio las costas procesales". En el fallo no se hizo mención alguna a lo visto en el juicio, y de las comisiones que presuntamente recibía el PSOE, según declaró Pedro Sanjosé, nada se supo.

2º) Según informó hace años en el diario El Mundo el periodista Pedro de Tena, el catedrático Horacio Oliva intentó que el juez Ángel Márquez declarara secreto el sumario para evitar las filtraciones, ofreciendo a cambio un puesto en el Consejo General del Poder Judicial -propuesto por el PSOE- y algún otro favor. El intento de soborno no fue desmentido por el juez Ángel Márquez. En la portada de El Mundo, a cuatro o cinco columnas, el titular fue: "El PSOE ofrece un puesto en el Consejo General de Poder Judicial al juez del caso Guerra, Ángel Márquez". Después defenderán políticos y jueces que no existen injerencias de los partidos políticos en la Administración de Justicia. Pero lo más lamentable es que demasiados españoles sigan sin querer ver lo que ocurre en este régimen partidocrático, quizás por miedo a asumir la realidad.

¿Por qué he recordado este caso? Porque es importante conocer los antecedentes históricos para comprender el relato sobre lo ocurrido desde entonces en la Junta de Andalucía, y en concreto en la Sanidad andaluza (segunda parte del reportaje), así como el amparo que ofrece el sistema judicial cuando se trata de investigar las actuaciones presuntamente delictivas de políticos, cargos públicos y funcionarios de la Administración, así como de ciertos empresarios.

En la tercera y cuarta parte del reportaje se relatarán algunas actuaciones del SAS, de los Juzgados de Instrucción 4 y 9 de Granada y de la Fiscalía de Granada (todo está acreditado documentalmente), en relación a las querellas presentadas por la Asociación “Justicia por la Sanidad” sobre contratos suscritos con determinadas empresas por el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves” del SAS (HUVN), la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP), así como las Fundaciones públicas sanitarias FIBAO y FISEVI, por presuntos delitos de prevaricación y fraude en contrataciones, que podrían ampliarse a más delitos y personas querelladas en función de las investigaciones que la Justicia quisiera en su caso realizar, y siempre que no siga tapando lo descubierto de momento.

A la luz de los datos y documentos que vayan publicándose, ustedes mismos tendrán la oportunidad de juzgar y asumir si existe o no un régimen partidocrático en España, un régimen al que no interesa la defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía, sino exclusivamente como seguir parasitando a costa de los ciudadanos.

Seguir votando a candidaturas de partidos políticos es seguir amparando la corrupción sistémica, sin límite alguno, porque jamás en un régimen partidocrático podrá minimizarse la corrupción, ni las declaraciones de derechos y libertades en la Constitución y leyes podrán servir de algo, porque es imposible lograr su plena efectividad. A los hechos me remito.  

Continuará...(cómo se engendró el sistema opaco de "controles" notoriamente ineficaces del gasto sanitario, en la 2ª parte)

El PSOE andaluz creó un sistema opaco para el “descontrol” del gasto sanitario que el nuevo Gobierno mantiene (2ª parte)

November 4, 2019, 9:00 pm

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Un reportaje de Luis Escribano

El Parlamento y Gobierno andaluz, con el sostén de la Intervención General, eliminaron los controles previos que efectuaban las Intervenciones en centros, áreas y distritos sanitarios, con cientos de millones de euros de gasto

Dos Acuerdos del Consejo de Gobierno, relacionados con la eliminación de los controles, no se publicaron en BOJA ni en su web, al igual que otras Resoluciones, Circulares e Instrucciones, ocultándolo a la ciudadanía

El nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs ha denegado a la Asociación “Justicia por la Sanidad” el acceso a informes sobre cumplimiento de legalidad que la Intervención Central del SAS y la Intervención General debían realizar sobre el gasto de los centros, áreas y distritos sanitarios, previstas en Instrucciones internas, ocultación que suscita las lógicas sospechas

 

3.- Eliminación de la fiscalización previa del gasto público en los centros de gastos periféricos del SAS.

Desde que se aprobó en 1983 por el Parlamento andaluz la Ley General de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta ha ido sufriendo modificaciones que han facilitado sin duda la corrupción en el seno de la Junta de Andalucía. Algún partido como IU dejó constancia en el Parlamento de no ver con buenos ojos algunas de las modificaciones, como la aplicación de “técnicas de auditoría” en órganos y servicios administrativos, aunque luego gobernaría con el PSOE, y no exigió su cambio en el acuerdo de gobierno, como hacen todos los partidos cuando llegan al poder.

No obstante, la realidad es que ningún partido de la oposición hizo nada para remediarlo, ni siquiera cuando fueron socios del PSOE en el gobierno andaluz, como ocurrió con Ciudadanos. Y respecto a los partidos actuales que tienen Grupo parlamentario (PP, Cs, Vox, Adelante Andalucía y PSOE), ninguno ha adoptado iniciativas para cambiarlo y mantienen el mismo sistema que facilita la corrupción sistémica, sin que nadie lo denuncie.

En resumen, el proceso consistió en eliminar los típicos controles previos que tienen todas las Administraciones Públicas para los expedientes de gastos (contratos de personal, contratos con empresas, conciertos sanitarios, etc.) en los centros de gastos periféricos del SAS (Hospitales, Áreas de Gestión Sanitaria, Distritos Sanitarios, etcétera). De esta manera se ha evitado que algún funcionario interventor pudiera poner reparos a los expedientes por incumplimientos de la normativa.

Dicha intervención previa fue sustituida por el mecanismo denominado “control financiero permanente”, en la que se utilizan “técnicas de auditoría” que no tienen efectividad alguna en la lucha contra la corrupción, sino al contrario, la facilita y mucho. Son las mismas “técnicas de auditoría” que se han venido utilizando en la Agencia IDEA(judicializado con caso ERE), INVERCARIA(judicializado por ayudas a empresas), FAFFE(judicializado), FORJA XXI(judicializado) y resto de agencias, sociedades y demás entes de la administración paralela (algunas en investigación policial y judicial), y ya conocen sobradamente los resultados. Es evidente que las auditorías no funcionan como medida de control del gasto, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de la normativa, dado que en su mayoría se tratan de auditorías financierasy operativas, que no analizan la legalidad de las actuaciones.

Por mucho que los políticos pretendan vender a los ciudadanos las bondades del control financiero y las “técnicas de auditoría”, es evidente su inutilidad para prevenir la corrupción y su gran eficacia para fomentarla. ¿Qué partido político se va a oponer a ese sistema que les permite utilizar los fondos públicos sin controles efectivos cuando ocupan el poder? Ninguno, es la esencia de la partidocracia: usar los fondos públicos con los mínimos controles posibles para mantenerse en el poder y enriquecerse o enriquecer a terceros.

Hoy día, con la Administración electrónica y una buena organización, no cabe la excusa que siempre utilizan los políticos para justificar la eliminación de controles: agilizar los procedimientos. Como funcionario con casi 30 años de experiencia, me indigna escuchar esas patrañas y engañifas.

Si en la Junta de Andalucía siempre ha sido problemático el control del gasto por funcionarios interventores, imaginen el des-control que se puede haber generado si ningún funcionario -distinto del órgano que gestiona los expedientes- fiscaliza previamente el gasto. Y digo problemático porque todos son nombrados por libre designación (y ya saben, si no obedece es cesado “libremente”) en vez de ser nombrados por concurso de méritos (sería inamovible en su plaza, salvo sanción por expediente disciplinario, lo cual es una garantía para los ciudadanos).

A todo ello hay que añadir que no existe en la Junta un Cuerpo de Interventores. Sin embargo, en la Administración Local existe desde hace muchos años funcionarios habilitados para fiscalizar los gastos (Secretarios-Interventores o Interventores), al igual que existen Cuerpos de Interventores en algunas Comunidades Autónomas (Cataluña, Región de Murcia, Comunidad Valenciana,  Aragón -especialidad de Interventores e Inspectores Financieros-, etc.), y en la Administración del Estado existen el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado,  Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social y el Cuerpo Militar de Intervención.

Como iba diciendo sobre la eliminación de los controles previos, el cambio del sistema legal se hizo con mucha opacidad, como veremos a continuación. No obstante, les adelanto que dos Acuerdos del Consejo de Gobierno que regulaban esta eliminación de la fiscalización previa no fueron publicados en el BOJA ni en la página web del mismo, como tampoco se publicaron en dicho Boletín Oficial numerosas Circulares e Instrucciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía ni una Resolución del SAS. Sin embargo, la Asociación “Justicia por la Sanidad” ya tiene en su poder dicha documentación, desconociendo si existe más documentación oculta.

Resulta lamentable que esta labor de investigación y control la tengan que hacer ciudadanos y no las instituciones que supuestamente debían controlar todo esto: Grupos Parlamentarios, Consejo de Gobierno y sus decenas de asesores, Cámara de Cuentas, empresas privadas de Auditorías contratadas por la Junta, Inspección General de Servicios e Intervención General de la Junta, Asesores de los Gabinetes de las Consejerías, Fiscales, Jueces, UDEF de la Policía Nacional y UCO de la Guardia Civil, etc. Todos se mimetizan con el avestruz: cabeza enterrada bajo el suelo con la consiguiente ceguera, y algunos hasta levantan una pata para que tropieces cuando intentas que saquen la cabeza del suelo y abran los ojos.

Estrategia de eliminación de los controles del gasto con opacidad, perpetrada por la Junta de Andalucía.

Todo empezó con la Ley 9/1987, de 9 de diciembre, que modificó determinados artículos de la Ley General de la Hacienda Pública de 1983, a propuesta del entonces Consejero de Hacienda, Ángel Ojeda Avilés (1987-1990), conocido hoy por la investigación del caso de los cursos de formación y su entramado de empresas, siendo el Interventor General Pablo López Villegas (1986-1988).

Con esas modificaciones empezaron a permitirse el uso de las “técnicas de muestreo” o comprobaciones periódicas a los actos, documentos y expedientes objeto de control, dejando en manos de la Intervención General determinar los actos, documentos y expedientes sobre los que la función interventora podrá ser ejercitada sobre una muestra y no la totalidad de los expedientes de gastos.

Asimismo, se contempló la posibilidad de quedar excluidos de intervención previa y sometidos a “control posterior” determinados actos. Asimismo se modificó la Ley estableciendo que la intervención previa podría sustituirse por “control financiero”en los casos establecidos en dicha Ley; por ello, también se modificó indicando que el “control financiero” podrá realizarse, siguiendo las directrices de la Intervención General, en los plazos o períodos que la transcendencia de la operación u operaciones a controlar y del ente sujeto al mismo hagan aconsejable, y, en todo caso, como mínimo, una vez al año.

Si observan bien, se dejaba todo en manos de la Intervención General, con lo cual se inició un diseño del supuesto sistema de control con opacidades, que evitaba su conocimiento por la ciudadanía, dado que las Instrucciones y Circulares de la Intervenciónno se publicaban en BOJA, a pesar de regular procedimientos para el control del gasto.

El siguiente paso se efectuó siendo Presidente de la Junta Manuel Chaves González(1990-2009) y Consejero de Hacienda Jaime Montaner Roselló (1990-1994), con la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1991, que permitió que por acuerdo del Consejo de Gobierno pudiera sustituirse la intervención previa de los expedientes de gastos por el “control financiero permanente”en determinados órganos o servicios en los que se considerase adecuada dicha fórmula de “control”, dejando en manos de la Intervención General de la Junta de Andalucía el establecimiento de las condiciones de su ejercicio.

Es decir, se evitó el desarrollo reglamentario de la Ley por Decretos y Órdenes que debían publicarse en BOJA, facilitando de nuevo la opacidad del supuesto sistema de control.

Por si no se acuerdan, tal como informó el periodista Antonio Salvador, les recuerdo que la UCO de la Guardia Civil atribuyó en 2017 en un informe la comisión de un delito de tráfico de influencias a Jaime Montaner, por su mediación para que le pagaran a la empresa de un conocido -La Instaladora Moderna Electricidad SL- una ayuda que la Consejería de Empleo le había concedido con cargo al fondo de reptiles (Noticia: El Independiente). Asimismo, la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó también 2017 en una sentencia su inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar a cualquier otra persona durante dos años, por el asunto BIACS y haber sido patrono, tal como informó María Jesús Pereira en ABC (Noticia ABC).

Igualmente, les recuerdo que Manuel Chaves ha sido procesado por el caso ERE, por la comisión de un presunto delito de prevaricación. La sentencia está en el horno, el cual debe averiarse con frecuencia por la demora en cocinarse.

El Consejo de Gobierno, el 26 de enero de 1993, aprobó su primer Acuerdo, previa Memoria suscrita por Eduardo León Lázaro (1991-2000), entonces Interventor General de la Junta de Andalucía nombrado por Manuel Chaves (actualmente Director General de Presupuestos de la Junta de Andalucía), y un informe suscrito por el Director General de Presupuestos, Pedro Fernández-Palacios Sánchez-Dalp, de fecha 4 de septiembre de 1992.

En dicha Memoria del Interventor General, debo destacarse el siguiente texto, que dejaba clara la pretensión de la Junta, que no era más que evitar que los interventores controlaran el cumplimiento de la legislación en los expedientes de gastos, configurando un "nuevo modelo de control interno". Aquí les dejo con la imagen de un extracto de dicha Memoria suscrita por Eduardo León Lázaro en mayo de 1992:

Dicho Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26-01-1993 estableció el control financiero permanente sobre determinados gastos y varios organismos y servicios de la Junta de Andalucía, entre ellos los de los siguientes Hospitales públicos del SAS (organismo autónomo), que se incluían en su Anexo:

- Hospital Virgen de Las Nieves (Granada).

- Hospital Virgen del Rocío (Sevilla).

- Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla).

- Hospital de Puerto Real (Cádiz).

- Hospital Reina Sofía (Córdoba).

En los años posteriores se fue profundizando en la opacidad del sistema. Las nuevas modificaciones las propuso la Consejería de Economía y Hacienda cuando su titular era Magdalena Álvarez Arza (1994-2004), en los años 1996 y 2001, aprobadas por el Parlamento, permitiendo la aplicación de “técnicas de muestreo” o “comprobaciones periódicas” de los actos, documentos o expedientes relacionados con los gastos de personal y de subvenciones, así como a cualesquiera otros en los que concurra la circunstancia de afectar a un gran número de actos, documentos o expedientes: se dejaba la puerta abierta).

Además, eliminó el control previo a los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que se deriven o sus modificaciones y los contratos menores (en Sanidad, estos contratos son decenas de miles). Asimismo, permitió excluirse de “control previo” y sustituirse a “control posterior”(“técnicas de auditoría”), los siguientes gastos de personal, los de todas las contrataciones de empresas privadas –gasto millonario- (excepto los relativos a conciertos sanitarios), y los gastos de farmacia y prótesis, unos de los más cuantiosos.

Es decir, en vez de aumentar el número de funcionarios interventores para efectuar los controles previos del gasto, se siguieron eliminando estos controles y sustituyéndolos por instrumentos absolutamente ineficaces, como ha quedado demostrado con el caso de los ERE y la Agencia IDEA, también sometida a “control financiero” y el uso de “técnicas de auditoría”, y ya conocen el resultado.

Asimismo, se atribuyó a la Consejería de Economía y Hacienda, con carácter exclusivo, la competencia para contratar auditorías sobre cualquier órgano o entidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus Agencias administrativas, mientras que para las empresas (Agencias empresariales, Sociedades, etc.), podían contratarlas recabando simplemente el informe con carácter previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Por cierto, les recuerdo que Magdalena Álvarez ha sido enjuiciada en el caso ERE por la comisión de un presunto delito de prevaricación, como máxima responsable de la Consejería de Hacienda, aunque se ha defendido diciendo que ella no sabía nada ni había recibido informes de la Intervención General por las ayudas concedidas. ¿No les “chirría” la coincidencia temporal entre lo ocurrido en Empleo y la Sanidad?

Posteriormente, en los años 2004 y 2008 fue José Antonio Griñán Martínez (2004-2009) el artífice de alguna modificación más de la Ley de Hacienda cuando fue titular de la Consejería de Economía y Hacienda. Al igual que Magdalena Álvarez y Manuel Chaves, José Antonio Griñán también ha sido procesado por el caso ERE, por la comisión de presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Entre esas modificaciones, se aprobó que las empresas de la Junta de Andalucía que se encontrasen sometidas a “control financiero permanente”deberán contar con “unidades propias de control interno”, cuyo personal quedaría adscrito al máximo órgano de dirección de la empresa y actuaría bajo la dependencia funcional exclusiva de la Intervención General de la Junta de Andalucía en lo que se refiere a las labores de control interno y de auditoría que desempeñe (es decir, que podían efectuar otras tareas dentro de la empresa pública). ¿No les extraña a ustedes este sistema de “cabeza dual”, de depender de dos direcciones, una orgánica y otra funcional? Tal como ha quedado demostrado, su efectividad no parece que sea la adecuada: casos ERE, Invercaria, Avales, ISE, y un largo etcétera.

Miles de expedientes en la Sanidad sin previa fiscalización, con gastos de cientos de millones de euros: el sistema perfecto para amparar la corrupción.

A lo largo de esos años se fueron aprobando varias Circulares e Instrucciones por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía, queno se publicaron en el BOJA(se ocultaban a la ciudadanía), tales como la Circular 2/1993, de 28 de enero, la Circular 6/93, de 25 de marzo, y la Instrucción 6/2002, de 19 de julio (esta última para Hospitales del SAS), y todo ello a pesar de que regulaban el procedimientoa seguir para realizar esos supuestos “controles financieros”. Entre otras obligaciones, se debían realizar informes semestrales o anuales por las Intervenciones Provinciales de la Junta, en base a análisis de algunos expedientes elegidos por “muestreo”.

Si han sido miles los expedientes tramitados de contratos con empresas (sólo en el HUVN, en el periodo 2006-2008 se tramitaron más 129.000 expedientes, especialmente contratos menores y negociados sin publicidad), imaginen los expedientes que nunca fueron fiscalizados, con gastos de cientos de millones de euros.

A ello hay que añadir que el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2002, que aprobó el programa de control financiero permanente de las empresas de la Junta de Andalucía para 2002, no fue publicado en BOJAni en la web del Consejo de Gobierno. Fue firmado por Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, ambos procesados en el caso de los ERE y pendiente de sentencia.

Se desconoce quien realizó la Memoria de dicho Acuerdo y si existen más informes de este expediente, porque la Consejería de la Presidencia que dirige Elías Bendodono ha entregado toda la información solicitada. No se entiende el empeño de esta Consejería por ocultar documentos. Al menos, es fácil deducir qué entiende por “transparencia” este Consejero.

En el año 2003, el Consejo de Gobierno adopta dos Acuerdos:

1º) Acuerdo de 4 de marzo de 2003, del Consejo de Gobierno, que aprobó el programa de control a realizar en el ejercicio 2003 de las empresas de la Junta de Andalucía sometidas a control financiero permanente, y se establecieron otras medidas de control financiero, que sí fue publicado en el BOJA de 14-04-2003.

2º) Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2003, que extendió el “control financiero permanente” a las distintas áreas sanitarias, y tampoco se publicó en el BOJA ni en su página web. Su Memoria fue realizada por el entonces Interventor General, Manuel Gómez Martínez, y el Acuerdo fue firmado igualmente por Manuel Chaves y Magdalena Álvarez.

Y por último, para añadir más opacidad al sistema, el entonces Director Gerente del SAS, Juan Carlos Castro Álvarez(2000-2008), nombrado por Manuel Chaves y Francisco Vallejo, aprobó la Resolución SC 810/2003, de 28 de agosto de 2003, por la que se crearon unas supuestas Unidades de Intervención en los Hospitales y Áreas Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, Resolución que tampoco se publicó en el BOJA. Estas supuestas Unidades dependían orgánicamente del SAS y funcionalmente de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Les recuerdo que Francisco Vallejo Serrano es otro de los procesados por el caso ERE, por presuntos delitos de prevaricación y malversación. ¡Cuántas coincidencias!

Asimismo, Juan Carlos Castro fue uno de los denunciados por la Asociación junto a otros ex-cargos del SAS y Consejería de Salud, como María Jesús Montero, Celia Gómez, etc., en un Juzgado de Sevilla, que fue archivada y recurrida a la Audiencia Provincial de Sevilla, que igualmente la archivó, porque como suele pasar con la Justicia, cuando hay políticos por medio, nunca ven delito, sólo “irregularidades administrativas”.

Otra clara arbitrariedad del nuevo Gobierno del PP y Cs, obstaculizando las investigaciones de la Asociación “Justicia por la Sanidad”

Al descubrir la existencia de dicha Resolución del SAS de 2003, la Asociación Justicia por la Sanidad solicitó al SAS el pasado 30 de septiembre el Acta de creación de dichas Unidades en el HUVN y la identificación de las personas que han ocupado dicha Unidad de Intervención (tal como se regula en la misma), dado que dicho personal pertenece al SAS según la citada Resolución. El SAS abrió el Expediente de Transparencia número 2019/1345, pero el día 3 de octubre derivó la solicitud a la Consejería de Hacienda, por considerar que era la competente para responder, aunque el personal pertenecía al SAS.

Y como en la “mafia” instalada en la Junta de Andalucía nada es casual, el pasado 31 de octubre la Asociación recibió el siguiente correo electrónico:

Es decir, la Consejería de Hacienda, cuyo titular es Juan Bravo Baena, ha devuelto al SAS dicha solicitudcuatro semanas después de recibirla para que la responda, de forma que el plazo para contestar el SAS empieza a contar desde ese día 31 de octubre.

Estas son las argucias “mafiosas” del nuevo Gobierno del PP y Cs, donde la “transparencia” es una falacia para estos “corrupto-parásitos”. Pero sigamos, que aún hay más. 

Como han podido ir comprobando, la opacidad de la “regulación” del supuesto control del gasto en la Sanidad andaluza iba en aumento a la vez que su des-control.

La Instrucción 8/2003, sobre control financiero permanente, que sigue oculta y vigente.

Y entre tanta opacidad, de nuevo el Interventor General, Manuel Gómez Martínez, aprueba otra instrucción que tampoco se publica en el BOJA, a pesar de su importancia para la Sanidad andaluza y el control del gasto, la cual sigue vigente. Se trata de la Instrucción 8/2003, de 30 de diciembre, sobre control financiero permanente en los centros de gastos periféricos del SAS, que ha sido modificada parcialmente por la Instrucción 9/2017.

Con dicha Instrucción 8/2003 de la Intervención General, se eliminó el control previo de los gastos en 45 centros, distritos y áreas sanitarias de toda Andalucía, incluidos los cinco Hospitales en los que ya se venía haciendo. Mediante la Instrucción 8/2004, de 20 de diciembre, se amplió hasta los 66 centros, distritos y áreas en total, que tampoco se publicó en el BOJA.

La eliminación de los controles previos del gasto en los centros del SAS alcanzó su culmen en esa fecha, aunque se desconoce si hubo más ampliaciones, dada la opacidad existente.

Para que se hagan una idea del gasto que ha quedado sin control previo por funcionarios de la Intervención, por ejemplo, en contrataciones de empresas (suministro de bienes y servicios), sólo en el Hospital Universitario “Virgen de la Nieves”, en los años 2006, 2007 y 2008, el gasto fue de 248 millones de euros, aproximadamente.

El nuevo Gobierno del PP y Cs oculta informes claves sobre el supuesto control del gasto en los centros sanitarios.

En dicha Instrucción 8/2003 se establecía que, partiendo de las propuestas presentadas por las Intervenciones Provinciales y de centros (como el Hospital HUVN de Granada), la Intervención Central del Servicio Andaluz de Salud debía elaborar, al principio de cada ejercicio, un único documento de planificación del control de legalidad, homogéneo para los centros sometidos a “control financiero permanente”, teniendo en cuenta, en su caso, las particularidades de cada uno de ellos.

Dicho documento debía ser formalmente aprobado por la Intervención General de la Junta de Andalucía como Programa de trabajo. En el citado programa se establecerán los procedimientos, controles y pruebas a realizar de cara a cumplir los correspondientes objetivos.

Asimismo, establece la citada Instrucción que “con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo primero del punto Cuarto del Acuerdo de Consejo de Gobierno, las Intervenciones de los centros realizarán, durante el ejercicio,informes parciales sobre el cumplimiento de la legalidad de los actos de gestión económico-financiera de los centros, con la periodicidad, estructura y alcance que establezca el Programa de trabajo...”, así como que los citados informes parciales servirían de base para la elaboración del informe anual de legalidad.

Dichos informes irán suscritos por el Interventor del centro, se comunicarán a efectos informativos a los Gerentes de hospitales y Directores de distritos y Centros Regionales de Transfusión Sanguínea, remitiéndose una copia de los mismos a la Intervención Central del SAS.

Sobre la base de esos informes parciales anteriormente descritos, una vez efectuadas las comprobaciones pertinentes, se elaborará el Informe anual de legalidad. Los Interventores debían incluir en el informe, básicamente, los incumplimientos y abusos significativos que hayan sido detectados durante o en conexión con la auditoría, y recogerán una mención expresa del grado de observancia de la legislación aplicable.

Todos estos documentos (programación e informes aprobados desde 2004 hasta hoy)fueron solicitados por la Asociación “Justicia por la Sanidad”,tanto al SAS como a la Consejería de Hacienda el pasado 30 de septiembre, a través del Portal de Transparencia de la Junta, dado que como veremos en las dos siguientes publicaciones relativas a las dos querellas de la Asociación, ni la UDEF, ni la Fiscalíani el Juzgadohan solicitado dichos informes de control de legalidad, ni el SAS los ha facilitado a los dos Juzgados de Instrucción de Granada para colaborar con la investigación judicial.

Al contrario, el SAS se ha puesto del lado de los ex Gerentes del HUVN querellados, que fueron nombrados por altos cargos del PSOE, proporcionándoles una Letrada del SAS, como veremos en la tercera parte del reportaje.

Como ya ocurrió con la otra solicitud sobre las supuestas “unidades de intervención” que debían crearse, el SAS volvió a derivar el 3 de octubre pasado la solicitud de la Asociación a la Consejería de Hacienda, y el pasado 31 de octubre se ha recibido la respuesta: la Interventora General de la Junta de Andalucía, Amelia Ignacia Martínez Sánchez, ha denegado el acceso a la información solicitada con unos pretextos absurdos. Se manifiesta en la Resolución de denegación que otorgar la información puede suponer “un perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control” y “para el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial”(¿?).

La Interventora General, nombrada por el Gobierno del PP y Cs, ha obviado que la Leyes de Transparencia estatal y autonómica han supuesto un cambio fundamental en el control del gasto de las Administraciones Públicas por parte de los ciudadanos. Nos encontramos ante underecho de anclaje constitucional que debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia (Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Madrid, dictada en el PO38/2016) cuya protección y garantía, por lo tanto, ha de tener en cuenta esta naturaleza. Además, como bien indica la Resolución 079/2019, de 30 de abril, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la documentación solicitada tiene una “finalidad que entronca con el espíritu de la LTAIBG -Ley de Transparecia y Buen Gobierno- de conocer cómo toman los poderes públicos las decisiones que afectan a los ciudadanos, especialmente en el tema de la salud pública y su financiación, de marcado interés social”, y que interesan a los socios de la Asociación para conocer cómo se han tomado las decisiones que les afectan como ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios ha actuado la Administración, finalidades y ratio iuris de la LTAIBG.

Amelia Martínez, la Interventora General, se ha refugiado torticeramente en “normas técnicas de auditorías” para denegar la información, teniendo en cuenta que ninguna norma de la Comunidad Autónoma prohíbe la entrega de los informes de cumplimiento de la legalidad.  

Además, cuando la Cámara de Cuentas de Andalucía hace públicos sus Informes de Fiscalización realizados por sus auditores, según los argumentos empleados por ella, ¿también se estaría vulnerando el secreto profesional de los auditores? ¿Habría también que pedirle el informe al órgano fiscalizado? Porque eso es lo que ha alegado la Interventora General (que además es auditora de la Cámara de Cuentas) en su Resolución para denegar el acceso, reconociendo que el SAS sí podría entregar dichos informes.

Y si el SAS los podía entregar, ¿por qué el SAS derivó la solicitud de la Asociación a la Consejería de Hacienda, y esta Consejería no la devolvió al SAS si entendía que era el órgano competente para poder entregar los informes? Como ven, estos del Gobierno del cambio son unos liantes y chapuceros que no paran de enredar con argucias creyendo que la Administración es de ellos, no de los ciudadanos, y de camino obstaculizan las investigaciones sobre la corrupción en la Junta.

No obstante, no se descarta que esa denegación de entregar los informes solicitados pudiera responder a cierto corporativismo, quizás con el fin de proteger a algunos cargos y funcionarios conocidos que han realizado esa supuesta labor de intervención posterior o, al contrario, que no la han realizado como establecía la Instrucción 8/2003. Será cuestión de judicializar el asunto, a ver si así nos enteramos todos los ciudadanos de lo que ha pasado con esos informes y qué se pretende ocultar.

En definitiva, para este nuevo Gobierno del PP y Cs, con el apoyo de Vox y el silencio cómplice del PSOE y Adelante Andalucía en el Parlamento y Tribunales de Justicia, la lucha contra la corrupción y la transparencia consiste en ocultar a los ciudadanos toda información sobre los supuestos informes de control que se estén realizando, si es que se han realizado alguna vez en la Sanidad andaluza, dado que la sospecha que suscita esta denegación es colosal.

Por cerrar el tema de la falta de controles previos en el gasto de la Sanidad andaluza, el nuevo Gobierno andaluz ha mantenido el sistema sin adoptar ni una sola medida normativa para modificarlo. Pero tampoco han presentado iniciativas los Grupos Parlamentarios de la oposición para modificar esta ausencia de controles en esta Legislatura. Y aún así, la mayoría de los ciudadanos seguirán creyendo que los partidos políticos podrán solucionarles sus vidas. ¡Cuánto masoquismo!

Por último, un mensaje a los periodistas y medios de comunicación: si con todas estas informaciones no son capaces de poner contra las cuerdas a los políticos del anterior y actual Gobierno andaluz, así como a los Diputados de los Grupos Parlamentarios, el escenario sería muy revelador. Seguro que todavía quedan periodistas de raza. En sus manos está profundizar en este grave asunto, justo en plena campaña electoral.

¿Tirarán o no de este hilo? No lo sé, pero la Asociación “Justicia por la Sanidad” seguirá con esta batalla, caiga quien caiga.

Continuará...(contratos amañados y actuaciones de la UDEF de la Policía Nacional, de la fiscal y del juez del Juzgado de Instrucción nº 4, en la 3ª parte de este reportaje)

La UDEF denuncia graves ilegalidades en contrato del HUVN con la empresa de Juan Pérez, vinculado a Martín Blanco (3ª parte)

November 5, 2019, 8:30 pm

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Un reportaje de Luis Escribano

Su empresa Producciones Audiovisuales Andaluzas, SL, ha recibido pagos del SAS por un importe de 406.823 euros en el periodo 2003-2012, mediante contratos menores, contratos negociados sin publicidad y sus prórrogas

La UDEF realiza un informe demoledor para uno de los contratos, indicando una posible confabulación entre el órgano de contratación del HUVN y el empresario

Ni la fiscal ni el juez han practicado todas las pruebas solicitadas y necesarias para investigar todo lo denunciado, incluso obviando uno de los contratos amañados que figuran en los autos judiciales

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Granada, cuyo titular es Antonio Moreno Marín, ha impedido a la Asociación querellante el acceso a los autos judiciales hasta después de acordar el sobreseimiento provisional de las diligencias mediante varias argucias que se detallan

 

4.- Primera querella presentada por la Asociación “Justicia por la Sanidad”.

Si ayer publicaba los pormenores del sistema implantado en la Junta de Andalucía para descontrolar el gasto sanitario (entre otros), hoy y mañana analizaremos dos casos concretos que acreditan los nocivos efectos que ha provocado.

Cuando el médico Jesús Candel -Spiriman- movilizó a la ciudadanía de Granada para paralizar la fusión hospitalaria, hubo reacciones contrarias a todos los niveles. Al fundarse posteriormente la Asociación “Justicia por la Sanidad” presidida por el citado médico, a fin de luchar por la mejora de la Sanidad andaluza, se recrudecieron las reacciones. Una de las más activas fue –y sigue siendo- la del empresario Juan Manuel Pérez Raya, periodista de Ondaluz (la licencia la tiene cedida Publicaciones del Sur, S.A.), cuya actividad en redes sociales fue muy profusa, dedicando amplios y frecuentes textos en las redes sociales para desprestigiar la labor de Jesús Candel y de la citada Asociación. Aquí les dejo con uno de sus primeros textos de finales de 2016 extraídos de Facebook:

Al resultar un tanto desconcertante tantos ataques al líder del movimiento social de Granada, la Asociación investigó en 2017 a esta persona y descubrió que su empresa Producciones Audiovisuales Andaluzas, S.L. había sido contratada por el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves” (HUVN) del SAS en varias ocasiones, con dos contratos evidentemente amañados de 2006 y 2008 (se desconoce si hay más porque han evitado la investigación del resto de contratos).

Se sospecha de cierta vinculación de Juan Pérez con el exViceconsejero de Salud, Martín Blanco García, entonces Directivo del HUVN, el cual fue precisamente cesado  a raíz de las movilizaciones ciudadanas en Granada que promovía Jesús Candel. Según la información facilitada por el SAS, la empresa Producciones Audiovisuales Andaluzas, S.L., había recibido pagos de dicho organismo por una cantidad de 406.823 euros en el periodo 2003-2012 (nueve años), entre contratos menores, contratos negociados y susprórrogas: el motivo de los ataques de Juan Pérez a Jesús Candel quedaba en evidencia.

La Asociación solicitó documentación al SAS en 2017 y 2018 de los dos contratos que suscribió con el HUVN, tramitados por el procedimiento negociado sin publicidad, uno de 2006 y otro de 2008. Ambos se denominaban de forma idéntica: “Servicio de gestión de las herramientas audiovisuales y de comunicación del HUVN”.

Respecto al primer contrato solicitado (2006) por el Portal de Transparencia, Celia Gómez González(también denunciada por la Asociación), entonces Directora General de Profesionales del SAS, contestó a dicha petición que “dada la antigüedad del mismo, no se encuentra actualmente disponible en los archivos donde almacenaba”. Curiosamente, el expediente de dicho contrato fue posteriormente enviado al Juzgado de Instrucción 4, aunque tuvo que requerir el Juzgado por dos veces que remitieran el expediente administrativo completo y foliado, porque el HUVN demoraba el envío de la documentación, como se verá más adelante.

Cuando se tuvo acceso a toda la documentación, se descubrió que el ex Gerente del HUVN que lo adjudicó era Arturo E. Domínguez Fernández, por lo que debería haberse unido a la lista de querellados, lo cual ha sido evitado por la UDEF, que no lo mencionó en su informe ni le tomó declaración, así como por la Fiscalía y el Juzgado, que han mirado para otro lado al no analizar dicho contrato. Como ha sido ocultado el expediente desde que llegó al Juzgado, la Asociación ni siquiera ha podido ampliar la querella con ese contrato de 2006.

Lo que resulta muy sospechoso es que el expediente del contrato de 2008 que remitió la Directora Gerente del HUVN, Pilar Espejo Guerrero, al Juzgado 4 de Granada, tenía menos documentos que los obtenidos por la Asociación por el Portal de Transparencia, tal como indicó la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Policía Nacional) en su informe. No obstante, este detalle tampoco ha sido tenido en cuenta ni por el Juzgado ni la Fiscalía: la ocultación de documentos por la Junta de Andalucía.

Ilegalidades acreditadas en los contratos de 2006 y 2008 del HUVN.

Les resumo algunas de las graves ilegalidades detectadas en ambos contratos, siguiendo la Guía de Fiscalización de la propia Intervención General que utilizan los funcionarios interventores en la Administración de la Junta de Andalucía, que no han sido tenidas en cuenta por la Fiscal del caso, Cristina Sánchez Ramos, ni por el Juez Antonio Moreno Marín:

1ª) Carecían ambos contratos de justificación sobre la insuficiencia, falta de adecuación o conveniencia de no ampliar los medios materiales y personales del HUVN, es decir, la justificación de la necesaria externalización del trabajo en vez de reforzar la Subdirección de Comunicación del HUVN con personal propio. Curiosamente, aunque existía una Subdirección de Comunicación y Relaciones con el Ciudadano en el HUVN, ocupada esos años por Celia Arroyo López, esta no aparece en ningún documento de los contratos. La persona que aparece proponiendo los contratos es Martín Blanco García, Director de Servicios Generales del HUVN. La UDEF incluso ha indicado en su informe la ausencia de una Memoria Justificativa en el expediente remitido por el HUVN.

2ª)Carecen ambos contratos delpreceptivo informe favorable de la Dirección General de Comunicación Social, tal como establece el Decreto 461/2004, al tratarse de contratos sobre “Comunicación”. El hecho de no haberlo solicitado supone un indicio más de cómo evitaban ser controlados por otros órganos.

3ª) En los Pliegos de cláusulas administrativas particulares no se establecieron los aspectos económicos y técnicos que debían ser objeto de negociación con la empresa, dejando desprotegido el interés públicoal no asegurar una correcta negociación con el adjudicatario (así lo tiene establecido en varias resoluciones el Tribunal de Cuentas). Para colmo, ni siquiera hubo negociación, como así se refleja en las Actas y lo hace constar la UDEF en su informe para el contrato de 2008.

4ª) Los trabajos a realizar en ambos contratos eran los mismos, hasta el punto de que los Pliegos de Prescripciones Técnicas eran idénticos, salvo que en uno se indicaba que era la “puesta en marcha” (el de 2006) y en el otro se indicaba el “seguimiento” (2008). ¿Por qué no se prorrogó el contrato de 2006, si era más ventajoso para la Administración en cuanto al precio que el de 2008? No fue así, y lo que se hizo fue doblar el precio, y tramitado por un procedimiento ilegal. Ni la UDEF, ni la Fiscalía ni el Juzgado han analizado esta circunstancia.

5ª)Ambos contratos tenían la misma denominación, objeto y duración, y aunque su precio se valorase a tanto alzado, debían haberse justificado los precios en función de los precios del mercado, conforme establece la Ley, lo cual tampoco consta. El de 2006 se pagó mensualmente a 2.445 euros (IVA incluido), mientras que el de 2008 se pagó al mes a 4.988 euros (el doble), sin justificar siquiera esa excesiva elevación del precio, aunque la legislación de contratos lo exigía.

Por cierto, en la relación de pagos del contrato de 2006 se supera ampliamente el plazo de duración del año, por lo que debe entenderse que también se prorrogó. Sin embargo, no aparece ningún documento de prórroga en la documentación remitida por el HUVN.

Todos estos hechos ni siquiera se han investigado o analizado por la UDEF, la Fiscalía o el Juzgado, algo inexplicable salvo que el trabajo realizado por estos sea negligente o se esté intentando tapar la corrupción obstaculizando la labor de la Asociación en su lucha contra esa lacra.

6ª) El contrato de 2008, que tenía una duración de 1 año, tenía prevista una prórroga por otro año. Sin embargo, se superó la duración prevista para la prórrogas sin justificarlo (sólo se permitía un año de prórroga, y tras su finalización, se prorrogó dos veces más por 8 y 5 meses de duración cada una, hasta finalizar el 30-11-2011). Como sí indicó la UDEF en su informe, cabe además considerar que hubo un evidente fraccionamiento del contrato, a fin de evitar el procedimientocon publicidad.

Sin embargo, la fiscalCristina Sánchezyel juezAntonio Moreno, hacen una interpretación no acorde con la Ley, evitando con ello investigarlo.

7ª)No debió emplearse el procedimiento de negociado sin publicidad. Si el contrato era necesario para tantos años (desde la adjudicación del contrato de 2006 hasta el final de las prórrogas, transcurrieron casi 5 años), debió tramitarse con publicidadpara que cualquier empresa hubiera podido presentar ofertas. Incluso el valor estimado del segundo contrato obligaba a tramitarlo como negociado con publicidad. Estaba claro que el adjudicatario estaba predeterminado, como lo prueba también las empresas invitadas.

Sin embargo, la fiscal del caso y el juez han realizado una interpretación no acorde con la Ley, evitando con ello profundizar en las investigaciones.

8ª) De las tres empresa invitadas a ofertar, dos de ellasNOtenían como objeto social el objeto del contrato, y obviamente renunciaban a presentar ofertas.

En el contrato de 2006 se invitaron a tres empresas a que presentaran sus ofertas: a la empresa de Juan Pérez, a la empresa Maja Sistem, SLL, y a un particular, Julio Palacios Parreño (Instalaciones Técnicas JP), que a su vez era Administrador mancomunado de la otra empresa invitada, Maja Sistem, SLL. Los dos últimos renunciaron a ofertar, actuación típica de los contratos amañados. ¿Saben ustedes cuántas empresas del sector de comunicación y periodismo existían y que podían haberse invitado a ofertar? Pero esto hubiera supuesto actuar conforme a Ley, y todos los indicios acreditados apuntan a lo contrario.

Por cierto, a Julio Palacios Parreño le fue adjudicado también por el HUVN un contrato en 2008, negociado sin publicidad, denominado “Servicio de mantenimiento de instalaciones y de redes informáticas”, que como se deduce, nada tiene que ver con el sector de la comunicación y edición de revistas, propio del periodismo. También tiene adjudicado otros contratos por el HUVN, y se está investigando por la Asociación, dado quela UDEF, la Fiscalía y el Juzgado no han realizado el necesario trabajo de investigación para defender el patrimonio de la Junta de Andalucía.

Lo grave del asunto es que en el contrato de 2008 se volvió a invitar a la empresa Maja Sistem, SLL (siendo Julio Palacios Parreño uno de sus Administradores mancomunados) sabiendo el HUVN que había renunciado a presentar oferta en la invitación efectuada en 2006, y a otra empresa que luego aparecería de nuevo en la segunda querella presentada por la Asociación: se trata de Eurocontrol, S.A.

En esta última empresa trabajaba como Director de Consultoría el hermano de José Luis Gutiérrez Pérez, ex Gerente del SAS (fue nombrado por María Jesús Montero Cuadrado, la actual Ministra de Hacienda en funciones, y que fue su pareja sentimental). Y en este expediente de 2008 volvió a pasar lo mismo que en 2006: ambas empresas renunciaron a ofertar menos la de Juan Pérez Raya, con el agravante que los objetos sociales de ambas empresas no se correspondían con el objeto del contrato.

9ª) La edición de la RevistaCiudadSalud, que publicaba el HUVN, era uno de los supuestos objetos de ambos contratos de 2006 y 2008, y se venía haciendo desde el año 2003. En el número 2 (mayo-julio 2004) de dicha Revista, aparece en el Comité Editorial el entonces Gerente del HUVN, Arturo Domínguez, Martín Blanco y otros. Aunque en este número todavía no era Celia Arroyo la Subdirectora de Comunicación del HUVN, aparecería como miembro del Comité en los siguientes números, una vez que fue nombrada. Lo importante a resaltar de ese número 2 es que aparece en esa página como Diseño Editorial y Coordinación: Nearco. Sin embargo, esta empresa de comunicación no fue invitada para presentar ofertas.

En la web de Nearco (http://www.nearco.org) puede comprobarse que dicha marca comercial corresponde a la empresa Estrategias de Posicionamiento y Crisis, S.L., apareciendo como “socio fundador” Agapito Pageo Ruzafo. Según tiene publicado, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y ha sido Director General de la Junta de Andalucía. Llama la atención que el 24-11-2005, el HUVN le adjudicó a dicha empresa un contrato (BOJA de 24-04-2006) por un importe de 90.156 euros, y el objeto era “Consultoría y asistencia para la elaboración de un plan estratégico de posicionamiento para el Hospital”. Se desconoce si este contrato guarda alguna relación con la edición de la Revista Ciudad-Salud, dado que ni la UDEF ni la Fiscalía ni el Juzgado han investigado nada sobre el contrato de 2006 con la empresa de Juan Pérez y sobre quiénes editaban la revista anteriormente y que no fueron invitados al contrato de 2006.

10ª) En los expedientes remitidos al Juzgado por el HUVN faltan documentos esenciales: los documentos presentados por la empresa de Juan Pérez con las ofertas económicas y técnicas, así como la documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica de dicha empresa.

Quisiera llamar la atención sobre este extremo, porque precisamente este año pasado, la Diputación Provincial de Granada inadmitió una oferta de la misma empresa de Juan Pérez por no acreditar su aptitud y la solvencia técnica, y aunque lo recurrió, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública lo ha desestimado (Resolución nº 10/2018), entre otras razones, por no presentar certificados de realización de trabajos similares anteriores, no acreditando ni su aptitud ni su solvencia técnica, hasta el punto de constatar que las cuentas de la empresa ni siquiera se habían inscrito en el Registro Mercantil.

¿Pueden entender ustedes que la Fiscal del caso, la UDEF de la Policía Judicial y el Juez del Juzgado 4 ni siquiera hayan solicitado para los contratos de la querella esos documentos esenciales para contratar con la Administración, y ni siquiera han analizado en sus informes ni en el Auto declarando el sobreseimiento la ausencia de los mismos? Esto, a mi juicio, sobrepasa la negligencia inexcusable.

11ª) También faltan la actas de las Mesas de Contratación celebradas, documentos básicos para la investigación.

12ª) Igualmente faltan las actas e informes de las Comisiones de Seguimiento de los trabajos, de elaboración obligatoria según los Pliegos de ambos contratos.

13ª)No constan en los expedientes las facturas de ambos contratosni las actas de recepción parcial para poder efectuar los pagos mensuales, pero a la UDEF, la fiscal y el juez no les ha importado nada.

14ª)Falta toda la documentación de las prórrogas del contrato de 2008, sus justificaciones, facturas, informes de seguimiento, etc.

Aunque todas estas carencias de documentos y las graves ilegalidadesno han sido tenidas en cuenta ni por la Fiscalía ni por el Juzgado, la UDEFha suscrito un informe demoledor sólo con el contrato de 2008 y sus prórrogas, que los primeros no han tenido en cuenta.

Tampoco se ha investigado si dichos contratos estaban enmascarando una posible contratación laboral. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ha advertido en muchos de sus informes de estos aspectos sobre contratación y externalización de servicios (entre otros, Informe JIPI00065/14, sobre un contrato tramitado como negociado sin publicidad).

Así funciona la corrupción sistémica. Pero no se preocupen, que para eso está la Justicia y los partidos políticos, para tapar la corrupción de la Junta. Sólo falta conocer lo que dirá la Audiencia Provincial de Granada en relación al recurso presentado por la Asociación para añadir otro capítulo más a este escandaloso espectáculo.

Presentación y tramitación de la querella: las peripecias judiciales.

La querella fue presentada por la Asociación el 26-06-2018 en el Juzgado de Guardia, y se fundamentaba en la comisión de presuntos delitos de prevaricación y fraude en las contrataciones, siendo los querellados inicialmente (podría ampliarse la lista, como se ha mencionado anteriormente):

1º) José Expósito Hernández, ex Gerente del HUVN. También aparece en los documentos de la tercera querella que está preparando la Asociación tras una ardua investigación, donde son numerosas las personas implicadas (altos cargos de la Junta, funcionarios, cargos de entidades privadas, etc.).

2º) Manuel González Suárez, ex Gerente del HUVN (querellado también por la Asociación en la segunda querella presentada por fraude en las contrataciones con otra empresa que, curiosamente, también ha participado en los hechos objetos de la primera querella, Eurocontrol, SA).

Fue Subdirector Gerente del Hospital “Virgen del Rocío” antes de dar el salto a la Gerencia del HUVN, volviendo al Hospital sevillano en 2012 para fusionar los Hospitales“Virgen del Rocío” y “Virgen Macarena”, siendo Gerentes de ambos hasta 2015, pasando en octubre de 2015 a ser Gerente del Hospital privado de San Juan de Dios de Córdoba (antes había dejado suscritas dos prórrogas de un concierto con el Hospital de San Juan de Dios del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, ubicado en Bormujos -Sevilla-, por 4’8 millones de euros), y en 2019 ha pasado a ser Director del Hospital privado “Vithas Nisa” de Sevilla.

3º) Juan Manuel Pérez Raya, propietario de la empresa “PRODUCCIONES AUDIOVISUALES ANDALUZAS S.L.”, constituida en 2003. Al poco de constituirse empezaron los contratos menores y posteriormente los negociados sin publicidad con el HUVN.

La Asociación propuso en su querella la práctica de varias pruebas esenciales para la investigación:

a)Interrogatorio a los tres querellados.

b)Testifical de 9 personas (2 directivos de las empresas y 7 cargos del SAS), que aparecen identificadas en los documentos de los contratos y participaron en ellos. Del SAS, en concreto, eran:

• Martín Blanco García, entonces Director de Servicios Generales del HUVN, y que propone en los dos contratos de 2006 y 2008 a José Expósito la necesidad de la contratación de una empresa para realizar el citado servicio, sin que conste ninguna Memoria Justificativa.
• Emilia Martínez Martínez, entonces Subdirectora de Compras e Inversiones del HUVN, que firma un Acta de la negociación que no se produjo.
• Teresa Gassó Bris, entonces Jefa de Servicio de Compras e Inversiones del HUVN.
• Juan Antonio Duarte Cartas, técnico de función administrativa que figura en el expediente como Secretario de la Mesa de Contratación en agosto de 2008.
• Juan Lorenzo Suárez López, que figura como Secretario de la Mesa de Contratación en septiembre de 2008.
• José Luis Navarro Espigares, que figura como Presidente de la Mesa de Contratación en septiembre de 2008.
• Ángel Luis Casas García, que figura como Subdirector de Contratación Administrativa de la PLS de Granada.

c)Solicitud de varios documentos concretos del expediente.

¿Recibieron alguna o algunas de estas personas implicadas en los expedientes alguna dádiva o beneficio de las empresas implicadas o de otras empresas que celebraron contratos con el HUVN o del propio SAS? ¿Recibieron los empleados de las empresas que no presentaron ofertas (Maja Sistem, Julio Palacios Parreño y Eurocontrol) instrucciones de alguna persona para no hacerlo y favorecer de esa manera a la empresa predeterminada para la adjudicación? En una investigación penal deberían ser preguntas habituales a realizar a todas las personas implicadas. Sin embargo, ni la UDEF, ni la Fiscalía ni el Juzgado han realizado tales preguntas.

El Juzgado no ha practicado ninguna de las pruebas solicitadas en la querella por la Asociación, hasta el punto que los interrogatorios a los querellados los ha efectuado la UDEF, quedando a un margen el abogado de la Asociación, que no ha podido interrogarlos. 

Asimismo, la Asociación solicitó que se adoptaran medidas cautelares personales y de responsabilidad civil sobre los querellados, exigiendo fianza a los mismos. El Juzgado tampoco ha adoptado ninguna medida cautelar.

La querella recayó en el Juzgado de Instrucción nº 4, cuyo Magistrado es Antonio Moreno Marín, y se iniciaron las Diligencias Previas 1364/2018. El 03-08-2018 el Juzgado traslada a la Fiscalía la querella para que informe sobre la admisión de la querella.

El 12-09-2018, la Fiscal Cristina Sánchez Ramosfirma su informe que se resume en estos puntos:

• No se opone a la admisión de la querella.
• Pide que se practiquen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, amén de las solicitadas por los querellantes, y en particular solicita:

a) que el SAS remita el expediente completo, foliado y en su caso autenticado, y en especial el Pliego de Prescripciones Técnicas. No se entiende bien por qué pone énfasis sólo en ese Pliego, pues no menos importante es el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato y el resto del expediente, a la vista de la querella.

b) Que se remita oficio a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial de la Policía Nacional para que realice una investigación.

• Pide que se declare compleja la causa para que pueda ampliarse el plazo de instrucción de 6 meses a 18 meses.

De lo solicitado en este informe de la fiscal a lo manifestado más adelante en su siguiente informe hay una gran diferencia, hasta el punto de pasar por alto que no se practicaran las pruebas propuestas por la Asociación querellante, ni analizara siquiera el expediente del contrato de 2006, o interpretara la legislación de contrato de forma contraria a cómo lo hacen todos los órganos gestores y de control. Como ha sido muy extraña su actuación, cabe preguntarse si recibió órdenes de algún superior.

El 16-10-2018, el Juzgado dictó dos Autos, acordando lo siguiente:

• Admitir a trámite la querella e incoar diligencias previas.
• Acceder a las pruebas solicitadas por la Fiscalía (no dice nada de las pruebas solicitadas por la Asociación).
• Solicitar a la Policía Judicial la averiguación del domicilio y paradero de Manuel González Suárez y Juan Manuel Pérez Raya.
• Dar traslado de la querella a los tres querellados.
• Declara la causa compleja, permitiendo una duración mayor para la instrucción e investigación y evitar que caducasen las diligencias. Quiero destacar esta actuación, porque en la segunda querella que veremos mañana, aunque la investigación era mucho más gravosa, este Juez no declaró la causa como compleja (eran muchos los contratos a analizar).

En la misma fecha de 16-10-2018, la Letrada del Juzgado, Inmaculada Concepción Rey Zamorafirma el oficio solicitando al SAS que remita el expediente administrativo. A su vez envía a la UDEF copia de la querella para que efectúe una investigación de los hechos objetos de la querella.

El 23-10-2018 el abogado de la Asociación solicita al Juzgado que le traslade escrito del Ministerio Fiscal de 12-09-2018. Dos meses después, el 16-11-2018, se dicta Providencia del Juzgado accediendo a lo solicitado para que se haga entrega a la representación de la Asociación de copia del escrito del Ministerio Fiscal.

Dicha Providencia fue notificada un mes después, el 19-12-2018, y no adjuntaba el escrito de la Fiscalía. Más adelante se pedirá de nuevo el informe.

El 17-12-2018, el Magistrado ordena librar oficio al SAS recordando la urgente cumplimentación de lo solicitado el 11-10-2018. Habían transcurridos dos meses, y el SAS no enviaba el expediente administrativo del contrato. Así colabora con la Justicia el HUVN.

El 31-12-2018 la Asociación solicita de nuevo al Juzgado nº 4 copias de las actuaciones, y en particular del Informe emitido por el Ministerio Fiscal el 12-09-2018, y un oficio remitido por la Policía Judicial que se mencionaba en una Providencia del Juzgado.

En respuesta a ello, el 01-02-2019 el Juzgado 4 dicta Auto diciendo que el informe del Fiscal de 12-09-2018 está en el Juzgado a nuestra disposición, sin trasladar copia del mismo, como suele ser habitual en otros Juzgados (de hecho, el Juzgado de Instrucción 9 que tramitaba la segunda querella ha ido trasladando a la representación de la Asociación copias de todos los escritos –UDEF y Fiscalía-, salvo el último de la Fiscalía, que nunca remitió).

No obstante lo anterior, más adelante se explica por qué el Juzgado no entregaba por LexNet(aplicación informática de Justicia) copias de los documentos más importantes que fueron incorporándose a los autos judiciales: informes de la Fiscalía, expediente administrativo, oficios e informe de la UDEF.

Antes de dictarse dicho Auto, el 17-01-2019, la Directora Gerente del HUVN, Pilar Espejo Guerrero, había remitido por fin el expediente administrativo al Juzgado, aunque no se conoce la fecha de entrada en el Juzgado. Es decir, desde que se solicitó el 11-10-2018 habían transcurrido más de tres meses, sin consecuencia alguna para los responsables de la demora.

Aquí debo hacer un inciso: en los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, el expediente ha de remitirse en el plazo improrrogable de 20 díasa contar desde que la comunicación judicial haya entrado en el registro general del órgano requerido, con imposición de multas a los responsables si no hacen entrega (claro que en lo contencioso no hay en juego condenas penales para los políticos, solo anulaciones de actos).

Sin embargo, en los Juzgados de Instrucción Penal, el legislador -los partidos políticos- no fija plazos para ello, y permite que la Administración (cuyos cargos ocupan ellos)  actúe a su antojo sin consecuencias.

Como ven, los políticos diseñan las leyes para protegerse de posibles actuaciones contra ellos de Tribunales penales.

Primeras argucias del Juzgado 4 para ocultar documentación y obstaculizar a la Asociación su labor como parte querellante.

El 30-01-2019, justo antes de dictarse el Auto de 01-02-2019 mencionado, la Letrada del Juzgado hizo entrega a la UDEF del expediente remitido por el HUVN (lo acredita una Diligencia de entrega), sin quedarse copia del expediente en el Juzgado. De esta forma, cuando la representación de la Asociación fue al Juzgado tras recibir el citado Auto a hacer copias de los autos judiciales, ya no constaba el expediente de los contratos remitido por el HUVN, alegando el Juzgado que se los habían entregado a la UDEF. Así empezaron las argucias en el Juzgado para que la Asociación no tuviera acceso a la documentación, ocultando y obstaculizando su labor como parte querellante.

Respecto a los datos personales solicitados por el Juzgado al HUVN sobre el querellado Manuel González Suárez, la entonces Gerente del HUVN, Pilar Espejo, se limitó a adjuntar un certificado firmado el 14-01-2019 por la entonces Subdirectora Económica Administrativa del HUVN (hoy figura en la web del HUVN comoDirectora de Recursos Humanos), Marina Salido Hidalgo, únicamente con los datos de las fechas en las que estuvo Manuel González Suárezcomo Director Gerente del HUVN (desde 5 de abril de 2010 hasta el 31 de octubre de 2012).

Sin embargo, Marina Salidono  aportó ni uno solo de los datos personales solicitados por el Juzgado, los cuales sin duda constan, entre otros, en el Sistema de Información de Recursos Humanos del SAS (GERHONTE), y en el Registro de Directivos creado por el SAS mediante el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, amén de otros archivos existentes en el HUVN.

¿No podrían considerarse estas actuaciones anteriores como obstaculización a la Justicia por parte de responsables del HUVN? Para el Juzgado de Instrucción 4 de Granada parece ser que no, dado que se conformó con el mencionado certificado, iniciando otras actuaciones.

Al no obtener los datos del querellado (llama la atención en lo que tardan en obtener los datos para querellados con privilegios, y qué poco para el común de los mortales), la Letrada del Juzgado, Inmaculada Concepción Rey Zamora, solicita de nuevo a la Policía Judicial mediante oficio firmado el 14-02-2019 (ya lo había hecho el 18-10-2018), que averigüe el paradero del querellado Manuel González Suárez. El 18-02-2019 firma la Policía Judicial un oficio anunciando que esta persona tiene su dirección en Sevilla.

El 15-03-2019 firma una Providencia el Juez Antonio Moreno por la que une el oficio de la Policía de 18-02-2019 y se queda a la espera del informe de la UDEF en relación a la querella. No obstante, el 19-03-2019 firma otra Providencia, recordando a la UDEF el cumplimiento del oficio de 11-10-2018 solicitando el informe, y la Letrada del Juzgado le remite oficio a la UDEF.

Con fecha 19-03-2019 se dirige también Exhorto al Decanato de Sevilla para dar traslado del Auto de 16-10-2018 de la admisión de la querella y la querella a Manuel González Suárez. Habían transcurrido más 9 meses desde que se interpuso la querella por la Asociación, y todavía no se había comunicado oficialmente a este querellado.

¿Está el nuevo Gobierno del PP y Cs ayudando a los querellados, sin defender el patrimonio de la Junta de Andalucía?

Por fin, el 10-04-2019 toma declaración la UDEF a dos querellados, al empresario Juan Pérez y al ex Gerente del HUVN Manuel González, y el 16-04-2019 toma declaración al otro querellado, José Expósito. Lo curioso del caso es que ambos ex Gerentes fueron asistidos por una Letrada del SAS, María Ángeles Barbar Ruiz, se supone que siguiendo instrucciones de sus superiores del nuevo Gobierno del PP y Cs.

Mientras que en el caso de los ERE, los Letrados de la Junta se han personado en las causas y han actuado como acusación particular en representación de la Administración andaluza, en la querella de la Asociación los Letrados de la Administración andaluza no se han personado para defender el patrimonio de la Junta de Andalucía, sino al contrario, para ponerse al lado de los querellados, aun conociendo el SAS las graves ilegalidades cometidas con las contrataciones del HUVN.

Por cierto, en la declaración del ex Gerente del HUVN a la UDEF, José Expósito Hernández, este manifestó que las invitaciones a las dos empresas que no tenían relación con el objeto del contrato fue responsabilidad del Servicio que Teresa Gassó dirigía (hoy es la nueva Directora de la Plataforma Logística Sanitaria de Granada). Les dejo con el extracto de dicha declaración:

A la vista de la actuación del SAS con su Letrada, María Ángeles Barbar Ruiz no resulta descabellado pensar que el nuevo Gobierno andaluz está intentando taparlo todo, quizá con la intención de evitar dar la razón a la Asociación y así debilitarla y restarle credibilidad, dado el interés de todos los partidos políticos en desactivarla, al no depender económicamente de ninguna Administración Pública ni de este régimen partidocrático, o también quizá para utilizar los hechos como “moneda de cambio” a utilizar con el PSOE andaluz (“me ayudas a cambio de no perseguir tus ilegalidades”).

No obstante, tengan en cuenta también que, a la vista de las actuaciones, la Letrada del SAS podía haber propuesto también a sus Letrados Jefes actuar en defensa del patrimonio de la Junta acusando a los ex directivos del HUVN, pero no parece que haya sido así. Entre pillos anda el juego.

Segunda argucia del Juzgado que impedía a la Asociación el acceso a los autos judiciales.

El 07-05-2019 el Juez Antonio Moreno firma una Providenciauniendo el informe de la UDEF(firmado a 26-04-2019) y ordenando traslado del mismo al Ministerio Fiscal para que informe. Entra el 08-05-2019 en la Fiscalía, es decir al día siguiente. La Asociación recibe la notificación de dicha Providencia el mismo día por la tarde, a las 16:56 h. Al tener conocimiento de la entrega del informe de la UDEF a través de la Providencia, la representación de la Asociación intenta en el Juzgado obtener copia del Informe de la UDEF, pero ya se lo habían entregado a la Fiscalía, alegando el Juzgado que esta tenía todos los autos judiciales y no se habían quedado con copia, y que hasta que no los devuelva la Fiscalía con su informe, la Asociación no podrá tener acceso a los autos judiciales. Para acreditarlo, les dejo con la imagen de la Providencia y los sellos de entrada en Fiscalía el 08-05-2019 y entrada de vuelta al Juzgado con el informe el 02-09-2019:

El 05-07-2019, la Letrada del Juzgado reclama los autos a la Fiscalía, dado el tiempo transcurrido. El 02-09-2019, la FiscalCristina Sánchez Ramos remite su informe al Juzgado y devuelve los autos judiciales, solicitando el sobreseimiento con unos argumentos insostenibles (teoriza sobre las Leyes, pero no entra a analizar los hechos concretos), especialmente con unas interpretaciones absurdas de la legislación de contratos no conformes a Ley, sin mencionar ni analizar el contrato de 2006 (clave para las investigaciones) y sin desvirtuar el informe demoledor de la UDEF referido sólo al contrato de 2008 (se desconoce por qué no tuvo en cuenta el de 2006). Todas estas actuaciones se realizaron sin comunicar nada a la Asociación.

Por cierto, la Fiscal Cristina Sánchez manifiesta en su informe lo siguiente: que aunque la UDEFmantenía que el contrato de 2008 no podría haber sido tramitado por el procedimiento negociado SIN publicidad, sino sólo como negociado CON publicidad (y tiene toda la razón), al constar en el expediente el informe de un Letrado del SAS que informó favorablemente la contratación, se deduce que no existe fraccionamiento. Es decir, por el solo hecho de que un Letrado de la Junta informe favorable, no puede discutirse la legalidad de un acto. ¡Manda narices! ¡Pues anda que no hay Letrados procesados penalmente, empezando por Francisco del Río Muñoz, el ex-Jefe de todo el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en el caso ERE, por un presunto delito de prevaricación!

Con ese sin sentido, argumenta la fiscal los pocos hechos expuestos en su informe, equivocándose incluso en la interpretación de la legislación de contratos.

En la siguiente publicación de este reportaje podrán comprobar cómo el informe de esta Fiscal fue, para colmo, literalmente copiado (los plagios están de moda) en su mayoría por la Fiscal encargada de la segunda querella de la Asociación, hasta el punto de poner datos de la primera querella y emplear argumentos inconexos, lo que podría apuntar a cierta “confabulación” en la Fiscalía de Granada ante esta inexplicable actuación.

El 05-09-2019 el Juez Antonio Moreno Marín firma un nuevo Autohaciendo suyos los argumentos de la Fiscalía y acordando el sobreseimiento provisional y archivo de la causa.

Debe remarcarse que este mismo Juez del Juzgado 4 conocía la segunda querella presentada por la Asociación porque sustituyó al Juez del Juzgado de Instrucción nº 9 durante unos meses, llegando incluso a firmar el Auto de admisión de esa segunda querella el 08-05-2019, en la cual aparece también como querellado el ex Gerente del HUVN, Manuel González Suárez. No parece que le haya llamado la atención que aparezca el mismo cargo como querellado en ambas diligencias, evitando una investigación más profunda. ¿Por qué existirá ese temor a tirar del hilo?

Tercera argucia del Juzgado para impedir a la Asociación el conocimiento de los autos judiciales.

El 09-09-2019, el Juzgado notifica a la Asociación el Auto de sobreseimiento provisional fechado a 05-09-2019, a las 14:32 h., por LexNet, recibido por la representación de la Asociación a las 16:11 h, otorgando un plazo de 3 días para el recurso de reforma ante el mismo Juzgado.

Al día siguiente por la mañana se persona la representación de la Asociación en el Juzgado para conseguir por fin una copia de todos los autos judiciales (impedido durante todo el procedimiento), y el Juzgado indica de nuevo que la Fiscalía se ha llevado los autos y no están disponibles porque no tienen copia. Esa misma mañana se dirige la representación de la Asociación a la Fiscalía para obtener copia de los autos, dado que el plazo de tres días discurría, y una vez en Fiscalía le manifiestan que hasta el día siguiente no estará disponible en el Juzgado.

Por fin, el 11-09-2019 por la mañana (sólo quedaba día y medio para presentar el recurso de reforma ante el Juzgado), la Asociación consigue obtener la copia escaneada de los autos judiciales (732 folios), obteniendo el acceso a los documentos ocultados durante meses.

Aunque en el recurso de reforma la Asociación alegó la obstaculización relatada, el Juzgado lo ha negado sin acreditarlo, dictando un Auto que desestima el recurso de reforma. Por ello, la Asociación ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada, con numerosas alegaciones, ante lo que es considerado una vulneración patente del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, entre otras infracciones. Y si lo archivan, seguiremos subiendo la instancia judicial, hasta demostrar ante la ciudadanía lo que son: unos hipócritas y farsantes que han dado la espalda al pueblo español y a la Ley.

Conclusiones del Informe de la UDEF de la Policía Nacional.

Limitándose al contrato de 2008, dado que ni siquiera ha analizado el contrato de 2006 ni el resto de contratos menores (entonces el informe hubiera sido mucho más demoledor), la UDEF en su informe de 70 páginas más los Anexos, manifiesta con claridad que se han perpetrado los delitos mencionados. Para llegar a esa conclusión, indica lo siguiente, entre otras consideraciones:

- “El análisis realizado revela una concatenación de indiciosque, unidos, infieren una presunta confabulación entre el órgano de contratación del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y el responsable de la empresa PRODUCCIONES AUDIOVISUALES ANDALUZAS S.L., adjudicataria del contrato, coordinando personas y medios de la forma más adecuada para conseguir un fin, que no es otro que la adjudicación presuntamente irregular”.

- “Uso torticero del procedimiento de adjudicación Negociado sin Publicidad”.

- El precio total del contrato, finalmente, fue de 185.674 euros. “De haberse tenido en cuenta este artículo– se refiere al 76 de la extinta LCSP- el contrato no podría haber sido licitado por el órgano de contratación por el procedimiento Negociado sin publicidad, al resultar su importe superior a los 60.000 euros máximos estipulados en la Ley, debiendo en este caso haber sido licitado por el procedimiento Negociado con Publicidad.

Este comportamiento podría obedecer a una estrategia utilizada por el responsable del órgano de contratación, con el fin de evitar la publicidad del contrato (al tratarse de un Negociado sin Publicidad) y de este modo beneficiar a la empresa finalmente adjudicataria, incurriendo además en un FRACCIONAMIENTO INDEBIDO del contrato, prohibido por la Ley”.

- “los objetos sociales de dos de las empresas invitadas y que posteriormente renuncian a participar en el proceso, nada tienen que ver con los fines y objeto del contrato”.

- Todo lo que expone, unido al hecho de “que el único criterio de adjudicación del contrato fuese el precio más bajo, INDUCE A PENSAR que la adjudicación de este contrato estaba AMAÑADA DESDE SU INICIO, siendo por tanto un TRAJE A MEDIDA para la empresa finalmente adjudicataria”.

No hace falta ser un gran investigador ni estudiar Derecho para darse cuenta que el adjudicatario de ambos contratos de 2006 y 2008 estaba predeterminado.

Sin embargo, la Fiscal del caso, Cristina Sánchez Ramos, alega en su informe que al participar tantas personas en el expediente implicaría necesariamente el concierto de las voluntades de todas ellas y que este extremo no ha quedado acreditado, aunque la UDEF haya manifestado en su informe justo lo contrario. ¿Lo que pretende decir la fiscal es que para apreciar ese “concierto de voluntades” es necesario un documento autoinculpatorio firmado por todas esas personas? Si todos los indicios apuntan a la existencia de una confabulación, ¿no será precisamente practicando las pruebas y tomando testimonios a los querellados y testigos propuestos por la parte querellante la manera de demostrarse, que es justo lo que no ha solicitado en su informe final?

Si esta es la forma de luchar contra la corrupción del Ministerio Fiscal, está muy claro que el régimen partidocrático acabará asolando a España. Ya lo dijo Pedro Pacheco con su famosa frase, “la Justicia es un cachondeo”, a mi juicio muy razonable, no sólo por lo ocurrido en este caso, obviamente, que es uno más de tantos. Ya verán que lo ocurrido con la siguiente querella va en la misma línea.

Está claro que a los ciudadanos sólo nos queda aplicar el “Código Social”, porque cuando se trata de aplicar el Código Penal a políticos y a sus afines empresarios y demás compinches, de nada sirve. Si ellos se atrincheran con sus manejos y argucias, a los ciudadanos sólo nos queda aplicar dicho “Código Social” no escrito, imponiendo las penas que más les puede doler: la pena social, la de señalar sus vergüenzas y sus manipulaciones acreditándolo públicamente con datos, documentos y nombres y apellidos. Nada sale gratis.

¿A qué dedica su tiempo el Presidente del TSJA, Lorenzo del Río, aparte de utilizar una vivienda cuyo alquiler es pagado por la ciudadanía? ¿A gastar 70 euros de nuestro dinero por unos cafés? Y respecto al CGPJ y la Fiscalía General del Estado: ¿que más necesitan para entrar con “zotal” en los Juzgados y Fiscalía de Granada?

Continuará…(en la 4ª parte, con contratos amañados que afectan a altos cargos de la Sanidad andaluza, y cómo la UDEF, la Fiscal y el Juzgado nº 9 no han investigado nada)

El escandaloso caso de la querella que afecta a la actual Ministra de Hacienda en funciones y al ex Gerente del SAS (4ª parte)

November 6, 2019, 8:30 pm

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Un reportaje de Luis Escribano

Los hechos y documentos de esta cuarta parte del reportaje constatan una posible confabulación o negligencia inexcusable en la Fiscalía y Juzgado de Instrucción nº 9 de Granada

Tanto unos como otros han evitado de forma injustificable la investigación judicial del caso que afecta a la Ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero (fue Consejera de Salud); al exgerente del SAS, José Luis Gutiérrez (pareja sentimental de la anterior); al exViceconsejero de Salud, Martín Blanco, y a otros implicados

La fiscal del caso, Montserrat Luque Molina, ha plagiado el informe de otra fiscal de Granada, y como consecuencia expone preceptos legales derogados, datos de otra querella y argumentos inaplicables

El Juzgado de Instrucción nº 9, cuya titular es Rosa María Ginel Pretel, ha evitado practicar pruebas esenciales, y la UDEF ha realizado un informe sin el necesario celo profesional, excusándose en que no le remitieron la documentación a investigar

 

5.- Segunda querella presentada por la Asociación “Justicia por la Sanidad” por fraude en contrataciones.

Si en la tercera parte del presente reportaje analizábamos la querella criminal presentada por la Asociación “Justicia por la Sanidad”, referida inicialmente a un contrato claramente amañado y sus prórrogas, en este segundo caso de corrupción el asunto se refiere a varios contratos y sus prórrogas, adjudicados a la empresa EUROCONTROL, SA, con muchas más personas y centros sanitarios de la Junta de Andalucía implicados, como el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves” (HUVN, que es recurrente), la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), y las Fundaciones Públicas sanitarias FIBAO y FISEVI.

La resolución del caso podría afectar políticamente a la actual Ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero Cuadrado, dado que el caso afecta al hermano de José Luis Gutiérrez Pérez, al que propuso como Gerente del SAS (BOJA del 25-04-2008) nada más ser nombrada Consejera de Salud (se mantuvo de Gerente del SAS hasta 2014), siendo además su pareja sentimental (desconozco si siguen juntos).

El hermano del entonces Gerente del SAS, Francisco Javier Gutiérrez Pérez, era el Director de Consultoría y Gestión en la empresa adjudicataria de todos los contratos, Eurocontrol, SA.

José Luis Gutiérreznombró en 2011 como nuevo Director Económico-Administrativo del HUVN a Santiago Lanzarote Campos, que firma las Memorias supuestamente justificativas de los contratos. Debido a estos contratos (2 de ellos se adjudicaron en 2012, y otros 2 el mismo día de 2015), la prensa publicó varios artículos en 2015 y 2017 sobre el asunto, que llegó incluso al Parlamento de Andalucía donde los grupos de la oposición utilizaron el asunto para “quemar” políticamente al PSOE.  Pero ahí quedó la cosa: ni la Fiscalía actuó de oficio, ni ningún partido político dio el paso de denunciarlo en los Tribunales (ni siquiera lo hicieron en la Fiscalía). Así luchan todos los partidos contra la corrupción: todo de cara a la galería y de asaltar el poder.

Ahora el nuevo Gobierno del PP y Cs tiene la oportunidad de investigarlo y denunciarlo todo, pero como ya es sabido, “entre corruptos anda el juego”, y todos tapan las corrupciones de los demás, pues suelen utilizarlo como “moneda de cambio” para sus chanchullos (ya saben, “afloja tu acusación, y yo no saco este asunto”, o “nos repartimos el pastel juntos”, “si contratas a mi familiar o amigo, no saco este asunto”, etc.). Quien no conozca los entresijos de la corrupción sistémica, le costará trabajo entender el alcance que tiene un régimen partidocrático.

Si lo ocurrido con la UDEF, la Fiscalía y el Juzgado 4 en la anterior querella, ya era impropio de un poder judicial que dice ser “independiente”, los hechos ocurridos en esta nueva querella en el Juzgado de Instrucción 9 de Granada son muy graves. Pero vayamos por paso.

Investigación de la Asociación sobre las contrataciones adjudicadas a la empresa Eurocontrol, SA.

A la vista de las publicaciones periodísticas del año 2015 y posteriores (aquí tienen vínculos a algunas de ellas: Noticia 2015, Noticia 2015, Noticia 2017), y del Informe de la Cámara de Cuentas que apuntaba la existencia de numerosas e importantes irregularidades, en especial a la falta de transparencia de los procedimientos negociados sin publicidad en la EASP, donde estuvo de Gerente el ex-Viceconsejero de Salud Martín Blanco, la Asociación observó que la tramitación de esos expedientes podrían ajustarse al mismo esquema utilizado con los contratos de la primera querella, coincidiendo muchas de las personas implicadas.

Por ello, solicitó a la Junta de Andalucía copias de los expedientes de los contratos (los tramitados por el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves”, HUVN), así como los pagos realizados por el SAS y entes instrumentales sanitarios a la empresa Eurocontrol, SA. Esta empresa alegó en los procedimientos iniciados con arreglo a la Ley de Transparencia, oponiéndose a que se entregara la documentación solicitada, pero finalmente fue entregada una parte (no estaba completa, es decir, el SAS ha ocultado parte de los expedientes).

Hay que resaltar que la Asociación solicitó el 6-08-2018 a la Consejería de Salud “Copia de todos los documentos que integran el expediente administrativo de contratación número 10/2009”, adjudicado por FIBAO también a Eurocontrolpor importe de 43.102,92 euros, respondiendo su Presidente, José Luis Salcedo Lagullón, que el expediente fue eliminado con el traslado de la Fundación desde el HUVN hasta el antiguo Hospital San Cecilio. Pero ni la UDEF, ni la fiscal del caso, ni el Juzgado, han investigado acerca de los contratos de FIBAO ni de la EASP.

De los más de 4’4 millones de euros que el SAS y otros entes sanitarios de la Junta pagaron a Eurocontrol, SA, en toda Andalucía para el periodo 2003-2018, según los datos facilitados por la Junta de Andalucía a la Asociación, los centros sanitarios de Granada pagaron aproximadamente un 64,25 %  del total de ese gasto. De esa cantidad, el HUVN pagó a dicha empresa 642.861,47 euros (periodo 2004-2011), mientras que la Plataforma Logística Sanitaria de Granada pagó 999.559 euros en el periodo 2011-2018.

Asimismo, la EASP de Granada pagó a Eurocontrol, SA, en el periodo 2004-2017 un importe de 363.254 euros, y FIBAO pagó en el periodo 2004-2017 un importe de 234.541,24 euros.

Sólo este dato, el elevado porcentaje facturado en Granada, en comparación por ejemplo con Sevilla (sólo del 16’23% del total) llamaría la atención de cualquier investigador, por muy mediocre que fuera, especialmente teniendo en cuenta las relaciones de Eurocontrol con Martín Blanco García a través del Observatorio OMARS (Javier Gutiérrez, el Director de Consultoría de Eurocontrol, era también Coordinador Técnico de OMARS) y de la asociación AGACS (Asociación Española de Gestión Ambiental en centros Sanitarios, fundada por Martín Blanco en 2001), y que el ex Viceconsejero de Salud, Martín Blanco, participó en la mayoría de los contratos que constan en los autos judiciales, tanto en el HUVN como en la EASP y FIBAO.

Además, uno de los cargos que aparecen en los contratos adjudicados a Eurocontrol es Emilia Martínez Martínez, que fue nombrada Coordinadora General de OMARSen noviembre de 2012, siendo Presidente Emiliano Nuevo Lara (al que dediqué otro artículo en EDL) y el Director Técnico Javier Gutiérrez (Eurocontrol).

Además de OMARS y AGACS, también coincidían algunos de los implicados en la primera y segunda querella en otra Asociación: FORO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, constituida en Motril (Granada). Como informó el periodista Leo Rama en el diario ABC en 2017 (Noticia ABC), el presidente de esta entidad es Emiliano Nuevo Lara, que fue Gerente del Hospital Regional de Málaga y, desde 2012, presidente de OMARS, y ocupó también cargos en el HUVN.

El que fue en su día Gerente del HUVN, Arturo Domínguez Fernández (firmante del contrato de 2006 con la empresa de Juan Pérez Raya, y posible nuevo querellado por la Asociación si la Audiencia Provincial de Granada decretase que continuaran las diligencias de investigación de la primera querella) es vocal del FORO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, en el que además se encuentran varias de las empresas de OMARS, como Eurocontrol. Además, figura como Tesorero otra persona cercana a Javier Gutiérrez, Santiago Lanzarote Campos, que ha sido Director de Gestión y Servicios del HUVN, y que tal como informó el periodista Leo Rama en el diario ABC, fue “el área desde la que Martín Blanco autorizó la compra de medicamentos con sobrecostes”.

Observen los nombres de las personas que aparecen en esta Comunicación Técnica:

Fue tal la vinculación entre ellas, que la técnica de medio ambiente de Eurocontrolque aparece en la imagen de dicha Comunicación, Begoña Navarro Cuesta, acabó siendo contratada por FIBAO en 2010 (con dinero del HUVN), participando en la Comisión de evaluaciónMartín Blanco García, como Subdirector-Gerente de Gestión y Servicios, y Mª Jesús González Callejas, técnica asesora de la Dirección de Servicios Generales. En 2016, FIBAO volvió a contratar a la misma persona, estando en la Comisión evaluadoraSantiago Lanzarote Campos y de nuevo Mª Jesús González Callejas.

A la vista de todo lo anterior, no parece nada descabellado pensar que existiera un “concierto” entre los implicados en los contratos que a continuación analizaré. Como ya podrán ir suponiendo y veremos más adelante, la UDEF no ha investigado nada ni ha tomado declaración a nadie.

¿Acaso los policías de la UDEF actuantes han recibido órdenes de la superioridad?

Los contratos y sus ilegalidades groseras.

Los cuatro contratos adjudicados a Eurocontrol, SA, por el HUVN fueron los siguientes:

1.- “SERVICIO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SERVICIOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS DEL HUVN, DE LA PPLI DE GRANADA-JAÉN SUR”, Expediente número 12N91030033, adjudicado mediante Resolución de 24 de Julio de 2012, por importe de 29.200 euros (IVA excluido).

2.- “SERVICIO DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CALIDAD EN LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL H.U.V.N. DE LA PPLI DE GRANADA-JAÉN SUR”, expediente número 12N91030032 (197/2012), adjudicado mediante Resolución de 10 de Septiembre de 2012, por el mismo importe de 29.200 euros (IVA excluido).

3.- “SERVICIO DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CALIDAD EN LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA”, expediente número 14N910330123 (Nº 829/2014), adjudicado mediante Resolución de 9 de Febrero de 2015, por igual importe que el anterior, es decir, 29.200 euros (IVA excluido).

4.- “SERVICIO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SERVICIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA”, número 14N920310130 (Nº 832/2014), adjudicado mediante Resolución de 9 de Febrero de 2015, por igual importe que los anteriores, es decir, 29.200 euros (IVA excluido).

Los cuatro contratos inicialmente aportados con la querella fueron tramitados mediante el procedimiento “negociado sin publicidad”. Aunque parezca extraño, todos ellos fueron adjudicados por el mismo importe de 29.200 euros (IVA excluido), sin quedar justificado el precio en los expedientes, obligatorio según la Ley.

Todos tenían una duración prevista de un año, y todos fueron prorrogados por otro año más. En total, se pagó a la empresa Eurocontrol casi 240.000 euros sin el IVA.

La clave del amaño de estos contratos es que sus expedientes seguían siempre el mismo patrón:

-      la falta de justificaciones y de documentos esenciales,;

-      el HUVN siempre invitaba a ofertar en la licitación a las mismas empresas: Eurocontrol, SA, Eurocivil, SL, y una persona física, Jorge Molinero Méndez.

En todos los contratos, Jorge Molinerosiempre renunciaban a presentar ofertas, y Eurocivil no subsanaba la documentación cuando se le requería, por dos motivos fáciles de entender:

-      Eurocivily Eurocontrol eran empresas vinculadas societariamente, y hasta compartían dirección y teléfonos.

-      El objeto social de Eurocivil y la aptitud profesional de Jorge Molinero no guardaban ninguna relación con el objeto del contrato.

Estaba claro que el adjudicatario estaba predeterminadoen todos los expedientes de contratación. Además, si en los contratos de 2012 renunciaron a participar dos veces Eurocivily Jorge Molinero, ¿por qué se les volvió a invitar en los dos expedientes adjudicados en 2015? Téngase en cuenta que los negociados sin publicidad son una excepción a la regla general y debe cuidarse que haya competencia entre empresas para que la Administración no se dañe patrimonialmente.

Lo mismo ocurrió en la Escuela Andaluza de Salud Pública(EASP) en uno de sus contratos, estando Martín Blanco de Gerente, y era tan descarado el asunto que hasta las dos empresas que renunciaron a presentar ofertas (Eurocivil y Jorge Molinero) lo hicieron con textos idénticos, como pueden comprobar en esta imagen:

Lo más grave es que en los expedientes de los contratos suscritos entre la EASP y Eurocontrol, según la documentación obtenida por el Portal de Transparencia, no existen Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sólo Pliegos de Prescripciones Técnicas, y en el contrato de 2010 se siguió (con Martín Blanco de Gerente de la EASP) el mismo modus operandi: invitar a las mismas empresas que en el caso de los cuatro contratos del HUVN, es decir, claramente amañado.

Hay datos que llaman la atención, como por ejemplo que los documentos de ambos contratos de 2012 y los de 2015 con el HUVN tengan las mismas fechas. Así, en los dos contratos del año 2012, la Memoria Justificativa (29 de Marzo), la propuesta o solicitud de inicio del expediente de contratación (30 de Marzo), el Acuerdo de iniciación (30 de Marzo), la Resolución de aprobación de inicio de Expediente de Contratación (25 de Abril) y, hasta el Informe de la Asesoría Jurídica (17 de Abril) y las Invitaciones a las empresas (2 de Mayo), en ambos contratos, son de la misma fecha.

Y con los adjudicados en 2015 ocurre lo mismo, aunque hay un dato relevante: la Ley exige que la aprobación de los pliegos y de los modelos requiere el informe previo del Servicio Jurídico respectivo, y resulta que en los dos contratos, la Comunicación que dirige el Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial, Jorge I. Martín Oviedo, adjuntando los informes, son de fecha posterior a la Resolución de Aprobación del Expediente. Pero hay más: las invitaciones a las empresas se efectúan antes de esa misma fecha (un día antes).

Respecto a las graves ilegalidades cometidas en la tramitación de los expedientes, a continuación se destacan algunas de ellas:

1ª)Carecían los 4 contratos de justificación sobre la insuficiencia, falta de adecuación o conveniencia de no ampliar los medios materiales y personales del HUVN, es decir, la justificación de la necesaria externalización del trabajo, tal como el Gabinete Jurídico de la Junta ha indicado en muchos de sus informes. Por cierto, las Memorias mal denominadas “Justificativas” estaban firmadas por Santiago Lanzarote Campos, nombrado en 2011 Director Económico Administrativo del HUVN por el ex Gerente del SAS, José Luis Gutiérrez.

2ª) En los Pliegos de cláusulas administrativas particulares no se establecieron los aspectos económicos y técnicos que debían ser objeto de negociación con las empresas, dejando desprotegido el interés públicoal no asegurar una correcta negociación con el adjudicatario (así lo tiene establecido en varias resoluciones el Tribunal de Cuentas). De hecho, no existió negociación, y se aceptaron las ofertas de la empresa Eurocontrol.

Además, en los contratos efectuados por la EASP con Eurocontrol, no existen Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sólo PPT.

3ª) De las tres empresa invitadas a ofertar, como ya he mencionado, dos de ellas NOtenían como objeto social el de los contratos, y obviamente renunciaban a presentar ofertas. ¿Saben ustedes cuántas empresas existían y que podían haberse invitado a ofertar, tanto en el ámbito de la calidad como de sistemas de gestión? No tienen más que mirar las numerosas entidades acreditadas por la ENAC en su página web, o las 9 empresas invitadas a ofertar por la Consejería de Justicia en 2014 para otro negociado sin publicidad que adjudicó igualmente a Eurocontrol (contrato nº 2014/000043). Pero esto hubiera supuesto actuar conforme a Ley, y todos los indicios acreditados apuntan a lo contrario en el HUVN y EASP.

4ª) En los expedientes obtenidos por Transparencia faltan los documentos presentados por la empresa Eurocontrol en relación a las ofertas técnicas, así como a la documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica de dicha empresa.

5ª) Igualmente faltan la actas de las Mesas de Contratación celebradas.

6ª) No constan que los trabajos contratados estén realmente realizados mediante las certificaciones oportunas.

7ª)No constan en los expedientes las facturas de los contratosni las actas de recepción parcial para poder efectuar los pagos.

8ª)Falta toda la documentación de las prórrogas de los contratos, sus justificaciones, facturas, etc., y muy especialmente las obligaciones para contratar (certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias, documento acreditativo de haber formalizado una póliza de seguro que cubra las responsabilidades que puedan derivarse de la ejecución del contrato prorrogado, etc.).

Pero veamos por qué existió esta carencia de documentación y cómo actuaron tanto la UDEF, la Fiscalía y el Juzgado.

Tramitación de la querella. Actuaciones de la Fiscalía y la UDEF.

Cuando hubo suficiente documentación con datos indiciarios claros para iniciar la investigación judicial, la Asociación presentó la querella el 30-11-2018, que por reparto recayó en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Granada. Se fundamentaba en la comisión de presuntos delitos de prevaricación y fraude en las contrataciones, siendo los querellados inicialmente los firmantes de los contratos que pudo obtener la Asociación, aunque la situación procesal de algunos participantes o implicados en los contratos podría modificarse a la luz de las investigaciones, las cuales han sido impedidas en las actuaciones judiciales, como veremos a continuación.

Estas son las tres personas querelladas inicialmente:

1ª) Manuel González Suárez, ex Gerentes del HUVN de Granada, también querellado en la anterior querella de la Asociación. Como ya indiqué en la publicación de ayer, fue Subdirector Gerente del Hospital “Virgen del Rocío” antes de dar el salto a la Gerencia del HUVN, volviendo al Hospital sevillano en 2012 para fusionar los Hospitales“Virgen del Rocío” y “Virgen Macarena”, siendo Gerentes de ambos hasta 2015. Hoy es Gerente del Hospital privado “Vithas Nisa” del Aljarafe, en Sevilla.

2ª) Manuel Bayona García, ex Gerente del HUVN de Granada. En la foto del margen aparece junto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río.

Fue nombrado en octubre de 2012 para llevar a cabo el proceso de fusiónde los dos Hospitales de Granada, y fue cesado en noviembre de 2016 tras la multitudinaria manifestación del 16 de octubre de ese año, promovida por el Presidente de la Asociación, Jesús Candel. Antes fue Director Gerente del Distrito Sanitario Costa del Sol y del Distrito Sanitario de Ronda. Hoy es Presidente de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria.

3ª) Francisco Menéndez García, apoderado de EUROCONTROL, S.A., quien suscribe los contratos en representación de la empresa.

Asimismo, para comprobación de los hechos, se proponía en la querella la práctica de estas pruebas esenciales:

1ª) El interrogatoriode los tres querellados.

2ª) La testificalde los cargos públicos que aparecían en los contratos:

- Martín Blanco García, por los contratos de la EASP, solicitando además que sea citado una vez se hayan unido a las actuaciones los referidos Expedientes de Contratación de la EASP, cuyo requerimiento se instaba.

- Santiago Lanzarote Campos, pues presentaba las Memorias Justificativas de los cuatro contratos del HUVN, además de intervenir en la tramitación de los expedientes en diferentes fases.

- María Isabel Várez Álvarez, empleada del Hospital.

- José Francisco Rueda Muñoz, también empleado del Hospital. 

- Emilia Martínez Martínez, como Directora Económico-Administrativa, que es la propone tanto el inicio del Expediente de Contratación, como la adjudicación del contrato a Eurocontrol, S.A.

- Ángel Luis Casas García, Subdirector Económico de Contratación Administrativa, que es quien hace las invitaciones a las empresas para su participación en el expediente de contratación.

Igualmente se pidió el testimonio de:

a) Jorge Molinero Méndez, como tercera de las empresas, persona física, siempre invitada a participar en los expedientes de contratación, aunque no lo hace nunca.

b) la persona física, o personas, que en representación de Eurocivil, SL, presentaban inicialmente documentación incompleta en los cuatro expedientes de contratación y que luego no subsanaba, y se quedaba sólo como posible adjudicatario Eurocontrol, SA.

3ª) La prueba documental, consistente en la que se aportaba junto a la querella, más la que se requiera a la Escuela Andaluza de Salud Pública (los contratos que aún no tenía en su poder la Asociación), solicitando en ambos casos su foliado e índice.

Por supuesto, ninguna de estas pruebas se han practicado por el Juzgado nº 9 de Instrucción.

Un primer aspecto a destacar es que, dado que había mucha información que investigar y analizar, lo lógico hubiera sido declarar la causa compleja a fin de tener tiempo suficiente para investigar los hechos sin riesgo a que caducase. Sin embargo, la Fiscal no lo pidió, ni el Juez Antonio Moreno Marín preguntó a la fiscal para poder declararlo –actuaba este Juez en sustitución del titular del Juzgado 9-, tal como sí realizó ese mismo Juez en la querella primera que recayó en su Juzgado nº 4. De hecho, el Juez Antonio Moreno ya archivó un caso de corrupción (“Colina Roja”, de contrataciones a dedo en la Alhambra) porque había caducado, como pueden leer aquí: Noticia.

Hasta el 10-05-2019 (¡cinco meses después!), después de las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019, no se notificó a la Asociación la admisión a trámite de la querella mediante Auto de 08-05-2019. En su Fundamento Jurídico Primero se indica literalmente lo siguiente:

 “Pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito de PREVARICACION Y FRAUDE, y reuniendo la querella los requisitos que establece el artículo 277 de la L.E.Criminal, procede su admisión a trámite y la incoación de Diligencias Previas, así como la práctica de las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias”.

He puesto en negrita y subrayado esa frase porque, como podrán comprobar más adelante, se ha incumplido de forma vergonzosa (nada se ha investigado).

Con carácter previo a la admisión de la querella se acordó dar traslado al Ministerio Fiscal para que informara sobre la admisión a trámite de la querella. La Fiscal del caso, Montserrat Luque Molina, presentó un escrito fechado a 11-04-2019, que a continuación le expongo:

Como pueden observar, el escrito es muy escueto e incompleto para realizar una investigación, sin siquiera un membrete o sello oficial, que en ningún caso  responde a lo que una investigación penal requiere (así funciona la Justicia). Observen que en su firma simplemente pone “Luque”... ¡como para poder recusar a la Fiscal con sólo ese dato! Sí, se puede ir a la Fiscalía a preguntar quién es ese o esa tal “Luque”, pero no es de recibo ni serio en una Administración de Justicia.

Esta fiscal es la misma que aparece en el caso judicializado por el partido Vamos Granada (con Marta Gutiérrez a la cabeza), asesorados por el exFiscal y abogado Carlos Castresana, y otras acusaciones populares, por la venta de la Casa Ágreda por el Ayuntamiento de Granada. La acusación popular se quejó entonces, según informó el diario El Independiente de Granada, de que se había privado a las partes de la posibilidad de conocer las razones por las que la Fiscal Jefe Ana Tárrago Ruiz (hoy Fiscal Superior del TSJA) privó del conocimiento del procedimiento al Fiscal José María Suárez-Varela Higueras, quien había dirigido las Diligencias de Investigación de Fiscalía, para atribuírselo a la Fiscal Montserrat Luque Molina.

Por cierto, ¿en la Fiscalía de Granada no se pueden firmar digitalmente los escritos?¿Tampoco pueden presentar los escritos por LexNet, la aplicación informática de Justicia, como es obligatorio para los Juzgados, Procuradores y Abogados, o acaso no se quiere porque permite un juego muy perverso de trapicheos de documentos? Tras escuchar ayer al Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sobre la Fiscalía, no extraña nada. Que en 2019 siga el Ministerio Fiscal presentando así los documentos es inconcebible, propio de una Justicia vetusta y anquilosada, un efecto muy dañino del régimen partidocrático.

Por ofrecer datos comparativos, a diferencia de la Fiscal de la primera querella, esta Fiscal no sólo no pide que se practiquen las diligencias necesarias para esclarecer TODOS los hechos, sino que tampoco pide que se practiquen las pruebas solicitadas por la Asociación querellante, y además para colmo:

- no solicita que el SAS, EASP y demás entes remitan los expedientes completos, foliados y en su caso autenticados, ante la falta evidente de documentación de los contratos. Sin esta prueba documental necesaria, ¿cómo pretende la Fiscal investigar informar?

- insta un informe policial, pero en vez de pedir que realice una exhaustiva investigación de los hechos, lo limita a tres aspectos muy concretoscuando los aspectos a investigar en los expedientes de contratación eran muchos más.

- no pide que se declare compleja la causa para que pueda ampliarse el plazo de instrucción de 6 meses a 18 meses. ¿Pretendía que caducase? De hecho, como la Fiscalía no lo solicitaba, ni el Juzgado tampoco preguntaba a la Fiscal para declararlo y el tiempo transcurría, la propia Asociación presentó un escrito a primeros de octubre para que se declarara compleja la causa y evitar que caducase.

El increíble informe elaborado “a ciegas” por la UDEF.

El 03-07-2019 notifican a la Asociación una Providencia del Juez Antonio Moreno Marín indicando que se una el oficio de la UDEF y que se dé traslado al Ministerio Fiscal por si considera necesario la práctica de alguna otra diligencia instructora o insta a alguna resolución judicial.

A dicha Providencia se adjuntaba el informe elaborado por la UDEF. Aunque su autor era el mismo Inspector Jefe de Grupo de UDEF de Granada que realizó el informe de más 70 páginaspara la primera querella (¡para un solo contrato!), en este caso ocurrió lo siguiente:

a) en el informe de 16 páginas hace constar que el Juzgado sólo le pidió a la UDEF que informara sobre lo que dijo la Fiscal en su informe inicial. Sin embargo, en la primera querella le pidió el mismo Juez Antonio Moreno que realizase una investigación sobre los hechos puestos de manifiesto en la querella, que se adjuntaba como copia e incluía toda la documentación anexa aportada.

b) mientras que en la primera querella el Inspector hace constar que comisionó a un Policía adscrito al Grupo para que analizara la documentación aportada por el Juzgado y elaborara el informe, en el informe de esta segunda querella no se hace constar nada de eso, sino que el Inspector manifestó lo siguiente (esto es muy grave):

“...se aporta por parte de ese Juzgado copia de la querella y del escrito del Ministerio Fiscal donde se hacen las peticiones (...)  a lo largo de la querella se va haciendo referencia a diversa documentación que se acompaña y que se va numerando, al menos hasta el Documento 33, documentación la cual NO VA UNIDA A LA QUERELLA o al menos a la copia que ha llegado a este Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal.” Las mayúsculas y el subrayado son del Inspector del informe.

Es decir, el Juzgado pretendía que la UDEF hiciera un informe “a ciegas”, sin contar con la única documentación que hasta ese momento existía en el proceso sobre los cuatro contratos, aportados con la querella. Lo lógico hubiera sido que la UDEF solicitara al Juzgado que le remitiera la documentación que faltaba, o que incluso le pidiera al HUVN, a la EASP y FIBAO los expedientes para hacer la investigación, pues no sería la primera vez que visita organismos públicos. Pero no lo hizo, y elaboró su informe “a ciegas”.

Por ello, al no contar con la documentación de los contratos, el informe policial está repleto de expresiones tales como “según refiere la querella...”, “según consta en la querella...”, “tal y como consta en la querella...”, “según la querella...”, y así incluyendo estas expresiones hasta en sus conclusiones. ¿Pueden ustedes entenderlo? Pues así funciona la Justicia en España.

c) Asimismo, sobre la solvencia de las empresas invitadas, el Inspector de la UDEF se limita a poner datos del Registro Mercantil y ofrece algún dato más (alguno es hasta irrisorio).

Atención a este párrafo del informe policial sobre la solvencia: “Como no se ha aportado documento alguno junto a la querella, se desconoce qué condiciones de solvencia eran exigidas y que documentación se entregó por parte de las licitantes para acreditarla”. “En cuanto a los medios humanos y materiales, esta Instrucción no tiene acceso a dichos datos, siendo la Tesorería General de la Seguridad Social a través de la vida laboral de la empresa quien conoce a las personas que ha tenido dados de alta una determinada mercantil o autónomo y la AEAT, a través de la declaración de patrimonio la que puede conocer los recursos materiales”.

Es decir, el Juzgado y la Fiscal pidieron a la UDEF que informara sobre un aspecto (la solvencia de las empresas) sin que el Juzgado entregase los documentos necesarios para analizarlo, por lo que la UDEF señaló el camino al Juzgado para conseguir esos documentos necesarios. Sin embargo, ni el Juez ni la Fiscal solicitaron dichos documentos.

Sobre Jorge Molinero indica literalmente la UDEF que “se desconoce en qué tipo de actividad pudiera haber estado dado de alta como autónomo, en su caso, con anterioridad, Tal información únicamente podría ser aportada por el propio Jorge, la AEAT y/o la Tesorería General de la Seguridad Social.”Es decir, la UDEF manifiesta que no puede obtener esos datos, y le indica de nuevo al Juzgado el camino a seguir. Pues tampoco el Juzgado ni la Fiscal lo han solicitado.

Sobre la vinculación empresarial de Eurocontroly Eurocivilla investigación de la UDEF se limitó a lo obtenido por internet con fuentes abiertas, concluyendo lo siguiente: “aparte de la propia denominación que en ambos casos comienza con “Euro...”, la dirección y teléfono de Eurocivil coinciden con los de la Dirección de Inspección Industrial y Control de Calidad de Eurocontrol, por lo que la vinculación entre una y otra es evidente.”

Cuando leí esto creí que se trataba de una investigación de algún tebeo de Mortadelo y Filemón, pero no es así. Un servidor, usando también fuentes abiertas de internet, ha descubierto una vinculación societaria entre ambas empresas, como les muestro a continuación.

Como bien indica la UDEF en su informe, el Administrador Único de Eurociviles la empresa “Bergfelde Investment, S.L.”. Pues si la UDEF hubiera indagado algo más, habría descubierto que esta empresa tenía como Administrador Único a la empresa “Desarrollos Empresariales Formentor, S.L.”, que tenía como representante a Francisco Menéndez García (representante de Eurocontrol en los contratos de la querella). Además, esta última empresa tenía como Administrador Único a la empresa “Moody Tottrup Eurocontrol Internacional, S.L” (nombre comercial Euromoody), que tenía como administrador delegado de nuevo a Francisco Menéndez García, y como dirección la calle Zurbano, 48, de Madrid, sede también de Eurocontrol, siendo una filial suya, tal como se indica en este extracto de la Memoria de Actividades del sector agroalimentario de Eurocontrolde 2010:

No soy criminólogo, ni policía, sólo un funcionario de la Junta de Andalucía con una mínima preocupación por lo que llevo descubriendo tras años de investigación de la corrupción en todos los ámbitos (urbanismo, medioambiente, contrataciones, subvenciones, recursos humanos, etc.). Puedo comprender que la UDEF pueda tener mucho trabajo con la extendida corrupción que hay en Andalucía, pero este único detalle es muy revelador de lo que está ocurriendo con los responsables policiales de Granada y la corrupción política, empresarial y judicial. 

d) En cuanto a la idoneidad del procedimiento, el informe policial se remite a lo que establece la legislación, informes y resoluciones de organismos sobre los contratos negociados sin publicidad y a lo dicho en la querella.

e) Respecto a la fragmentación de los contratos, se remite de nuevo a lo dicho en la querella.

f) En sus conclusiones, se remite en general a lo dicho en la querella, aunque al final de su informe manifiesta con claridad que es necesario el estudio completo de los expedientes, y señala la necesidad de solicitar informes y documentos a otros órganos, como la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía o a la AEAT, tal como se indica en este extracto del Informe:

g) Al contrario que en el informe de la primera querella, la UDEF no ha tomado declaración a nadie, ni querellados ni testigos.

h) La UDEF deja constancia del hecho de invitar a empresas que rehúsan a participar, considerándolo incomprensible:

A la vista de todo lo ocurrido con la UDEF, no me extraña nada que la Magistrada Mercedes Alaya quisiera trabajar con la UCO de la Guardia Civilen vez de con la UDEF de la Policía Nacional, porque al parecer la UCO pone más celo en las investigaciones que la UDEF. Con ello no estoy poniendo en duda la profesionalidad de algunos policías, sino especialmente de sus responsables.

Nuevas actuaciones del Juzgado.

Sigamos con los autos judiciales. A finales de agosto del presente año, la Asociación presenta nuevo escrito en el Juzgado aportando la nueva documentación obtenida a través del Portal de Transparencia de contratos adjudicados a Eurocontrolpor la EASP, FIBAO y FISEVI, tal como se había indicado en la querella inicial, así como Informe de la Cámara de Cuentas en relación a la EASP sobre determinados contratos negociados sin publicidad, que presentaban numerosas irregularidades.

En el mismo escrito se solicita al Juzgado que, tal como indica la UDEF, se libre Oficio a la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía, a fin de que, en relación con los Expedientes de Contratación a los que se refieren las actuaciones, incluidos los referidos a las entidades EASP, FIBAO y FISEVI, previo estudio de los mismos completos, informe sobre la legalidad del procedimiento de adjudicación, tramitación y posible fraccionamiento.

Igualmente, se solicita al Juzgado que se libren Oficios a la Agencia Especial de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, a fin de que en relación con las empresas invitadas en los expedientes de contratación objeto de las presentes actuaciones, informen sobre la solvencia económica, medios materiales y humanos.

A primeros de octubre, dado que a la Asociación no le constaba que se hubieran practicado las pruebas solicitadas en la querella, ni las posteriormente solicitadas por escrito posterior, ni tampoco que el Ministerio Fiscal se hubiera pronunciado tras recibir el informe de la UDEF, la Asociación presentó escrito solicitando que la causa debe ser declarada compleja ante la cantidad de investigaciones a realizar y, en su consecuencia, el plazo de su instrucción, como mínimo, habrá de ser de 18 meses, por cuanto lo normal es que haya de ser objeto de prórroga por otros dieciocho meses.

Lo increíble es que la Fiscal, Montserrat Luque Molina, había presentado un informe en el Juzgado nº 9 fechado a 29-07-2019, solicitando el sobreseimiento de las diligencias abiertas como consecuencia de la querella, que nunca fue notificado a la Asociación, como se había hecho con los anteriores informes.

Dicho informe revela una cuestión alarmante: es una copia literal del informe que presentó la fiscal Cristina Sánchez Ramos en la querella del Juzgado nº 4, hasta el punto de poner datos de la otra querella y emplear argumentos de la primera querella y, al “copiar y pegar”, usa preceptos legales que no estaban vigentes en los contratos de la segunda querella, sino de la primera.

¿Es esto una confabulación en el seno de la Fiscalía de Granada, o simplemente que la Fiscal ha recibido órdenes de su superior, o que es tan holgazán que es incapaz de analizar la documentación y elaborar un informe?

Alguien de la Fiscalía General del Estado debería investigarlo y explicar qué ha ocurrido, porque, a simple vista, parece gravísimo.

Y como muestra de lo indicado, les dejo con extractos de los dos informes de las fiscales: a la izquierda, el de la fiscal de la primera querella del Juzgado nº 4, y a la derechael de la fiscal de la segunda querella del Juzgado nº 9. Observen en el extracto de la segunda querella -texto idéntico al de la primera- en el que se refiere a números de folios de los autos de la primera querella y al contrato de 2008 de la empresa de Juan Pérez, que no se corresponde a los autos judiciales del Juzgado de Instrucción nº 9:

Observen que no sólo la fiscal Montserrat Luque utiliza artículos de una Ley derogada -Ley 30/2007 de CSP- (teniendo en cuenta que los contratos de esta querella eran de 2012 y 2014 y estaba vigente el TRLCSP aprobado por RDL 3/2011), sino que además habla de prórrogas de 8 y 5 meses que no existieron en los contratos de la segunda querella (porque correspondían a la primera querella). ¡Todo muy vergonzoso e indigno!

Así trata la Fiscalía de Granada a los ciudadanos, a pesar de tener por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley (art. 124 de la Constitución).

En definitiva, el informe de la Fiscal de la segunda querella, Montserrat Luque Molina, es un compendio de normas derogadas, “copias y pegas” de sentencias de la primera querella, y demás barbaridades, sin entrar a valorar la falta de documentos en los expedientes de los contratos a investigar, la necesidad de los informes solicitados por la UDEF, de las pruebas solicitadas y ampliadas por la Asociación, y todo ello sin desvirtuar todas las ilegalidades graves mencionadas en la querella.

Si yo fuera Fiscal General del Estado,Montserrat Luque Molina ya estaría sancionada y expulsada de la carrera fiscal, porque no se puede permitir esa falta de respeto a la ciudadanía, esa “chulería” de copiar y pegar un informe de otra causa judicial, que es una estafa a miles de ciudadanosque han aportado su euro mensual a la Asociación para que se investiguen con rigor hechos ocurridos en la Sanidad andaluza que son presuntamente delictivos.

A todo lo anterior, y en relación a lo publicado el martes pasado sobre la falta de control en los centros sanitarios de la Intervención General de la Junta, debe añadirse que ni la UDEF, ni la Fiscalía ni el Juzgado han solicitado dos pruebas fundamentales, además de las solicitadas por la Asociación, en la creencia de que sería la UDEF la que lo solicitaría:

- informes de las supuestas “unidades de control interno” del HUVNcreadas en base a una Resolución del SAS de 2003 (nunca publicada en BOJA) e Instrucciones de la Intervención General de la Junta, que dependían funcionalmente de esta, al existir “control financiero permanente”, que pueden aportar luz a los contratos.

- informes de la Intervención Provincial e Intervención General sobre los contratos celebrados por el HUVN, EASP, FIBAO y FISEVI, tal como establece las Instrucciones de la IGJA dictadas al efecto sobre “control financiero” y “control financiero permanente”.

No pueden ustedes olvidar, como publiqué en la segunda parte de este reportaje, que la actual Interventora General del nuevo Gobierno “del cambio” ha denegado a la Asociación entregar las copias solicitadas de estos informes esenciales, en base a argumentos insostenibles. Como evidencia la realidad, ningún partido político toma iniciativas eficaces para luchar contra la corrupción.

Actuaciones de la nueva jueza que llegó al Juzgado nº 9 desde la Audiencia Provincial de Granada.

Pero si grave es todo lo anterior, veamos la actuación de la nueva Magistrada que ha tomado posesión de la plaza del Juzgado de Instrucción nº 9 de Granada, Rosa María Ginel Pretel.

¿Quién es esta Magistrada y cómo ha llegado al Juzgado? Rosa María Ginel Pretel, nacida en el año 1959 y con servicio en la carrera judicial desde 1988, tiene número de escalafón de la carrera judicial nº 806, con destino desde 2005 en la Audiencia Provincial de Granada en el orden penal(con anterioridad estuvo como titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Granada).

En el último concurso convocado, ha solicitado la plaza del Juzgado de Instrucción nº 9, y se la han concedido, tal como se ha publicado en el BOE de 03-09-2019. No es habitual ver a un Magistrado pasar de una Audiencia Provincial a un Juzgado de Instrucción en un concurso, y menos aún en la misma ciudad.

Por otro lado, dicha juez es la Delegada Provincial de la Mutualidad General Judicial -MUGEJU- en Granada. Dado que los mutualistas pueden optar por recibir asistencia sanitaria a través de una entidad médica privada o del SAS en Andalucía (en la Memoria 2018 de MUGEJU aparecen 307 mutualistas que optaron por el SAS en Granada), y que la Comunidad andaluza ha suscrito convenio con MUGEJU para la prestación de la asistencia primaria y/o de urgencias en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, ¿no podría existir cierta incompatibilidad de esta Magistrada -conflicto de intereses- para instruir esta querella? Desde luego, la Magistrada no se ha abstenido, aunque es una obligación con arreglo a la Ley (“tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”).

Una de sus primeras actuaciones ha sido firmar el pasado 4 de octubre un Auto de apertura de juicio oral contra 7 de los 9 investigados por el caso de los contratos fantasma de Emucesa, a los que atribuye cuatro posibles delitos continuados: fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y prevaricación(¿les suenan los delitos?). En el banquillo se sentarán dos ex ediles del PP del Ayuntamiento de Granada.

Sin embargo, la Magistrada Rosa María Ginel Pretel dictó el 10 de octubre pasado un Auto acordando el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias abiertas con motivo de la querella de la Asociación, notificado el 22 de octubre a la Asociación sin firma de la jueza.

El Auto de la Magistrada, al igual que hizo la Fiscal, dedica sus páginas a llenarlas de citas de Jurisprudencia sobre las infracciones penales señaladas, una amplia transcripción de preceptos de la legislación de contratos y una relación Sentencias sobre el derecho a la acción penal, la función de la instrucción y de los Jueces instructores, o la tutela judicial efectiva desde la perspectiva de la acusación; es decir, para entendernos, mucha “teoría”. Pero todo ello sin aplicarlo al caso concreto y sin explicar los motivos por los cuales se afirma la inexistencia de infracción penal.

Obviamente, la Asociación ha recurrido en reforma el impresentable Auto del Juzgado de Instrucción nº 9, por la indefensión causada que vulnera con claridad la tutela judicial efectiva. Veremos qué dice en primer lugar la jueza, y si no lo admite, se recurrirá a la Audiencia Provincial. Y si este órgano también lo desestima, la Asociación seguirá recurriendo hasta la máxima instancia judicial.

Todo lo ocurrido es un absoluto despropósito no sólo desde un punto de vista jurídico -la indefensión es absoluta-, sino también del de la lucha contra la corrupción política e institucional. No hay más que analizar lo ocurrido con la supuesta “investigación”: faltan numerosos documentos esenciales de los contratos que no se han requerido; no se han solicitado los informes solicitados por la UDEF y la Asociación; no se han practicado las pruebas testificales e interrogatorios a los querellados, etc., lo que lleva a concluir el nulo interés por investigar los hechos, sin conocerse si responde a oscuros intereses o a una negligencia inexcusable de los operadores de la Justicia.

¿A quién o quiénes está protegiendo la Justicia en Granada? ¿Acaso el PSOE tiene patente de corso en la Sanidad andaluza? ¿Hasta qué punto el nuevo Gobierno del PP y Cs y los demás partidos políticos de la oposición andaluza (Vox, Adelante Andalucía, PSOE) tienen algún interés en limpiar la basura que hay en las instituciones públicas? A la vista de este extenso reportaje, se deduce que ninguna.

Por supuesto, no les quepa duda que se seguirán publicando todas las actuaciones de las instancias judiciales superiores, para que la ciudadanía pueda pasarles a todos los órganos judiciales el “test de la vergüenza”. Como dije en la anterior publicación, si no nos dejan otra salida, aplicaremos el “Código Social” acreditando sus hechos y condenando a los autores y cómplices con la “pena social” de señalarlos.

Nuevas querellas de la Asociación “Justicia por la Sanidad”.

La Asociación está preparando una tercera querella, a raíz de una investigación sobre conciertos del SAS con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios(en España, según informa la Fundación IDIS en 2019, es el segundo grupo privado con más Hospitales y número de camas, por debajo de Quirónsalud), con la implicación de altos cargos y muchos funcionarios de la Junta de Andalucía, que se explicará públicamente en cuanto se presente.

Asimismo, se encuentra en fase de investigación lo que será seguramente otra querella, muy relacionado con lo ocurrido con la fusión hospitalaria en Granada, así como otras contrataciones del SAS de las que se sospecha haya podido haber manipulaciones y amaños.

Y no tengan la menor duda de que se irá publicando con pelos y señales cada paso que den los órganos judiciales y administrativos, para conocimiento de los ciudadanos.

Fin del reportaje

Epílogo.

Lo relatado en este reportaje son ejemplos de la España real, la que sufren muchos ciudadanos a los que le ha tocado acudir a la Justicia o enfrentarse a los poderes públicos. Nadie está libre de padecerlo, porque mañana le puede tocar a cualquiera de ustedes, y por ello algunos ciudadanos preocupados estamos advirtiendo de los motivos que generan estas injusticias y merma de libertades y derechos.

O los ciudadanos nos unimos para acabar con esta lacra llamada partidocracia(la corrupción sistémica es uno de sus graves efectos), o ella acabará con nosotros.

Este domingo, 10-N, tienen una nueva oportunidad de expresar lo que piensan de los partidos políticos y de su régimen antidemocrático, en el que la separación de los poderes del Estado no existe, y que facilita esa lacra de la corrupción sistémica que corroe los cimientos de nuestra sociedad.

Tengo claro que sólo la abstención o el voto nulo pueden iniciar el camino hacia la solución, que guste o no, es la del inicio de un proceso constituyente previo periodo de libertad política colectiva. Algunos dicen -especialmente los interesados en perpetuar este nocivo régimen- que no es el momento porque los españoles pueden decidir barbaridades para una nueva Constitución, al no estar suficientemente preparados para dicho proceso constituyente, un argumento insostenible porque esos mismos españoles son los que votan o se abstienen en cada elección y, por tanto, habría que concluir igualmente que los electores deciden barbaridades en cada convocatoria de elecciones. Es decir, según los detractores del proceso constituyente, nunca existirá el momento propicio para que la nación española decida su futuro, lo que considero una falacia.

Por si aún no lo conocen, Jesús Candel, Antonio Barreda y un servidor hemos puesto en marcha una iniciativa más para poner fin a la corrupción sistémica, porque los partidos políticos no pueden solucionar un problema del que forman parte. Si se quieren adherir, aquí les dejo con el enlace en el logo para que se informen y firmen la Declaración, si lo estiman oportuno:

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Los hilos de la ATA de Lorenzo Amor en la Consejería de Empleo

November 7, 2019, 8:30 pm

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Artículo de Antonio Barreda

El pasado mes de febrero la consejera de empleo puesta por Ciudadanos, la supuesta independiente, Rocío Blanco, nombraba a Susana Romero Román como Directora General de Trabajo Autónomo y Economía Social. En su reseña de la web de la Junta de Andalucía se indica que desde 2002 ejerce de abogada desarrollando su labor profesional como especialista en mediación y resolución de conflictos, así como en Derecho Civil, en la que resalta por su profundo conocimiento en arrendamientos y derecho hipotecario. También en Derecho Laboral, Penal y Contencioso-Administrativo. Ha trabajado en el Turno de Oficio en las especialidades de protección de víctimas de violencia sobre la mujer, menores, civil, penal y laboral. En 2016 se incorpora a la Asesoría Jurídica de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), de la que ha sido su directora.

Cuando Susana Romero fue nombrada Directora General de Trabajo Autónomo y Economía Social por el consejo de gobierno, que ratificaba la elección de la consejera de empleo Rocío Blanco, el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, padre de Lorenzo Amor, “felicitaba” a Susana Romero por su nombramiento y ofrecía a la nueva Directora su colaboración y apoyo en esta nueva etapa para acometer los grandes retos anunciados por el Presidente de la Junta de Andalucía y, especialmente, aquellos que afectan al colectivo de autónomos. E indicaba que “queremos que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía sea un Gobierno fuerte, con las ideas claras para Andalucía y que cuente con los autónomos y atienda nuestras propuestas, pues ha llegado el momento de que todos rememos en la misma dirección y que nos pongamos como única meta la creación de empleo”.

No Sorprende, pues, el hecho de que en el pasado mes de junio en Córdoba, la nueva directora general de trabajo autónomo asistiera a la reunión del Comité de Dirección Nacional de ATApresidida por Lorenzo Amor, en la que se analizaban las medidas para autónomos propuestas por el Gobierno andaluz, y en la rueda de prensa posterior – con fotografía conjunta incluida, donde aparecía Lorenzo Amor y la directora general (prestando su imagen a un acto privado donde representaba a una institución como es la Junta de Andalucía) –  aprovechó Lorenzo Amor, para dar el mensaje político de criticar las cartas que está enviando la Agencia Tributaria a los autónomos y pymes, pues, aseguraba, son “amenazantes”, además de “agresivas” y también “indiscriminadas”, tratando a los autónomos como “defraudadores”.

La vinculación de la nueva Directora General de Trabajo Autónomo y Economía Social con ATA hace que en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 115 de fecha 18 de junio de 2019, se publicara la Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo, por la que Susana Romero Román como Directora General de Autónomos y Economía Social solicitaba la abstención  de intervenir en los procedimientos de tramitación de las subvenciones de la línea 4, de promoción del trabajo autónomo, reguladas en la Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo, así como en la tramitación de cualquier acto o disposición administrativa de carácter general en la que sea parte interesada o pueda verse afectada la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía.

La abstención es aceptada por el Secretario General quién, además, asume aquellas actuaciones que, en el ámbito de su competencia, correspondieran a la citada Directora General de Trabajo Autónomo y Economía Social, y concurran los motivos de abstención. Recordemos que uno de los objetivos de las subvenciones de la línea 4 son subvenciones para impulso del asociacionismo con el objeto de contribuir a la financiación de los gastos derivados de la realización de actividades de apoyo y promocióndel trabajo autónomo, así como a la financiación parcial de los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, para facilitar el cumplimiento de los fines que les son propios.

Los coqueteos de Lorenzo Amor con la política.

Las siglas ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) son de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos que preside desde 2004 Lorenzo Amor a nivel nacional y su padre, Rafael Amor a nivel andaluz. Lorenzo Amor también es vicepresidente de CEOE desde septiembre de 2019. Nacido en Córdoba tiene su domicilio en Jerez de la Frontera. El pasado mes de mayo surgió un rumor en la prensa jerezana sobre su posible fichaje para encabezar la candidatura de Ciudadanosal ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Pero aquello no terminó cuajando. De hecho, el propio Amor se apresuró a lanzar un tuit donde indicaba “Mi partido son los autónomos”. “Nadie del periódico ha contrastado conmigo esa información… y nadie de ningún partido político ha hablado conmigo nada de eso… sorprendido por una publicación no contrastada y en lo que respecta al titular, falsa. Mi partido son los autónomos”. Con lo que él mismo se encargó de pinchar el globo sonda.

Pero el coqueteo de Lorenzo Amor con los partidos de la derecha en España no es nuevo. Ya en 2011 el Partido Popular lo fichó como asesor del Partido Popular europeo, donde formaba parte de un grupo de trabajo destinado a abordar la problemática de los autónomos en España y el conjunto europeo. El propio Lorenzo Amor destacó, en ese momento, su ilusión por el nuevo cargo, que se une a varios encargos del PP, participando -por ejemplo- en foros sobre empleo. Por todo ello, Amor sonó en varias ocasiones tanto en la quiniela de ministrables como en forma de fichaje técnico del Ejecutivo que presidía Rajoy.

El bufete Piñero&Romero.

Susana Romero es socia, junto a su marido José Carlos Piñero Criado, del bufete “Piñero&Romero” de Jerez de la Frontera. El propio José Carlos Piñero indica que es director del departamento jurídico de ATA Andalucía (Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía), especializado en el asesoramiento a los trabajadores autónomos. Asesor Fiscal con 16 años de experiencia práctica en planificación y asesoramiento fiscal y tributario, a través del Despacho Piñero & Romero Abogados y Asesores Fiscales, del que es Socio Fundador.  Miembro del Consejo Editorial de la Revista ATA, de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Fundador del Despacho Piñero & Romero Abogados, asesor del departamento fiscal del bufete del abogado y Profesor Universitario Diego Arenas Gómez y socio para Cádiz de la Red de abogados “Coello de Portugal, Abogados, S.L.P. Profesor Universitario sustituto de los Departamentos de Derecho Tributario y Derecho Penal, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz.

José Carlos Piñero ha mantenido una fuerte vinculación con el Partido Popular de Cádiz. De hecho, fue presidente de este partido en la localidad de Algar (Cádiz) hasta su sustitución por José Carlos Sánchez, que actualmente ocupa la alcaldía de esta localidad, en el congreso de este partido celebrado en Algar en noviembre de 2017. José Carlos Piñero fue candidato del PP a la alcaldía de Algardurante las elecciones de 2011 y 2015, encabezando la lista y siendo elegido concejal por estas siglas. En 2003 en el BOP de Cádiz aparecía como número 2 de la candidatura del Partido Popular en el municipio de Algar, cerrando la misma Pablo Piñero Criado.

En su presentación de 2011 como candidato a la alcaldía de Algar la entonces secretaria general del PP de Cádiz, Teresa Ruiz-Sillero, indicaba que se respiraba aire de cambio en Algar. Un objetivo que se va a alcanzar con José Carlos Piñero, a quien definió como un “magnífico” candidato, joven, preparado e involucrado con su pueblo para conseguir la transformación que Algar necesita y que cuenta con el total apoyo del Partido Popular provincial, regional y nacional.

El Twitter oficial del despacho Piñero@Romeroretuitea estos días los tuits del PP de Andalucía y de Cádiz en la actual campaña electoral. Esto mismo lo hace también el Twitter personal de Susana Romero Román donde retuitea la actual campaña electoral de Juanma Moreno, y no hace referencia alguna a la campaña de Ciudadanos, el partido que la ha colocado de Directora General en Empleo, algo que es realmente sorprendente a estas alturas en la política andaluza, donde los cargos tienen fuertes vínculos con los partidos, y donde los independientes – visto lo visto - resultan no serlo tanto. Lo que hace sospechar a muchos que empleo es una consejería dominada hoy por el Partido Popular en detrimento o, tal vez, permitido por Ciudadanos que, sobre el papel, es la que la “controlaba”.

Los hilos de José Carlos Piñero con la ATA.

Por otra parte, José Carlos Piñero, según los datos del registro mercantil, aparece en las siguientes empresas:

- ATA SERVICIOS CONSULTORIA Y FORMACION SLcomo administrados único desde 28/03/2019

- CORCHADO Y PIÑERO ABOGADOS SL como administrador solidario desde 16/06/2005

- GROW UP ASESORES SL como administrador único desde 09/04/2015

- INSTITUTO DE MEDICINA PSICOSOCIAL SL como Liquidador desde el 14/03/2017

- CONSPECTA SLA donde cesa como administrador único el 05/04/2017

- REPORTEROS DE JEREZ SL como administrador único desde 31/12/2108

La primera de ellas ha cambiado el nombre a FENTA SERVICIOS DE CONSULTORIA SL con fecha 28/03/2019. Ese mismo día se produjeron cambios en la estructura social de la empresa, donde cesan:

Consejero: Soraya Mayo Alonso.

Secretario: Soraya Mayo Alonso.

Consejero: Daniel Jesús Muñoz Granados.

Presidente: Daniel Jesús Muñoz Granados

Consejero: Margarita Garrido Laguna.

Consejero: Elena Melgar Miguel.

Consejero: Domingo Gallego Malagón.

Y se procede al nombramiento como administrador único de José Carlos Piñero Criado. Esta empresa FENTA SERVICIOS DE CONSULTORIA SL tiene como socio único a la Federación Nacional de Asociaciones de empresarios (ATA).

Respecto de Soraya Mayo Alonso, que cesó de consejera de la empresa FENTA SERVICIOS DE CONSULTORIA SL, aparecía en la Agenda de Comunicación de la Junta de Andalucía como jefa de prensa de ATA, cuando ocupaba el puesto de Secretaria General de ATA. Cargo que ha dejado ya que desde las últimas elecciones generales es diputada por Valladolid del partido Ciudadanos donde aparece en los siguientes puestos del parlamento español:

- Secretaria Segunda de la Comisión de Presupuestos desde el 30/07/2019 al 24/09/2019.

- Portavoz de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el 01/08/2019 al 24/09/2019.

- Vocal de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el 30/07/2019 al 01/08/2019.

- Vocal de la Comisión de Economía y Empresa desde el 30/07/2019 al 01/08/2019.

- Portavoz de la Comisión de Economía y Empresa desde el 01/08/2019 al 24/09/2019.

- Vocal de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo desde el 12/09/2019 al 24/09/2019.

- Miembro Titular de la Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde el 30/07/2019 al 24/09/2019.

Los hilos de la ATA en Cataluña.

Tras la ruptura el pasado mes de marzo del acuerdo de representatividad que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) mantenía con la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana Pimec que llegó a representar el 33% de ATA, decidieron activar ATA en Cataluña. El motivo de la ruptura fue que el ejecutivo que les representaba en Madrid se había echado en brazos de ATA, tras decidir que tomaban caminos separados para evitar integrarse en CEOE. Así, en la asamblea general que se celebró poco después se aprobaron por unanimidad dos medidas que marcaron el futuro de ATA: la alianza estratégica con CEOE y liquidar el pacto con Pimec Autónomos.

El pasado mes de mayo se reactiva ATA CATALUÑA que cuenta con más de 4.000 autónomos de cuota que estaban asociados a la Federación ATA y no a Pimec, así como a diferentes organizaciones en Cataluña que a su vez están integradas en la Federación. ATA mantendrá sede en las cuatro provincias catalanas, así como la implantación y la estructura organizativa y técnica necesaria para dar respuesta no sólo a los socios de ATA sino al conjunto de autónomos catalanes. Una de las primeras medidas que emprendió ATA Autónomos Cataluña es la integración en Foment del Treball que dirige el expolítico catalán Josep Sánchez Llibre.

ATA Cataluña eligió la siguiente Junta Directiva donde aparece José Carlos Piñero Criado como vicepresidente de esta, con lo que los hilos que teje de Lorenzo Amor se extienden por el mapa regional:

Presidenta: Cristina Pérez García.

Vicepresidente: José Carlos Piñero Criado.

Secretaria General: Laura López Lima.

Tesorera: Margarita Garrido Laguna.

Vocal: Rosa Gallego Lucero.

La Cámara de Cuentas, con la complicidad de los partidos, evita investigar la corrupción en Granada

November 11, 2019, 8:30 pm

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Artículo de Luis Escribano

Todos los datos apuntan a una corrupción mantenida durante años en las instituciones sanitarias de Granada, donde el ex-Viceconsejero de Salud, Martín Blanco García, tuvo notorias actuaciones denunciadas

La Cámara de Cuentas ha evitado investigar los sobrecostes en las compras de farmacia en la provincia de Granada.

El pasado 19 de marzo publicaba la Cámara de Cuentas las Directrices Técnicas del informe a realizar denominado “Fiscalización operativa y de cumplimiento sobre el gasto farmacéutico en los hospitales del SAS. Ejercicio 2017” (OE 02/2018). Según se indica en las mismas, dicha fiscalización forma parte del Plan de Actuaciones del ejercicio 2018, siendo incluida por iniciativa fiscalizadora de la propia Institución.

Los objetivos de la misma son los siguientes:

• Opinar sobre el cumplimiento de la normativa de contratación por el SAS en esta materia.
• Concluir sobre el sometimiento de los hospitales del SAS en la gestión del área de farmacia a los principios de eficacia, eficiencia y economía.
• Concluir sobre las normas y procedimientos de control interno establecidos por la dirección de la entidad, así como los de general aplicación, en relación con la contratación y con la actividad logística de farmacia en las Plataformas Logísticas Sanitarias provinciales (PLS).
• Efectuar un seguimiento de las recomendaciones reflejadas en los informes de esta Cámara de Cuentas en ejercicios anteriores.

A efectos de fiscalizar el cumplimiento de la legalidad en los expedientes de contratación, se han seleccionado las PLS de Cádiz y Sevilla. ¿Por qué no se ha elegido la PLS de Granada, donde las sospechas de corrupción fueron incluso denunciadas en la prensa, con supuestos sobrecostes en los precios de fármacos? Aquí tienen dos publicaciones de los periodistas Leo Rama y J.J. Borrero, en el diario ABC, en los que se implica al entonces Viceconsejero de Salud, Martín Blanco García:

1) “El viceconsejero de Salud compró medicamentos con precios inflados”.

2) “Silencio sobre la etapa de Martín Blanco en Granada”.

Les recuerdo que este ex-alto cargo está también implicado en las dos querellas presentadas por la Asociación “Justicia por la Sanidad” en Granada, en las que la UDEF, Fiscales y Juzgados no han querido investigar, tal como he informado detalladamente en los dos últimos artículos.

No sólo por las publicaciones en prensa hubiera sido lógico investigar lo ocurrido en Granada, sino que con los propios datos que aporta ahora la Cámara de Cuentas había motivo suficiente para hacerlo, como acredito a continuación.

En dichas Directrices Técnicas se aporta el siguiente cuadro con la evolución del gasto farmacéutico devengado en el período 2013-2017 por provincia:

Si tenemos en cuenta la población de cada provincia para esos años (obtenidos del INE), puede calcularse el gasto devengado en cada ejercicio por habitante, así como la media del gasto por habitante en cada provincia para dicho periodo 2013-2017, tal como se refleja en la siguiente tabla:

He indicado en rojo las cifras correspondientes a la provincia de Granada, porque revela unas diferencias respecto al resto de provincias que no tienen una explicación lógica, y que la Cámara de Cuentas debería haber investigado. Para que se hagan una idea, el gasto medio en la provincia de Granada alcanza un 34,6 % más que la media del resto de provincias. ¿A qué se debe este sobrecoste?

A la vista de estos datos con gastos de farmacia muy superiores en la provincia de Granada respecto al resto de provincias, como de los dos artículos anteriores que he publicado en este diario sobre casos de corrupción en contrataciones en el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves”, la Escuela Andaluza de Salud Pública y las fundaciones públicas FIBAO y FISEVI, en los que incluso reflejaba la obstaculización del nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos en las investigaciones de la citada Asociación denegando el acceso a informes de la Intervención General y del SAS, uno sólo puede preguntarse lo siguiente: ¿por qué todas las instituciones públicas evitan investigar lo ocurrido con las compras y contrataciones sanitarias en la provincia de Granada? ¿Qué se intenta ocultar?

No sé qué les parece a ustedes, pero que la UDEF de Granada, la Fiscalía de Granada, dos Juzgados de Instrucción de Granada (los números 4 y 9), la Cámara de Cuentas (cuyos Consejeros son nombrados a dedo por los partidos políticos) y el propio Gobierno andaluz (anteriores y actual) eviten las investigaciones oportunas en las compras y demás contratos celebrados por las instituciones sanitarias de Granada, suscita toda clase de sospechas, especialmente teniendo en cuenta los antecedentes de graves irregularidades que la propia Cámara de Cuentas denunció en la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Si esta es la regeneración que el nuevo Gobierno del PP y Cs venía a realizar, apoyado por Vox y con el silencio cómplice de Adelante Andalucía y el propio PSOE en el Parlamento, los andaluces se han vuelto a equivocar con sus votaciones en Andalucía, y no será porque algunos lo advertimos muchas veces.

Ciudadanos ya lo está pagando (casi 500.000 votos perdidos en Andalucía el 10N), pero el PP de Juanma Moreno que tampoco tire cohetes, porque si gobernando sus logros son la subida del paro en Andalucía (a pesar de los muchos contratos subvencionados a los Ayuntamientos que no crean puestos de trabajo), el empeoramiento de la Sanidad andaluza (y ya era difícil con los antecedentes), mantener los chiringuitos de la paralela y  ocultar la corrupción (el circo de la FAFFE en el Parlamento es lamentable, cuando tienen acceso a todos los documentos en la Administración y pueden denunciarlo todo), obstaculizar investigaciones de corrupción que pagamos los ciudadanos porque las instituciones de control no lo hacen, etcétera, y en esta elecciones últimas sólo han obtenido 86.806 votos más que las de 28 de abril, teniendo en cuenta la huida de votos en Ciudadanos tan colosal, igualmente lo acabarán pagando en las urnas por sus torcidas actuaciones, propias de un partido de Estado subvencionado.

A ver si los andaluces despiertan de una vez y dejan de apoyar la corrupción sistémica con sus votos a los partidos, que nos está hundiendo a todos. Ningún partido, en este régimen partidocrático, puede acabar con dicha corrupción sistémica ni garantizar la efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos.

¿Puede recuperarse el dinero malversado en el caso de los ERE?

November 23, 2019, 6:52 am

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Un artículo de Luis Escribano

Tras publicarse la sentencia de los ERE, muchos ciudadanos han manifestado su indignación y lamentos en las redes sociales, especialmente porque nadie explica con claridad si será posible recuperar el dinero malversado, dado el daño patrimonial creado a la Junta de Andalucía, es decir, al patrimonio público de toda la ciudadanía.

¿Cuántas vías legales existen para poder recuperar el dinero malversado en el caso de los ERE? El tema no tiene hoy fácil solución, pero les adelanto que en principio existen dos vías, y que todos los partidos políticos tienen su cuota de responsabilidad en el fracaso de una de esas vías posibles.

1.- La exigencia de la responsabilidad civil.

La primera vía consistía en que la Junta de Andalucía, como institución del Estado perjudicada en el caso ERE (es decir, todos los españoles éramos los perjudicados), hubiera exigido la correspondiente responsabilidad civil a los acusado en el juicio y hoy condenados, pues se conocían las cuantías malversadas. Esta vía hubiera supuesto mantener las fianzas millonarias que el Juzgado de Instrucción nº 6 había exigido a los hoy condenados, que tenían incluso bienes embargados, y exigirles dicha responsabilidad en el propio juicio, que hubiera obligado a la Audiencia Provincial de Sevilla a establecer en la sentencia las cuantías de dicha responsabilidad a cada condenado, en su caso.

Sin embargo, el Gobierno de Susana Díaz no sólo se reservó las posibles acciones civiles como parte perjudicada, impidiendo a las acusaciones de la Fiscalía, PP y Manos Limpias exigir dichas responsabilidades en aplicación de la Ley, sino que para colmo solicitó en 2016 el sobreseimiento de la causa y no presentó acusación. De esta forma, Susana Díaz consiguió que el Juzgado retirara las fianzas impuestas a los entonces investigados o imputados, y evitó que la sentencia pudiera pronunciarse sobre la responsabilidad civil a exigir a los condenados, salvando de esta manera el patrimonio particular de sus “padrinos” y fieles “escuderos” políticos del PSOE y afines.

Ahora el nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos tiene la posibilidad de exigir la responsabilidad civil inherente al fallo judicial de condena, pues las cuantías malversadas están cuantificadas en la sentencia. Si no lo hicieran, Vox tendría la justificación perfecta para romper el actual pacto.

La otra posibilidad que queda es exigir esa responsabilidad civil a los procesados en cada una de las piezas de los ERE que quedan pendientes, pero eso implicaría que los políticos condenados ya no tendrían que responder con su patrimonio particular, porque ya no se les puede procesar en esas piezas separadas. Parece quedar claro el verdadero motivo por el que el Gobierno de Susana Díaz retiró la acusación y reservó las posibles acciones civiles.

Para colmo, algunas de las empresas beneficiadas ya no existen, los plazos incumplidos han provocado la prescripción de algunas de las causas, muchos de los encausados son insolventes, y sin duda surgirán más problemas para recuperar ese dinero malversado. Si Susana Díaz no abandona el país, es que algo no funciona en España. 

2.- La vía administrativa de recuperación del dinero: la gran estafa política a la ciudadanía

Existía otra vía posible para recuperar ese dinero, que todos los partidos políticos (y la prensa) han silenciado. ¿Por qué?

La segunda vía posible es la administrativa, y aquí, estimados lectores, podrán descubrir que la regeneración y lucha contra la corrupción que nos venden todos los partidos políticos es pura fantasía, que más allá de mirarse el ombligo y de “cubrir el expediente” con apariencias ante sus votantes no han hecho nada...ni lo harán porque seguirán defendiendo las inmunidades del poder, al menos mientras se mantenga este sistema político.

En 1983 se aprobó la Ley General de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y dedicó un Título completo para la exigencia de responsabilidades a autoridades y funcionarios: “Título VII. De las Responsabilidades, arts. 98 a 102. Decía su artículo 98:

“1. Las Autoridades y funcionarios de cualquier orden que, por dolo, culpa o negligencia grave, adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta Ley, estarán obligados a indemnizar a la Hacienda de la Comunidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquéllos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria en que puedan haber incurrido.

2. La responsabilidad de quienes hayan participado en la resolución o en el acto será mancomunada, excepto en los casos de dolo, que será solidaria.”

Lo primero que llama la atención de este artículo es el término “grave”, que deja la puerta abierta a interpretaciones según convenga: el uso prescindible de conceptos jurídicos indeterminados en nuestras leyes y reglamentos es muy habitual para facilitar la corrupción. Sin embargo, en el caso de los ERE todos los hechos y condenas son graves.

Y este artículo 98 debe vincularse con el siguiente de la Ley (art. 99), que establecía todas las posibles infracciones, entre ellas:

- “Comprometer gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlo o con infracción de lo dispuesto en la presente Ley o en la del Presupuesto que sea aplicable”, como así ha ocurrido en el caso de los ERE, en el que la Dirección General de Trabajo concedía subvenciones sin crédito presupuestario y con infracción de la Ley (recuerden que prescindía absolutamente del procedimiento legal establecido).

 “Cualquier otro acto o resolución con infracción de esta Ley o cualquier otra norma aplicable a la administración y contabilidad de la Hacienda de la Comunidad.”

Según dicha Ley de Hacienda, conocida la existencia de alguna de las infracciones que establecía, los Jefes de los presupuestos responsablesy los ordenadores de pagos instruirán las diligencias previas y adoptarán, con igual carácter, las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Comunidad, poniéndolo inmediatamente en conocimientodel Consejero de Hacienda y, en su caso, del Tribunal de Cuentas, para que procedan según sus competencias y conforme a los procedimientos establecidos.

Asimismo, el Interventor que en el ejercicio de su función advirtiera la existencia de infracciones debía ponerlo en conocimiento del Consejo de Hacienda, tal como ocurrió en el caso de los ERE con numerosos informes.

Cuando se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda en 2010 (Decreto Legislativo 1/2010), derogando la anterior Ley, se mantienen prácticamente los mismos artículos, con numeración diferente, aunque curiosamente -por no emplear otro término malsonante- sufrieron algunas modificaciones.

La más llamativa es que desaparece una de las infracciones, aunque existiera dolo, culpa o negligencia grave de su autor:

“Cualquier otro acto o resolución con infracción de esta Ley o cualquier otra norma aplicable a la administración y contabilidad de la Hacienda de la Comunidad.”

Y para no dejar en manos de los “Jefes de los Presupuestos” (funcionarios) instruir las diligencias previas y comunicarlo al Consejero, el Texto Refundido lo modifica y lo sustituye por:

“...los órganos superiores de las personas presuntamente responsables y los órganos competentes para la ordenación de los pagos instruirán las diligencias previas y adoptarán las medidas...”

Es decir, ante el riesgo de que sea un funcionario el que abra las diligencias previas siendo responsable autoridades (políticos), lo eliminan al refundir los textos legales y lo sustituyen por los “órganos superiores” del posible político responsable, es decir, por otro político o el propio Consejo de Gobierno del partido de turno. Así todo queda en casa...en la de los políticos corruptos.

Como ven, si es que quieren verlo realmente, los políticos se dedican a poner escollos legales a las posibles exigencias de responsabilidades por sus actuaciones, aunque fueran graves.

Ahora vendrán los incondicionales de los partidos manifestando que los suyos nunca han gobernado, y que eso no pasaría si ellos gobernasen. A esos incondicionales les pido lo siguiente:

- publiquen en los comentarios de abajo todas las iniciativas parlamentarias presentadas en el Parlamento en cualquier Legislatura (por PSOE, PA, PP, IU, Ciudadanos, Podemos, Adelante Andalucía, Vox...) para modificar todas estas aberraciones de la Ley General de Hacienda y para desarrollar reglamentariamente la exigencia de responsabilidades a las autoridades y funcionarios;

- indiquen qué partido que no haya tenido cuota de poder alguna ha denunciado públicamente estas aberraciones de la Ley General de Hacienda sobre las exigencias de responsabilidades a autoridades y demás empleados públicos, o las iniciativas legislativas populares presentadas; les ruego publiquen esos artículos, denuncias públicas e iniciativas en los comentario de abajo.

Pero sigamos, que hay más. Según la Ley mencionada, en la vía administrativa es el Tribunal de Cuentas el órgano competente para exigir las responsabilidades para dos de las infracciones establecidas en la Ley, siempre que alguien se lo haya comunicado desde la Junta de Andalucía:

- Incurrir en alcance o malversación en la administración de los fondos de la Junta de Andalucía.

- No rendir las cuentas reglamentarias exigidas, rendirlas con notable retraso o presentarlas con graves defectos.

Convendría saber si algún órgano de la Junta de Andalucía comunicó en algún momento al Tribunal de Cuentas el inicio de las diligencias en estos casos (la infracción de malversación queda probada ahora en la sentencia), en qué fechas se comunicó -en su caso- y cuál era el contenido de las comunicaciones. ¿Habrá sorpresas? Si nadie lo hizo, ¿quién exigirá las responsabilidades oportunas?

Para el resto de infracciones, el acuerdo de iniciación, el nombramiento de juez instructor y la resolución del expediente corresponden:

1) al Consejo de Gobierno cuando el responsable tenga la condición de autoridad de la Junta;

2) al Consejero de Hacienda en los demás casos (funcionarios y demás empleados de la Administración y de los entes dependientes).

¿Algún Consejo de Gobierno -PSOE, PSOE con IU, PSOE con apoyo de Ciudadanos, PP y Ciudadanos- ha iniciado algún expediente? ¿Algún Consejero de Hacienda lo ha iniciado o ha trasladado al Consejo de Gobierno el asunto?

La Ley prevé además que una vez resueltos los expedientes, se puedan cobrar los importes por la vía de apremio, y aplicando el interés previsto en la Ley sobre el importe de los alcances, malversaciones, daños y perjuicios en sus bienes y derechos, desde el día que se irroguen los perjuicios.

La clave de la estafa a los ciudadanos

Ustedes se preguntarán: ¿dónde está la estafa en todo esto? Al principio la Ley de 1983 no estableció ningún procedimiento para exigir dichas responsabilidades, por lo que debería deducirse que sería el Procedimiento Administrativo Común. En 1987 se modifica la Ley General de Hacienda, y se establece como procedimiento la sujeción a lo establecido en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios, que no era aplicable a autoridades, por lo que debe entenderse que se refería sólo al procedimiento, es decir, a sus trámites.

Pero en 1996 se vuelve a modificar (mediante la Ley 9/1996, con Magdalena Álvarez Arza de Consejera de Hacienda), y...¡atención a la jugada! Se elimina toda mención al procedimiento aplicable y se sustituye por:

“...en la forma que reglamentariamente se determine...”.

La estafa política se produce porque en estos 23 años transcurridos nunca se ha aprobado ese reglamento para exigir las correspondientes responsabilidades en vía administrativa.

Desde 1996, por la cartera de Hacienda de la Junta han pasado, además de Magdalena Álvarez Arza, José Salgueiro Carmona, José Antonio Griñán Martínez, Carmen Martínez Aguayo, María Jesús Montero Cuadrado, Antonio Ramírez de Arellano López, José Alberto García Valeray Juan Bravo Baena (los dos últimos nombrados por el PP).

Ninguno de los mencionados, siendo competencia de dicha cartera gubernamental el elaborar el reglamento para su aprobación por el Consejo de Gobierno, ha desarrollado reglamentariamente dicha previsión legal de exigencia de responsabilidades por daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

También desde ese año ocuparon el cargo de la Intervención General de la Junta Eduardo León Lázaro, Manuel Gómez Martínez, María del Rocío Marcos Ortiz, Adolfo José García Fernández, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, María Asunción Peña Bursón y Amelia Martínez Sánchez.

¿Qué Interventores Generales de los mencionados advirtieron al titular de la cartera de Hacienda de turno sobre la ausencia de reglamento para exigir las responsabilidades establecidas en la Ley de Hacienda, ante la desprotección existente del patrimonio público? Los ciudadanos estaríamos encantados de conocer quiénes dieron ese paso, y así verificar si realmente se ganaron el sueldo que cobraron.   

Visto todo lo anterior, ¿todavía puede haber un ciudadano que defienda a estos políticos impresentables, que dejan desprotegido el patrimonios de todos?

Son muchos años los que llevo investigando la corrupción política, económica, judicial, social, etc., y en todas las vías de investigación siempre llego a la misma conclusión: o los españoles cambiamos el sistema político o seguiremos estando desprotegidos de la corrupción sistémica. Luego vendrán los llantos y las indignaciones.

Por ese motivo me apunté a la iniciativa de cambiar nuestro sistema político por la única vía disponible que nos queda a los ciudadanos, porque nada puede esperarse de los partidos políticos que viven a nuestra costa sin poder exigirles responsabilidades. Aquí les dejo con el enlace: Declaración

Coda.-¿Dónde está ese “cuarto poder” que debería romper el saque permanentemente a los tres poderes del Estado en vez de seguir generalmente la estela “informativa” que van dejando sus portavoces y voces, en demasiadas ocasiones nada cualificados? Son muchos los datos acreditados, documentos e informaciones ofrecidos en estas páginas, por ejemplo, para dar ese paso de arrinconar en las cuerdas a los partidos políticos que ocupan cuotas en cualquiera de los poderes del Estado y sacar los colores al resto de partidos que nada hacen por la ciudadanía. Recuerden: “res non verba”.

Por ello, una parte de los ciudadanos no entienden el papel que juegan hoy los medios de comunicación de este país, mientras otra parte se deja arrastrar sin saber discriminar la verdadera información de lo que son meras opiniones. En el resto quedan los ciudadanos incondicionales de sus partidos, a los que la información y opinión poco les interesa, salvo si podrán seguir viviendo gracias al apoyo de los suyos, a los que votan incondicionalmente. Esta es, lamentablemente, nuestra triste realidad.

El gobierno del engaño para Andalucía

November 27, 2019, 8:30 pm

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Artículo de Antonio Barreda

El gobierno del cambio ha resultado ser el gobierno del engaño, del fraude y de la mentira para los andaluces. En la oposición gritaban como gritaban los jacobinos ávidos de derramar la sangre de la corrupción de la Junta de Andalucía. El Parlamento andaluz se convirtió en su obra teatral más reconocida, Proposiciones No de Ley por cientos, petición de Comisiones de Investigación, causas generales contra el Psoe en el gobierno. Llegaban al hospital de las cinco llagas con una botella de gasolina en una mano y una antorcha en la otra. Comandados por los ninis de Arenas tras la muerte política del gran tocomocho que resultó ser Zoido.

Cuando llegaron por carambola al gobierno de la Junta, tras el giro a la derecha más rancia de Cs, y con el apoyo de la ultraderecha de VOX, empezó la amnesia, el olvido. El pasado de 36 largos años de gobierno socialista se enterró sin misas y sin velas, y con él se enterraban los mayores casos de corrupción de toda Europa desde la segunda guerra mundial. Cuando tomaron conciencia de que ellos eran el gobierno regional empezaron a echar paladas y paladas de tierra sobre todo lo que se había hecho. Empezaron a retirarse como acusación popular de los casos de corrupción abiertos en los juzgados y a recolocar a todas sus piezas utilizadas en nómina por la Junta de Andalucía. Lo que estamos viendo es que los nuevos gestores de la Junta parecen más trileros de la política que gestores de lo público.

En la oposición sacaban las navajas cada vez que hablaban de la administración paralela, señalaban en una larga letanía los nombres de los colocados, de los puestos a dedo y de los enchufados.  Sacaron a Savonarola a pasear para quemar todo lo quemable de la paralela. Iban de la mano con Robespierre poniendo cadalsos y guillotinas políticas por todo el entramado clientelar. Y cuando llegaron al soleo de San Telmo empezaron las lagunas mentales, el alzheimer del gobierno andaluz, y todo comenzó a parecerse más una película de Federico Fellini que a la realidad de Andalucía. Luego sacaron el concurso para colocar a los altos cargos de la paralela y resulta que en la AVRA colocaron a todos los excedentes y deshechos de concejales del PP de directores provinciales. El dedo de Dios seguía vivo.

Y Marín, el adelantado, defendía el proceso legal del dedo desde el púlpito del ala oeste de la Casa Blanca en que se había convertido San Telmo. Y también lo defendía Rocío Ruiz, la consejera de Igualdad, que dijo que cumplen con todos los requisitos legales. Luego lo entendimos. Salió a la luz el dedo colocador que tocó a Javier Millán Salmerón, hermanísimo de Virginia Millán Salmerón, y cuñado del auto dimitido secretario de organización de Cs Fran Hervías, como asesor del IAJ. Supimos luego la colocación de la pareja de Mar Hormigos, Antonio Díaz de la Rosa de gerente de Inturjoven, que antes fue jefe de ventas en un concesionario de automóviles y cazado usando el coche oficial de la empresa para fines particulares. También supimos la colocación de Margarita Alcalá Valverde como directora financiera de la empresa pública y cuyo mérito es haber sido concejala de Ciudadanos en Guadix. Y estos eran los que nos decían que venían a acabar con el enchufismo en Andalucía.

Hoy volvemos también a los tiempos del Conde-Duque de Olivares. El grado y experto en protocolo Moreno Bonilla ha dejado en manos del valido y sefardí Bendodo su gobierno, y la Ariadna de Jerez, el manijero de Antonio Sanz, aprovecha la oscuridad de San Telmo para tejer una profunda tela de araña – sobre todo gaditana - por todas las consejerías de Andalucía, mientras Arenas le va dictando nombres a colocar al oído. Todo a espaldas del relojero de Sanlúcar que no se entera de que le socavan la autoridad, la hacienda y la silla. Este parece que espera que Cs muera de inanición electoral para emprender y apuntarse como buen Izcariote, junto a su cuñado Pier Nodoyuna, al España Suma dejando tirados a Rivera, a Arrimadas y al porquero de Agamenón si hace falta para pillar la nómina de la Junta de Andalucía, y hará lo mismo que Judas le dijo a Jesús en las escenas finales de La Última Tentación de Cristo: “Si tengo que matarte, te mataré”.

Grandes tardes de gloria están empezando a dar estos bucaneros profesionales de la política desde su mesa redonda de San Telmo. La última que han hecho es que no van a reclamar el dinero a los condenados de los ERE hasta que la sentencia sea firme. Esto apesta a pacto secreto con el PSOE de Susana Díaz. Lo primero es que el tribunal ya ha sentenciado que el sistema usado para el pago de los ERE fue ilegal. Luego todos y cada uno de esos ERE fue fraudulento. Lo segundo es que seguirán pagando 37 millones de euros por ese sistema declarado ya ilegal a los cerca de 6.000 trabajadores que se beneficiaron del sistema. Lo tercero, y lo más grave, es que no dicen nada de reclamar el dinero que se ahorraron las empresas beneficiarias del sistema en los pagos de costes laborales de los despidos y que salieron de los presupuestos de la Junta de Andalucía. El cuarto es que callan sobre la desindustrialización salvaje que sufrió Andalucía con estos ERE fraudulentos todos esos años. Siguen la misma línea de ataque de Susana Díaz cuando era presidenta. No hacer nada. Lo peor de todo es que mientras el tribunal ya ha sentenciado - como hemos señalado - que el sistema de pagos es ilegal, ellos han decidido pagar religiosamente y dotar de munición y artillería jurídica para que los “cobrantes” sigan con la mamela que les concedieron sus majestades condenadas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El resto del millón de parados andaluces que se fueron a la calle con las manos vacías y el FOGASA que esperen milagros que les llenen la nevera.

Este domingo, 15 de diciembre, la ciudadanía toma la palabra a pesar de los políticos

December 11, 2019, 12:38 pm

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Artículo de Luis Escribano

El próximo domingo 15 de diciembre, miles de ciudadanos se movilizarán de nuevo en diversas ciudades españolas: Granada, Córdoba, Sevilla, Jaén, Málaga y Madrid, reivindicando tanto la recuperación y puesta en funcionamiento de antiguos edificios para su uso sanitario público, que reduciría el colapso existente en muchos hospitales públicos y permitiría disminuir el gasto en conciertos o contratos con entidades privadas, como una Sanidad pública digna y de calidad.

La iniciativa parte de la asociación “Justicia por la Sanidad”, con más de 11.000 socios de derecho, la cual se nutre exclusivamente de las cuotas y donaciones de los mismos. La citada asociación está presidida por el médico de urgencias granadino, Jesús Candel, conocido por Spiriman, cuyas movilizaciones siempre han contado con la participación de miles de ciudadanos comprometidos con lograr la excelencia de los servicios sanitarios públicos, dado el progresivo deterioro de los mismos generado por gobiernos de signos políticos diferentes.

En Andalucía, las acciones y omisiones del nuevo Gobierno del PP y C’S, con el apoyo permanente de VOX, sólo revelan una continuidad en la gestión sanitaria del PSOE (sin olvidar sus emparejamientos con IU y C’S): organización deficiente, con graves disfunciones en la administración paralela; precariedad y recortes en recursos humanos, sin reponer al personal que se jubila; nombramientos de personal incumpliendo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; externalización de servicios sanitarios mediante conciertos y contratos con entidades y empresas privadas; listas de espera interminables; abandono de las inversiones en infraestructuras; ocultación de la corrupción y obstaculización en su investigación, y un largo etcétera de problemas que nadie del actual Gobierno del PP y C’S se atreve a debatir abierta y públicamente con la citada Asociación, mientras que los Grupos parlamentarios sólo invitan a comparecencias públicas a asociaciones afines al poder y condicionadas por las subvenciones públicas que reciben.

Millones de ciudadanos creyeron ingenuamente que cambiando a los partidos en los poderes legislativos y ejecutivos la situación se revertiría, pero nada más lejos de la realidad. La efectividad de los derechos de la ciudadanía no depende del cambio de partidos en los Parlamentos y Gobiernos, sino de nuestro compromiso, responsabilidad y solidaridad, y muy especialmente de nuestras acciones dirigidas a revertir la situación y cambiar el “status quo” que en nada nos beneficia.

Esta semana habrán comprobado que, en Andalucía, el nuevo Gobierno del PPy C’S, con el apoyo de VOX, han utilizado la vieja táctica de la “distracción”para que nadie hable de las movilizaciones ciudadanas de este domingo, contando para ello con el apoyo de medios de comunicación: han lanzado y difundido la noticia de las cajas fuertes “ocultas” de la Agencia IDEA con “nueva documentación” (como si hubieran aparecido de repente y no se conociera el tema desde hace meses) y VOX ha convocado concentraciones el día antes, el 14 de diciembre.

No hay que ser muy inteligente para ver cómo se preocupan los partidos por intentar oscurecer las movilizaciones convocadas por la asociación “Justicia por la Sanidad”, de apagar las voces de los ciudadanos que pretenden manifestar una vez más la nefasta situación de la Sanidad pública, ya sea por la incapacidad de sus gestores para revertir la situación, ya sea porque intencionadamente prefieren beneficiar a las empresas y demás entidades sanitarias privadas.

 

Pero si usted es uno de esos ciudadanos responsable, comprometido y solidario, no debería dejar que le estafen una vez más ni faltar a esta cita del próximo 15 de diciembre, en su ciudad o en la más próxima en la que se haya convocado la manifestación o concentración.

Como indicaba anteriormente, a la manifestación convocada en Granada, que se celebrará alrededor del antiguo Hospital Clínico para reclamar que sea reconvertido en un hospital de crónicos, se unen también concentraciones en las ciudades de Córdoba, Sevilla, Jaén, Málaga y Madrid.

En la de Sevilla se espera a todos los vecinos y políticos de varios municipios y otras entidades locales de la provincia, cuyos Ayuntamientos y Juntas Vecinales aprobaron mociones para la recuperación y apertura del antiguo Hospital Militar de Sevilla, salvo que sólo lo hicieran de cara a ganar votos de los electores. Recordemos algunas de dichas entidades locales: Sevilla, Mairena del Aljarafe, La Algaba, Alcalá del Río, Pedrera, entidad local de las Marismillas, Bollullos de la Mitación, Las Cabezas de San Juan, Santiponce, Los Corrales, Martín de la Jara, Castilleja de Guzmán, El Viso del Alcor, Los Palacios, Carmona, Utrera y Dos Hermanas.

En estos vínculos a direcciones de internet tienen toda la información disponible sobre las distintas movilizaciones del 15-D:

Web de"Justicia por la Sanidad"

   

Facebook de"Justicia por la Sanidad"

A continuación les dejo con los carteles editados y publicados a fecha de hoy sobre las citadas manifestaciones y concentraciones, en los que se indican lugar y hora de las mismas:

Las extrañas relaciones de la minería andaluza y la política

December 29, 2019, 11:59 pm

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Artículo de Antonio Barreda

Las minas andaluzas han estado siempre en el ojo del huracán, sobre todo desde que reventó la famosa balsa de la mina de Aznalcóllar en abril de 1998 propiedad de la empresa sueca Boliden, que terminó cerrando y yéndose del país, y que nunca devolvió las jugosas subvenciones que se le concedieron por parte de la Junta de Andalucía para explotarla, a pesar del desastre causado, ni tampoco tenemos noticia sobre el pago de la multa que se le impuso.  De aquello surgió el famoso corredor verde que consumió ingentes cantidades de dinero público, sobre unos 200 millones de euros, en la limpieza de los suelos contaminados. Desde entonces las minas andaluzas han dado mucho que hablar en los juzgados y en la política andaluza.

El escándalo de Minas de Aguas Teñidas.

El 20 de enero de 2009 saltaba el escándalo de Minas de Aguas Teñidas en el que la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, concedía un incentivo de casi 10,1 millones de euros a la empresa minera a propuesta de la Agencia Idea, para financiar su proyecto de construcción de una planta de tratamiento mineral en Huelva. Dicho incentivo lo pagó la Junta de Andalucía a la empresa el 4 de junio de 2010.  El escándalo salta cuando se supo que en la compañía estaba de apoderada Paula Chaves Iborra, la hija del entonces presidente Manuel Chaves. El acoso a Chaves no se hizo esperar tanto por la prensa como por la oposición capitaneada en aquella época por el PP de Javier Arenas.

Años más tarde, en octubre de 2018 el TSJA condenó a Minas de Aguas Teñidas a devolver a la Junta el incentivo de casi 10,1 millones de euros más los intereses legales por las irregularidades descubiertas en la concesión de la ayuda ya que según el TSJA el gobierno andaluz subvencionó un proyecto ya iniciado, algo que la ley no permite. La propia UE exige que las empresas no inicien sus proyectos antes de la presentación de la solicitud de ayudas. La Junta mantuvo siempre que Paula Chaves no intervino en el procedimiento algo que puso en duda el ex apoderado que gestionó la ayuda de Matsa ante la Administración andaluza, Francisco Javier López Rubio, quien admitió que la hija de Chaves supervisó y validó todo el proceso de la ayuda desde el principio.

Pero aquí no queda solo el tema judicial, ya que el pasado mes de noviembre el Tribunal Supremo confirmaba una sentencia del TSJA de 2017 ante el recurso de una empresa rival Emerita Resources, que ordenaba repetir el concurso para los derechos mineros de varios yacimientos en la provincia en Huelva, en concreto en las localidades de Paymogo y Puebla Guzmán, así como eliminar criterios de valoración que la Junta de Andalucía había introducido a posteriori y que beneficiaban a Minas de Aguas Teñidas SA (Matsa), proceso que se había hecho en 2014 con Susana Díaz ya de presidenta de la Junta de Andalucía.

La trama judicial de Aznalcóllar abierta por Emerita Resources.

A Emerita Resources se supo que la asesoraba desde septiembre de 2013 – tan solo 8 meses después de abandonar la Junta de Andalucía - Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González y ex alto cargo de la Junta de Andalucía. El entonces consejero delegado de Emerita Resources, Joaquín Merino-Márquez, declaró en 2014 que Juan María González fue contratado el “1 de septiembre de 2013 y estuvo prestando servicio hasta marzo de este año”. Sí admitió que, “en ocasiones”, lo ha llamado para “consultarle algún tema”.

El consejero delegado rechazaba que el sobrino de Felipe González pueda tener “la más mínima influencia” en la Administración autonómica para que el concurso se resuelva a favor de Emerita Resources. El entorno de Juan María González aseguraba a la prensa que éste “nunca tuvo la más mínima relación” con la empresa canadiense durante su etapa como alto cargo en la Junta y que “no tiene nada absolutamente que ver” con la apertura del proceso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. La Junta, finalmente, adjudicó la mina de Aznalcóllar a Minorbis, formada por una filial del grupo cordobés Magtel y la multinacional Grupo México.

Emerita Resources denunció esta adjudicación de la antigua minas de Aznalcóllar a Minorbis, que terminó en un archivo, pero la Audiencia Provincial de Sevilla en septiembre, con la Juez Alaya como ponente, ordenó reabrir el caso porque entendió que podía haber “poderosos indicios de prevaricación”. El caso se reabrió en octubre en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla y acumula ya a 16 imputados, la mayoría de ellos funcionarios y ex altos cargos del gobierno de Susana Díaz, entre los que se incluye al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fernández, que era secretario general de Industria de la Junta de Andalucía cuando se llevó a cabo el concurso minero y que dimitió de su cargo en el gobierno de Pedro Sánchez. También se imputaba a los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, directivos de Magtel una empresa cordobesa, propietaria de la compañía adjudicataria (Minorbis)

Cobre Las Cruces y la viceconsejera de Economía

El pasado mes de enero el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía nombraba viceconsejera de Economía, Empresas Conocimiento y Universidad a Lorena García de Izarra, que según la web de la Junta ha desarrollado su carrera profesional en la empresa privada, especialmente en el área de Derecho Público (urbanismo, energía, infraestructuras y medio ambiente). Hasta el momento, desempeñaba el cargo de directora de Servicios Legales y Relaciones Institucionales y secretaria del consejo de administración de Cobre Las Cruces First Quantum Minerals. Al mismo tiempo, ejercía como secretaria del patronato de la Fundación Cobre Las Cruces.

Según los datos del registro mercantil de la mina Cobre Las Cruces la actual viceconsejera estuvo de apoderada mancomunada solidaria desde el 20 de junio de 2018 hasta su cese el pasado 16 de agosto de 2019. También ocupó, el cargo de secretaria no consejera de la empresa Cobre Las Cruces hasta su cese el 19 de julio de 2019. Y también aparece de apoderada mancomunada solidaria en la empresa Inmet Cobre España S.A. hasta su cese el pasado 20 de septiembre de 2019.

Pero la actual viceconsejera de Economía, Empresas, Conocimiento y Universidad no era una completa desconocida para la Junta de Andalucía ya que entre 2010 y 2012, según datos del Registro Mercantil, fue consejera de Verificaciones Industriales de Andalucía S A (Veiasa), una empresa pública dependiente de la Agencia IDEA. Y con anterioridad entre 2009 y 2010, la actual viceconsejera, estuvo de consejera de Centros Turísticos S.A. (Cetursa), la empresa gestora de la estación de esquí de Sierra Nevada, en Granada.

El nuevo Secretario General de Industria, Energía y Minas trabajó en Emed Mining.

El pasado día 27 de diciembre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía nombraba a Fernando Arauz de Robles Villalón nuevo Secretario General de Industria, Energía y Minas. La nota del propio Consejo de Gobierno dice que “entre septiembre de 2014 y octubre de 2019, fue director general corporativo de minería en Levantina y Asociados de Minerales, uno de los líderes mundiales en la extracción, tratamiento y venta de piedra ornamental. Previamente, Arauz de Robles fue director general de Relaciones Institucionales en Emed Minning (actual Atalaya Riotinto Minera) entre 2012 y 2014. También ha sido director general corporativo de la unidad de áridos en Essentium Grupo y en Gla-Orascom Construction Industries, además de director regional de áridos en Andalucía occidental de la multinacional cementera Holcim”.

Emed Mining no es una empresa desconocida en la Junta de Andalucía, ya que era competidora directa de Minas de Aguas Teñidas, la empresa donde trabaja la hija del ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves. En octubre de 2008 la compañía minera chipriota Emed Mining, propietaria del 51% de la mina de cobre de Río Tinto, en Huelva, a través de Emed Tartessus, anunciaba la adquisición del 100% de la compañía al comprar por 44 millones de euros el 49% en poder de la sociedad MRI.

Conviene recordar que la sociedad Rumbo 5 Cero S.L. de Severiano López Martín, economista que asesoró a Juan Guerra en sus litigios, compró 1.200 hectáreas lindantes con Minas de Riotinto por 2,8 millones de euros en 2005, y en 2012 la multinacional Emed Tartessus firmó un acuerdo para la adquisición de dicha finca a la empresa de Severiano López por un importe que podría alcanzar los 20 millones de euros según las condiciones, para la reapertura de la mina. Pero de la empresa Rumbo 5 Cero S.L. habría tela que contar en otro capítulo.

Finalmente, hay que señalar que en Emed Mining trabaja el hijo de alguien que fue factótum del PSOE de Andalucía enfrentado históricamente a Alfonso Guerra. Se trata de Jesús Caballos Cataño, el hijo del ilustre socialista sevillano y renovador Pepe Caballos, quien fue apoderado de la empresa minera hasta junio de 2011 según consta en los datos del Registro Mercantil. En su perfil de Linkedin indica que es el actual responsable de comunicación de la empresa Atalaya Mining (Emed Mining) en la que lleva más de 12 años en nómina. Pero aquí no acaba la cosa, ya que en la empresa Emed Mining estuvo de consejero y presidente de ésta, hasta noviembre de 2009, Guillermo Gutiérrez Crespo, ex consejero de empleo de Manuel Chaves de la órbita del clan caballista del PSOE, que precedió a José Antonio Viera en el cargo condenado hoy por los ERE fraudulentos.

El SAS oculta información relevante para investigar la corrupción

January 12, 2020, 8:30 pm

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Artículo de Luis Escribano

Hace unas semanas, el Servicio Andaluz de Salud –SAS- que dirige Miguel Ángel Guzmán Ruiz, resolvía varias solicitudes de información que había efectuado la Asociación “Justicia por la Sanidad” a través del Portal de Transparencia, firmadas por el Director General de Gestión Económica y Servicios, José Antonio Miranda Aranda. Se trataba de documentación sobre contratos y conciertos sanitarios con posibles ilegalidades. Pues bien, aunque el SAS otorgaba el acceso a la información, no se hacía realmente efectivo por dos motivos: 

    a) Se entregaban decenas de páginas con pantallazos del Sistema Júpiter de contabilidad que no sirven para la investigación, y no se entregaba la parte de la documentación más importante de los expedientes de los contratos que podían acreditar posibles actuaciones corruptas, porque, según manifestaba el SAS, eran contratos antiguos y se habían destruido archivos, aunque curiosamente el SAS envió el año pasado al Juzgado otros contratos de 2006 y 2008 (al parecer, la destrucción es selectiva). Y lo grave es que ningún ciudadano tiene la posibilidad de poder demostrar lo contrario, porque las Leyes de Transparencia no exige a la Administración que acredite documentalmente dicha destrucción o eliminación de documentos públicos cuando lo alega. ¿Dónde queda la “igualdad de armas” y los derechos de los ciudadanos?

 

    b) La única documentación entregada del concierto sanitario tenía censurados (tachados) las denominaciones de los cargos públicos y los nombres y apellidos de las personas que los ocupaban. Nunca había ocurrido esto con el Gobierno del PSOE, y eso que sus aberraciones eran significativas. Es evidente que para censurar una firma no hace falta tachar los cargos y sus nombres y apellidos. 

Con esta actuación de censura del nuevo Gobierno del PP y Cs se evita, por ejemplo, que las querellas que interpone la Asociación “Justicia por la Sanidad” puedan dirigirse contra las concretas personas responsables de presuntos actos corruptos, al desconocerse cargos y nombres y apellidos, o para pedir sus testimonios. Para colmo, esta censura se realiza en contra del criterio de los Consejos de Transparencia (estatal y autonómico), los cuales han dejado claro que los nombres y apellidos y cargos que ocupan políticos y funcionarios de libre designación no pueden censurarse, por ser contrario a Derecho. 

Observen a continuación las diferencias en la censura entre el anterior Gobierno del PSOE, sobre el que he publicado sus numerosas ilegalidades y he denunciado en algunos casos, y el nuevo Gobierno del PP y Cs, en el que muchos ingenuos han puestos sus esperanzas:

Pero no acaba aquí el asunto. Siempre cabe la posibilidad de que la citada Asociación presente una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, pero tendría que esperar más de un año para obtener una resolución, aunque el plazo máximo para resolver y notificar la resolución establecido en la Ley es de ¡tres meses! 

No tienen más que comprobarlo con las últimas resoluciones publicadas en su página web: por ejemplo, su Resolución 273/2019, de 11-10-2019, resuelve una reclamación presentada el 29-06-2018; o su Resolución 265/2019, de 13-09-2019, resuelve una reclamación presentada el 17-05-2018. 

Y si luego tuvieran que recurrir a un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, ya saben: más de un año para resolverse y con gastos de abogados, tasas judiciales y, en su caso, posibles costas judiciales si pierde el pleito. Y si quieren recurrir la sentencia del Juzgado al Tribunal Superior correspondiente, más de los mismo, y más años a añadir.

Una estafa política en toda regla 

De esta forma tan sibilina consiguen los partidos políticos, por ejemplo, en caso de investigar presuntos delitos de prevaricación, que estos acaben prescribiendo por el transcurso de los años que se necesitan para conseguir la documentación mínima que puede probarlo (10 años de prescripción establece el Código Penal para la prevaricación). 

Esta es la esencia del régimen partidocrático: hablar de “democracia”, “transparencia” y demás atractivos principios, declarar muchos derechos y libertades a los ciudadanos -a los que consideran borregos-, que para intentar hacerlos efectivos tienen que atravesar tantos obstáculos que ni siquiera inician la carrera o, en su caso, la abandonan hastiados a la mitad del recorrido. Y cuando alguno consigue llegar al final, ya ha perdido su sentido la meta, porque “la justicia tardía no es justicia”. Los españoles que hemos investigado y acudido a los Tribunales lo sabemos porque lo hemos sufrido, pero ahí siguen esos dos tercios del electorado tragándoselo todo, votando listas de candidatos elaboradas por el jefe de turno de cualquier partido del régimen. 

Los hechos relatados reflejan la política del "cambio" del PP y Cs en Andalucía, con el apoyo incondicional de Vox, así como la vaga e ineficaz oposición de Adelante Andalucía y PSOE: aunque aquellos prometieron impulsar la “regeneración democrática”, no dejan de ser otros estafadores, tal como lo fue el PSOE durante demasiados años con la connivencia de IU y Cs en sus últimos gobiernos.

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El Gobierno andaluz retiene documentación de subastas de medicamentos que debe entregar según una Sentencia judicial firme

January 14, 2020, 8:30 pm

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Artículo de Luis Escribano

Si en el anterior artículo ponía en evidencia con hechos irrefutables, una vez más, que el nuevo Gobierno andaluz del “cambio y regeneración” del PP y Cs, con el apoyo incondicional de Vox y la vaga e ineficaz oposición de Adelante Andalucía y PSOE, no son más que muestras del régimen partidocrático que padecemos, en el presente artículo se revelan otros hechos igual de relevantes.

Con fecha 10 de agosto de 2018, un servidor presentó varias solicitudes de documentación al Servicio Andaluz de Salud–SAS-, a través del Portal de Transparencia, sobre determinadas subastas de medicamentos, con vistas a una investigación iniciada por la Asociación “Justicia por la Sanidad”.

Durante el procedimiento administrativo, algunos Laboratorios farmacéuticos se opusieron a la entrega de dicha documentación con argumentos débiles y sin acreditar sus alegaciones, por lo que el SAS resolvió conceder el acceso a dicha documentación mediante Resolución de 29 de octubre de 2018, manifestando que no entregaría la documentación hasta que se dictara Sentencia judicial firme en el supuesto de que los Laboratorios afectados que habían presentado alegaciones recurrieran la Resolución del SAS, tal como se contempla en la Ley de Transparencia:

Y así fue: varios Laboratorios interpusieron dos recursos contenciosos administrativos, que recayeron en los Juzgados nº 5 (Laboratorio Aurobindo, SL) y nº 14 de Sevilla (Industria Química y Farmacéutica Vir, SA; Aristo Pharma Iberia, SL, y Laboratorios Medicamentos Internacionales, SA).

A la vista de los débiles argumentos esgrimidos en las demandas judiciales por los Laboratorios Farmacéuticos, y de la falta de acreditación documental, era evidente que la única finalidad que perseguían era demorar la entrega de la documentación solicitada.

Transcurridos los dos meses de plazo para interponer los recursos, el SAS me comunicó el 8 de enero de 2019 que “tenía noticias” de que los Laboratorios habían interpuesto recursos judiciales y que debía esperar a la sentencia firme, pero sin dar más información. Por tanto quedé a la espera de que me emplazaran como interesado en el procedimiento judicial, como exige la Ley.

No obstante, ante la sorpresa de que en los meses posteriores no recibí  notificación alguna del SAS sobre dichos emplazamientos, solicité a dicho organismo los datos de los recursos interpuestos y los Tribunales en los que habían recaído los mismos.

Resulta muy llamativo que el SAS no me enviara el correspondiente escrito de emplazamiento para poder personarme en los recursos como codemandado, a pesar de que el Juzgado lo había ordenado, siendo una obligación legal, dado que tenía un interés directo en el procedimiento de transparencia (lo había iniciado un servidor). Pero en vez cumplir la Ley, el SAS sólo emplazó a los Laboratorios.

Así actuaba el SAS cuando gobernaba el PSOE. Lo increíble del tema en cuestión es que los Juzgados podían haberlo subsanado con arreglo a la Ley Jurisdiccional, dado que conocían el expediente administrativo donde figuraban mis datos, pero tampoco lo hicieron.

Cuando por fin me informó el SAS de los datos de los procedimientos judiciales, inmediatamente solicité la personación en ambos Juzgados. Mi sorpresa es que ambos Juzgados me pidieron que acreditara documentalmente mi interés directo en dichos procedimientos, cuando los documentos solicitados ya obraban en el expediente administrativo remitido a los Juzgados por el SAS. Una vez presentado los documentos, el Juzgado nº 5 admitió por fin mi personación.

Sin embargo, y esto sí que es de ciencia-ficción, la juez titular del Juzgado nº 14,María Jesús Nombela de Lara, denegó mi personación con una motivación genérica y escueta que me causaba una absoluta indefensión, vulnerando además mi derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, como pueden observar en la imagen siguiente, dando por afectados únicamente a los Laboratorios que se personaron:

Ante esta evidente injusticia, me vi obligado a presentar el 18 de julio de 2019 un recurso contra dicha denegación, que a fecha de hoy la juez titular del Juzgado nº 14 de Sevilla,María Jesús Nombela de Lara, todavía no ha resuelto (han transcurrido 6 meses), a pesar de incluso haber presentado posteriormente un escrito pidiendo el impulso del procedimiento judicial. Lo mismo dicta la sentencia sin acordar mi personación como interesado directo, lo que obligaría a demorar aún más la entrega de la documentación de las subastas que afectan a los tres Laboratorios recurrentes.

Visto lo ocurrido, me pregunto si hay algún interés especial en proteger a dichos Laboratorios o simplemente se trata de una deficiente actuación del Juzgado nº 14 de Sevilla.

Tras los trámites oportunos, el Juzgado nº 5 dictó Sentencia a mi favor como codemandado el pasado 25 de octubre de 2019, desestimando el recurso de Aurobindo,SL, y condenándolo al pago de las costas, cuya firmeza ha sido declarada mediante Diligencia de 4 de diciembre de 2019:

El SAS sigue sin entregar la documentación solicitada, incumpliendo su propia Resolución y la Sentencia firme del Juzgado

A pesar de la sentencia judicial firme, la carrera de obstáculos no ha terminado. El pasado 16 de diciembre le comuniqué al SAS el fallo de dicha Sentencia firme, acreditándolo documentalmente, a fin de que me entregaran la documentación solicitada sobre las subastas de medicamentos a la mayor brevedad posible, salvo la correspondiente a los tres Laboratorios recurrentes en el procedimiento del Juzgado nº 14.

A pesar de todo, ha transcurrido un mes, y el SAS sigue sin entregar la documentación:

¿Regeneración? ¿Transparencia? Todo palabrería. Así funciona este régimen partidocrático cuando una organización ciudadana -JUSTICIA POR LA SANIDAD- con miles de asociados comprometidos pretenden defender sus derechos. El desamparo por parte de la Junta de Andalucía es tan absoluto como su silencio, porque toda demora tiene como efecto perverso las prescripciones de las infracciones, sean administrativas o penales, si en su caso hubiera que denunciar los hechos.

¿Conocerá este asunto el nuevo Gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán Ruiz? ¿Tendremos que llegar a denunciar estos hechos al Consejero de Salud, Jesús Aguirre Muñoz, y al Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y ponerlo en conocimiento del Juzgado nº 5 de Sevilla, solicitando la ejecución de la Sentencia firme que confirma la legalidad de la Resolución del propio SAS?

Lo que podría ser el colmo, visto lo publicado en mi artículo anterior, es que el SAS entregase algún día los documentos censurando los datos de los cargos políticos y directivos implicados, vulnerando de nuevo la legalidad. 

Pero no crean que acaba aquí la cosa: la próxima semana publicaré más hechos irrefutables de este Gobierno irreverente del PP y Cs, que siguen demostrando con sus actuaciones que no hay ninguna voluntad de respetar los derechos de los ciudadanos. Es lo que conlleva que más de dos tercios del electorado sigan votando listas de partidos políticos de este régimen partidocrático.

Cuando les toque a ustedes la vulneración de sus derechos fundamentales y libertades, no será por falta de advertencias...

El Gobierno del PP y Cs se sumerge en un océano de ilegalidades

January 19, 2020, 8:30 pm

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Un artículo de Luis Escribano

Con el presente artículo y los dos anteriores publicados, ya son tres los artículos consecutivos dedicados a incumplimientos legales del SAS, aunque hay anteriores publicados que habría que añadirlos a estos tres.

Tal como publiqué el pasado mes de noviembre en este mismo diario, en el reportaje de investigación titulado “El PSOE andaluz creó un sistema opaco para el “descontrol” del gasto sanitario que el nuevo Gobierno mantiene”, la Instrucción 8/2003 de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre control financiero permanente en los centros de gastos periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que ha sido modificada parcialmente por la Instrucción 8/2004 y la Instrucción 9/2017, eliminó el control previo de los gastos en 66 centros, distritos y áreas sanitarias de toda Andalucía, incluidos los cinco grandes Hospitales en los que ya se venía haciendo.

A la vista de dicha Instrucción 8/2003, la Asociación “Justicia por la Sanidad” solicitó el pasado 30 de septiembre de 2019, tanto al SAS como a la Consejería de Hacienda, a través del Portal de Transparencia de la Junta, determinados informes decumplimiento de legalidadde los actos de gestión económico-financiera de los centro, tanto parciales como los anuales a realizar.

Dichos informes deben incluir, básicamente, los incumplimientos y abusos significativos que hayan sido detectados durante o en conexión con la auditoría, y recogerán una mención expresa del grado de observancia de la legislación aplicable.

Como ya ocurrió con otras solicitudes, el SAS–como Pilatos- derivó el 3 de octubre de 2019 dicha solicitud a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, y el 31 de octubre siguiente se recibió su resolución: la Interventora General de la Junta de Andalucía, Amelia Ignacia Martínez Sánchez, denegó el acceso a la información solicitada con unos pretextos absurdos, resolución que ha sido recurrida por la citada Asociación al Consejo de Transparencia de Andalucía, aunque no se espera que sea resuelto el recurso hasta mediados del año 2021, viendo los plazos actuales de resolución que mantiene dicho Consejo, que supera el año y varios meses.

El colapso del citado Consejo es absoluto teniendo en cuenta que el plazo legal para resolver es de 3 meses, sin que nadie ponga remedio (sus recursos humanos y económicos dependen de Consejerías del PP, Hacienda y Presidencia, y del Parlamento). No obstante, les recuerdo que la mayoría de su personal procede de reubicaciones “a dedo” realizadas por el Gobierno del PSOE. ¿Qué medidas está adoptando su Director, Manuel Medina Guerrero, para mejorar su gestión?

No obstante, la citada Interventora General de la Consejería de Hacienda manifestó en su Resolución que es el Servicio Andaluz de Saludel que, en su caso, “deberá decidir con arreglo a las normas y principios contenidos en las legislación sobre transparencia y protección de datos personales si concede o deniega el acceso a la misma.”

Es decir, el SAS remitió la solicitud de la Asociación a la Consejería de Hacienda porque consideró que era el órgano competente para resolverla, y este deniega el acceso añadiendo que es el SAS el que debe decidir, pero sin devolverle la solicitud al SAS. Todo muy kafkiano, como es este nuevo Gobierno del PP y Cs que apoya incondicionalmente Vox: una auténtica tomadura de pelo a la ciudadanía….y al principio de legalidad.

A la vista de dicha resolución de la Interventora General, la Asociación se lo comunicó a la Unidad de Transparencia del SAS el pasado 13 de noviembre de 2019, pidiéndole de nuevo que el SAS resolviera la solicitud y que acusara recibo. El 21 de noviembre de 2019, al no recibir nada, la Asociación reiteró el acuse de recibo.

Por fin, el 22 de noviembre de 2019 se recibe un correo electrónico del SAS acusando recibo de los correos de la Asociación, informando que han iniciado su tramitación (SOL-2019/00002490-PID@) de acuerdo a las estipulaciones contempladas en la Ley 9/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía.

El plazo estipulado en la Ley para resolver la solicitud es de 20 días. Han transcurrido casi dos meses, y nada se sabe respecto a dicha solicitud.

Con el presente artículo y los dos anteriores publicados, ya son tres los artículos consecutivos dedicados a los incumplimientos legales del SAS, un órgano del nuevo Gobierno que, según repiten, constantemente, son el Gobierno del “cambio”, de la “regeneración” y la “transparencia”. Claro, y los burros vuelan.

¿Y qué hace mientras tanto la oposición de Vox, Adelante Andalucía y PSOE en el Parlamento de Andalucía? Contar nubes, obviamente, sin dejar de colaborar para que la corrupción sistémica de este régimen partidocrático no cese.

¿Y qué hacen los ciudadanos ante estas ilegalidades? Salvo unos pocos, nada. Sólo me queda recordarles que “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”. Ustedes sabrán.

La Asociación "Justicia por la Sanidad", una vez más, ha convocado para el próximo domingo 2 de febrero una manifestación en la ciudad de Sevilla, no sólo por estos incumplimientos legales, sino porque el deterioro de la Sanidad pública va a más, y es necesario que los ciudadanos lo expresemos en la calle, único reducto que nos queda para hacernos oír, dado nuestro abandono por las instituciones públicas. Aquí tienen la información: Sevilla 2-F  

Harto de España y de sus partidos apocalípticos: la Sanidad pública se muere

January 26, 2020, 8:30 pm

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Artículo de Luis Escribano

Estoy harto de las promesas que siguen siendo promesas.

Estoy harto de quienes usan la bandera de una u otra ideología para conseguir sus exclusivos intereses espurios.

Estoy harto de tantos miserables demagogos que hacen de la mentira su forma de vida.

Estoy harto de esos paisanos metidos a políticos que se creen el ombligo del mundo.

Estoy harto de la hipocresía que continuamente revelan sin pudor tantos “personajes ilustres”.

Estoy harto de este absurdo e imperante guerracivilismo que sólo nos puede llevar al peor de los desastres.

Estoy harto de quienes tratan a los demás con mucha educación fingida antes de traicionarlos.

Estoy harto de quienes efectúan críticas en las barras de los bares sin acompañarlas de las acciones oportunas.

Estoy harto de los esclavos de sus prejuicios, ciegos odios, estúpidos miedos y fanatismos.

Estoy harto de combatir la corrupción sistémica mientras hay instituciones públicas y ciudadanos que miran de reojo.

Estoy harto de luchar por mejorar nuestra maltratada Sanidad pública con unos pocos valientes.

Estoy harto de este sistema partidocrático, origen de muchos de los graves daños que estamos padeciendo en España y al que muy pocos señalamos como responsable.

Estoy harto y cansado de esperar que la mayoría de mis paisanos se harten al igual que un servidor.

Sin embargo, a pesar de todo este hartazgo y cansancio, el próximo domingo 2 de febrero estaré de nuevo en Sevilla como un ciudadano más, alzando la voz en este casi desierto constituido por libertades menguadas y derechos pulverizados por Parlamentos, Gobiernos y Tribunales, en manos de partidos apocalípticos.

La asociación “Justicia por la Sanidad”, integrada por miles de ciudadanos libres y comprometidos con la mejora de la Sanidad pública, ha convocado una nueva manifestación pacífica que recorrerá las calles de Sevilla desde su inicio en Plaza Nueva, a las 12:00 h. A ella se han unido multitud de ciudadanos de muchas ciudades españolas, estando invitados todos los paisanos y organizaciones a los que les interese disponer de unos servicios públicos sanitarios excelentes.

Y qué mejor sitio para cerrar la manifestación que la simbólica Plaza de España, cuya imagen es portada del presente artículo, un lugar monumental que reúne en sus bancos ornamentados a las provincias españolas. En este bello lugar expresaremos unánimemente nuestro total desacuerdo con las políticas sanitarias y nuestras propuestas de mejoras. ¿Habrá alguna sorpresa en el cierre de la manifestación?

A continuación tienen a su disposición un vínculo con toda la información sobre la manifestación, como autobuses, horarios, teléfonos de contacto, etcétera:

Manifestación 2-F (Sevilla)

La ilegalidad es norma en la Consejería de Salud y el SAS

January 28, 2020, 8:30 pm

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Artículo de Luis Escribano

Desde el año 2003, han incumplido impunemente la Ley, como Consejeros de Salud: María Jesús Montero Cuadrado (hoy Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno de España); María José Sánchez Rubio; Aquilino Alonso Miranda; Marina Álvarez Benito y Jesús Aguirre Muñoz.

El máximo órgano de dirección del Servicio Andaluz de Salud ha sido ninguneado, mientras la asistencia sanitaria se ha ido deteriorando gravemente durante años, con presupuestos de miles de millones.

En el presente artículo les vuelvo a revelar más incumplimientos legales cometidos por la Junta de Andalucía, en concreto, en el ámbito de la Consejería de Salud y la Agencia administrativa adscrita a la misma, el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La citada Agencia administrativa tiene establecido legalmente como órgano superior de dirección el Consejo de Administración, integrado por los siguientes miembros (artículo 68 de la Ley de Salud, desarrollado por Decreto 128/2003):

• El/la Consejero/a de Salud, que lo preside.
• Representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma (Secretario y 7 vocales).
• Representantes de las Corporaciones Locales (3 vocales).
• Representantes de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel de Andalucía (2 y 2 vocales, respectivamente).
• Representantes de las organizaciones de consumidores y usuarios más representativas a nivel de Andalucía (2 vocales).

Según la normativa, debía reunirse al menos una vez al año y cuantas veces sea convocado, siempre que lo convoque su Presidente.

Sin perjuicio de mi absoluta disconformidad con la composición establecida, dado que todas las organizaciones mencionadas -corporaciones locales (FAMP), empresariales (CEA), sindicales y de consumidores- reciben cuantiosas subvenciones de las Administraciones Públicas (en manos de los partidos políticos que las presupuestan, aprueban, convocan, tramitan y conceden) que restan la necesaria independencia a los supuestos representantes de la sociedad andaluza, dicho Consejo tiene atribuidas legalmente unas funciones de vital importancia, entre otras las siguientes:

a) Definir los criterios de actuación del SAS, de acuerdo con las directrices de la Consejería de Salud, así como la adopción de las medidas necesarias para la mejor prestación de los servicios gestionados por el organismo.

b) Elevar a la Consejería de Salud el anteproyecto del estado de gastos e ingresos anual del SAS (trámite preceptivo establecido en la Ley).

c) Aprobar la memoria anual de la gestión del SAS.

¿Saben ustedes que dicho Consejo de Administración del SAS no se ha reunido desde hace más de 16 años? La única reunión celebrada que consta a un servidor fue la constitutiva del Consejo, celebrada el 20 de octubre de 2003, presidida por Francisco Vallejo Serrano, entonces Consejero de Salud.

Y esto afecta especialmente a los anteriores Gobiernos del PSOE (con participación de IU y apoyo de Cs) y al actual Gobierno del PP y Cs (con apoyo de Vox). ¿Cuántas veces han advertido de estos incumplimientos estos partidos cuando estaban o están en la oposición?

Este es el valor auténtico que los partidos otorgan a la participación ciudadana: cero. Nos han ninguneado y considerados a los ciudadanos unos imbéciles. Pero ustedes sigan votando ciegamente a sus “salvadores” e "idiotes". ¡Cuánta ingenuidad en millones de votantes!

Es decir, el máximo órgano de dirección del SAS, por el que debía haber pasado el anteproyecto de gastos e ingresos -el SAS es con diferencia el órgano que más presupuesto tiene de la Comunidad Autónoma (en 2020, unos 10.000 millones de euros)-, el que debía definir sus criterios de actuación y aprobar su Memoria anual de gestión, no ha sido convocado por ninguno de los Consejeros de Salud, incumpliendo la Ley durante años.

Desde 2003 han pasado por la Consejería, además de Francisco Vallejo, María Jesús Montero Cuadrado (2004-2013, hoy Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno de España), María José Sánchez Rubio (2013-2015), Aquilino Alonso Miranda (2015-2017), Marina Álvarez Benito (2017-2019) y Jesús Aguirre Muñoz (2019-    ).

Asimismo, ¿cuántas veces han denunciado públicamente estos incumplimientos esas organizaciones que, supuestamente, son las “más representativas” de la sociedad andaluza? ¿Se lo han explicado a la ciudadanía públicamente, o sólo se conforman con cobrar los gastos de indemnización que les paga la Administración por asistencia a las reuniones de las decenas de consejos y comisiones establecidos en las normas por los partidos del parlamento y gobierno de turno? Si tienen curiosidad, a continuación tienen un archivo PDF con los órganos en los que participan las asociaciones de consumidores (Consejerías de 2015-2018):

Y hablando de las asociaciones de consumidores y usuarios, aquí tienen un ejemplo de cuánto les preocupamos los ciudadanos y la asistencia sanitaria que presta el SAS: esta es la nota de prensa que publicaron sobre el proyecto de presupuestos para 2017, destacando en primer lugar el escaso presupuesto previsto para subvenciones que iban a recibir las asociaciones de consumidores: NOTA DE PRENSA.

No es este un asunto baladí, porque es el Parlamento el que ha atribuido esas funciones a dicho Consejo de Administración mediante una Ley, el mismo Parlamento que aprueba la Ley de Presupuestos. ¿Ningún órgano de la Junta de Andalucía ha advertido de estos incumplimientos legales? ¿Y el Parlamento? ¿Existen informes internos de la asesoría jurídica del SAS o del Gabinete Jurídico que lo coordina? Y la Intervención General y Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda, ¿tampoco lo advirtieron?

Bien saben ustedes que cuando un "ciudadano no privilegiado" incumple la Ley y es pillado por la Administración o la Justicia, acaba siendo perseguido y castigado con las sanciones correspondientes (multa, inhabilitación, cárcel, etc.). Pero si se trata de un cargo público del partido de turno, o sea, un "ciudadano privilegiado", las responsabilidades se disuelven como el azucarillo en agua, pasando desapercibido a los ojos del común de los mortales.

Les recuerdo que este domingo 2 de febrero, la asociación sanitaria de ciudadanos más grande de Europa -que no recibe subvenciones de ninguna Administración-, Justicia por la Sanidad, ha convocado otra manifestación en Sevilla, que se inicia en la Plaza Nueva a partir de la 12:00 h. Pinchando en la imagen del cartel tienen la información:

Convocatoria de Manifestación en Sevilla el 2 de febrero

January 29, 2020, 8:30 pm

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Convocatoria de "Justicia por la Sanidad", por Antonio Barreda

La Asociación Justicia por la Sanidadconvoca a toda la sociedad andaluza y de otras CCAA a acudir a la manifestación convocada por la Asociación que preside Jesús Candel – Spiriman - en defensa de la sanidad pública andaluza el próximo día 2 de febrero a las 12:00, desde la Plaza Nueva hasta la Plaza de España en Sevilla.

         Una manifestación que se convoca ante el grave deterioro que se está produciendo en la sanidad pública andaluza por la nefasta gestión realizada por el gobierno del PP-Cs con el apoyo de VOX, y que deriva hacia una privatización encubierta de la misma. Por ello, entre los motivos para la convocatoria de la manifestación están:

Queremosque se abran los HOSPITALES para enfermos CRÓNICOS y que cualquier paciente pueda tener una HABITACIÓN INDIVIDUAL en los hospitales públicos andaluces y ser tratado dignamente. Este último ya lo prometió Manuel Chaves en su discurso de investidura hace ya unos 20 años.

Queremosque los hospitales públicos de Andalucía cumplan la EQUIDAD y cuenten con el mayor número de profesionales de todas las especialidades posibles, hospitales completos y multidisciplinares, incluidos los hospitales comarcales que han sido desmantelados en estos últimos años por el gobierno socialista con el beneplácito de la oposición que hoy está en el gobierno de la Junta de Andalucía.

Queremos una atención primaria donde los médicos de familia tengan INDEPENDENCIA para recetar, derivar al especialista y mandar todo tipo de pruebas y no estén sobresaturados en sus consultas viendo pacientes de forma “mecánica”. Exigimos que la atención al paciente sea de un mínimo de 10 minutos.

Queremosque desaparezcan las PRODUCTIVIDADES y que los profesionales sanitarios cobren SUELDOS DIGNOS. Un profesional al servicio público bien remunerado es garantía de éxito para nuestra sanidad. No se puede comprar la voluntad de un servidor público por cumplir objetivos que van contra la salud del paciente.

Queremosque desaparezcan los NOMBRAMIENTOS ILEGALES y demás puestos políticos del partido de turno de nuestra sanidad pública, que nos cuestan cientos de millones de euros de las arcas públicas y no sirven nada más que para crear un ejército de comisarios políticos bien remunerados.

Queremosque DESAPAREZCAN las agencias públicas empresariales sanitarias, fundaciones, y otros chiringuitos de nuestra sanidad pública y que se destinen esos cientos y cientos de millones de euros a la sanidad pública de verdad.

Queremosque desaparezcan los CONTRATOS BASURA en la sanidad pública andaluza y que se cumpla la ley para que se estabilice con contratos indefinidos a todos aquellos profesionales que llevan años trabajando y puntuando en la bolsa del SAS.

Queremosque desaparezcan las SUBASTAS de medicamentos y no que les cambien el nombre de las mismas, como simplemente está haciendo el nuevo gobierno andaluz manteniendo aun las subastas de medicamentos y el “corralito” farmacéutico.

Queremosque se le aporte, por parte del PORTAL DE TRANSPARENCIA del gobierno actual del PP-CS con apoyo de VOX, a la Asociación Justicia por la Sanidad toda la información que solicita para acabar con el presunto fraude en las contrataciones de los servicios públicos que se está cometiendo, así como la información solicitada de las subastas farmacéuticas para poner estos hechos en conocimiento de la justicia.

Queremosque todos los trabajadores de las empresas públicas sanitarias de gestión privada donde se desvían cientos de millones de euros que no se fiscalizan, se integren en la sanidad pública cumpliendo los principios CONSTITUCIONALES de igualdad, mérito y capacidad, todos en las mismas condiciones, sin entrevistas personales y con OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO aprobadas por Consejo de Gobierno, como dice la LEY y nuestra Constitución.

Queremosque se acaben los CONCIERTOS SANITARIOS con clínicas privadas y órdenes religiosas para contratar servicios y derivar pacientes con el objetivo de “aligerar” las listas de espera en beneficio de la sanidad privada.

Queremosque los SERVICIOS de limpieza, hostelería, lavandería y mantenimiento no estén subcontratados ni privatizados y se reconozca el servicio realizado por estas personas para mantener en óptimas condiciones nuestros hospitales públicos.

Queremos que se le dé prioridad en la atención de las LISTA DE ESPERA a todos aquellos pacientes con patologías graves, en especial a los pacientes oncológicos.

Queremosque sean CESADOS de sus jefaturas todos aquellos médicos y enfermeros que han sido partícipes y colaboradores necesarios de las fusiones hospitalarias.

Queremosque se invierta en la TELEVISIÓN PÚBLICA en programas de forma continua de educación sanitaria para instruir a la población de cómo se deben utilizar los servicios sanitarios públicos (primaria y especializada) y enseñar en la prevención de muchísimas enfermedades.

Queremos que desaparezcan las GUARDIAS DE 24 HORAS de los servicios de urgencias y determinadas especialidades, que soportan tremendas y terribles cargas de trabajo, y se hagan por turnos de noche y se paguen en condiciones, como se merecen personas que entregan su vida a los demás y a aliviar y sanar el dolor y sufrimiento de los pacientes.

Queremosque se RECUPEREN todas aquellas unidades desmanteladas y a aquellos magníficos profesionales maltratados por el anterior gobierno que huyeron a la privada. Un ejemplo es la Unidad de Traumatología Infantil de Sevilla, referente de todos los niños de Andalucía.

Queremos, sobre todo,que los POLÍTICOS dejen de meter mano en nuestra sanidad pública, que no la traten como un negocio y que dejen de ahorrar y recortar, porque en la sanidad pública hay que INVERTIR, siendo necesarios 8.000 millones de euros aun en los presupuestos de la sanidad pública andaluza y no 3.000 millones de euros como valoraba recientemente el presidente de la Junta de Andalucía Moreno Bonilla.

         Nos vemos a las 12 de la mañana en Sevilla el próximo 2 de febrero. Salida desde Plaza Nueva y finalizamos en Plaza de España.